Condenado el Concello de Santiago por negligencia y pasividad ante el ruido del Café Momo en diciembre 2008: 99.750 euros

El Correo Gallego y La Voz de Galicia publicaron el 30 de diciembre de 2008 la condena al Concello de Santiago por el ruido del local Momo de Virxen da Cerca.

El Ayuntamiento de Santiago ha sido condenado a pagar 99.750 euros a un vecino por su NEGLIGENCIA ante los ruidos que este soportó durante 11 años por la actividad de la terraza del Café Bar Momo. El afectado ya había recurrido la licencia para ampliación de café bar especial al local Momo, en el número 23 de Virxe da Cerca, concedida en el 2001 y que fue revocada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el 2006, en sentencia confirmatoria de la que había dictado en junio del 2003 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santiago.

Basándose en dicha revocación, el afectado planteó nuevo recurso contra el Ayuntamiento, en este caso por responsabilidad patrimonial, argumentando los daños y prejuicios sufridos como consecuencia de la actividad de dicha terraza, que, según una sentencia anterior, no respetó las condiciones proyectadas inicialmente y acabó convirtiéndose en un espacio «cerrado, ampliando de esta manera el espacio del local y destinándolo a la misma actividad de pub que el local original».

Esta última causa es la que ha dado lugar al fallo indemnizatorio por parte de la misma sala compostelana, al que habrá que sumar los intereses desde la reclamación administrativa, que se remonta a 1995, pues si bien la licencia anulada data del 2001, la actividad molesta comenzó a mediados de los 90, cuando se autorizaron obras en la terraza. La sentencia recoge que esta funcionó sin licencia hasta su concesión en el 2001, aunque finalmente fue revocada, lo que llevó a su cierre.

El fallo, que no es firme, data del pasado 22 de octubre y en sus fundamentos de derecho se considera manifiesta la «inactividad y permisividad» del Concello en el procedimiento tramitado. Además de recordar las causas que dieron lugar a la anulación de la licencia se apunta que en su momento no se llegó a practicar el precinto de la terraza tras el incumplimiento de la orden de cierre municipal.

El juez considera que la actividad de la terraza produjo ruidos, vibraciones, música a alto volumen y hasta altas horas de la madrugada, que afectaron al recurrente y a los demás moradores de la vivienda, y observa que es «incontestable la existencia de un daño moral, por mucho que la Administración demandada se empeñe en negar la evidencia del mismo». Añade que la «inobservancia de las medidas correctoras impuestas determina una negligencia de la Administración susceptible de encuadrarse en un funcionamiento anormal de la misma a los efectos de la presente reclamación» y que el dolor moral o sufrimiento no se acredita tan solo con una exteriorización del padecimiento.

La cuantificación de los daños morales en 99.750 euros, como solicitó el afectado, se basa en el coste que tendría el alquiler de una vivienda similar a la suya en el caso de haberse trasladado para evitar las molestias en esos once años, aunque no lo hubiese hecho así el demandante, que continuó en la suya.

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elCorreoGallego

El Correo Gallego 30/12/2008: Condenan a pagar 100.000 euros a un vecino afectado por el ruido. El PP denuncia que la sentencia se emite porque “el Ayuntamiento permitió” que un local nocturno de Virxe da Cerca siguiese abierto a pesar de las denuncias // La sentencia ha sido recurrida por Raxoi

LO ORDENA UN JUEZ
Condenan a pagar 100.000 euros a un vecino afectado por el ruido
El PP denuncia que la sentencia se emite porque “el Ayuntamiento permitió” que un local nocturno de Virxe da Cerca siguiese abierto a pesar de las denuncias // La sentencia ha sido recurrida por Raxoi

REDACCIÓN • SANTIAGO | 30.12.2008

Los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santiago denunciaron ayer que el juez condena a pagar a Raxoi “cerca de 100.000 euros a un vecino” que tuvo que soportar los ruidos y vibraciones que producía la música de un local de copas, ubicado cerca de su vivienda, en el año 2001.

Para el PP, esta sentencia se produce “debido a la pasividad del gobierno municipal en la aplicación de la normativa municipal de ruidos”.

Así, ayer la concejala responsable del seguimiento del área de Benestar Social del Grupo Municipal del PP, Paula Prado, convocó una rueda de prensa para denunciar estos hechos. Dijo que la indemnización que Raxoi deberá pagar es, en concreto, de 99.750 euros. Y el vecino que recibirá este dinero es un residente de la rúa Virxe da Cerca. Este hombre fue “víctima de la pasividad del gobierno municipal en la aplicación de la normativa de ruidos”, mantiene esta edil popular.

Paula Prado hizo especial hincapié en decir que se llegó a esta situación porque el gobierno local “escogió tomar partido por los infractores en lugar de por los vecinos afectados”. Además, la edil explicó que “el Concello tiene que pagar esta cantidad de dinero por la existencia probada de un daño moral no cuantificado económicamente al vecino”.

La condena que ha puesto el juez se calculó “teniendo en cuenta la renta de alquiler de una vivienda de características similares durante el tiempo que duraron los ruidos y las vibraciones sufridas”.

Por otro lado, la concejala Paula Prado lamentó que con esta vía salieran “de rositas” los infractores porque durante años “ejercieron la actividad de hecho irregular y ganaron mucho dinero”, así como también los miembros de la junta de gobierno local y el concejal de Urbanismo.

En un café bar

El Partido Popular de Santiago recordó ayer que estos hechos se remontan al decreto de la Alcaldía del 19 de julio de 2001, en la que se concedió la licencia para ampliación de “café bar especial a la cafetería Momo”. Y siempre según los datos facilitados ayer por el partido de la oposición, “ya antes, el 3 de julio de 1995, otro decreto autorizó obras ilegales para la instalación de una terraza en el recinto”.

Finalmente, el 22 de junio de 2006, “el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declaró nulo el decreto de la Alcaldía de 2001”. Sobre esa base, el vecino afectado reclamó la responsabilidad patrimonial argumentando daños y perjuicios sufridos como consecuencia de las actividades realizadas por el café bar Momo.

Paula Prado recalcó que durante este tiempo se produjo “la permisividad del Gobierno Municipal” y la “negligencia de la Administración”. Y es que “las primeras denuncias se remontan al año 1995”. Había una gran número de intervenciones e informes tanto de la Policía Local como de la Nacional. En todas ellas, dice Paula Prado, “se acreditaban el elevado volumen de la música, la instalación de altavoces en la terraza, además de que el local no contaba por entonces con la correspondiente licencia de apertura”. Incluso, “en mayo de 2001 se dictó un decreto que obligaba a precintar la terraza porque “no tenía permiso y están probadas las molestias producidas”.

DESDE EL CONCELLO

“Continúan con la estrategia del enemigo”

Olga Pedreira, concejala de Rehabilitación y Casco Histórico, indicó ayer que “ha sido recurrida porque aún no es una sentencia firme, y se está hablando de dinero público”. En cuanto al Partido Popular, señaló que “continúan con su dinámica y estrategia de decir que el Concello es el enemigo del ciudadano, y nosotros no vamos a entrar en su juego contestándoles”.

“Estuvo cerrado durante varios años”

La edil de Seguridad Ciudadana, Marta Álvarez-Santullano también respondió ayer: “Esta sentencia se nos notificó hace unas tres semanas, y ha sido recurrida. La cantidad establecida por el juez es muy alta”. Por otro lado, hay que tener en cuenta que Concello emite entre 2.000 y 3.000 licencias al año, y que el Momo estuvo cerrado durante años .

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LaVoz

La Voz de Galicia 30/12/2008: El Concello de Santiago deberá pagar 100.000 euros por el ruido de un pub

El Concello de Santiago deberá pagar 100.000 euros por el ruido de un pub

LA VOZ 30/12/2008

El Ayuntamiento de Santiago ha sido condenado a pagar 99.750 euros a un vecino por su «negligencia» ante los ruidos que este soportó durante 11 años por la actividad de la terraza de un pub del casco histórico. El afectado ya había recurrido la licencia para ampliación de café bar especial al local Momo, en el número 23 de Virxe da Cerca, concedida en el 2001 y que fue revocada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el 2006, en sentencia confirmatoria de la que había dictado en junio del 2003 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santiago. Basándose en dicha revocación, el afectado planteó nuevo recurso contra el Ayuntamiento, en este caso por responsabilidad patrimonial, argumentando los daños y prejuicios sufridos como consecuencia de la actividad de dicha terraza, que, según una sentencia anterior, no respetó las condiciones proyectadas inicialmente y acabó convirtiéndose en un espacio «cerrado, ampliando de esta manera el espacio del local y destinándolo a la misma actividad de pub que el local original».

Esta última causa es la que ha dado lugar al fallo indemnizatorio por parte de la misma sala compostelana, al que habrá que sumar los intereses desde la reclamación administrativa, que se remonta a 1995, pues si bien la licencia anulada data del 2001, la actividad molesta comenzó a mediados de los 90, cuando se autorizaron obras en la terraza. La sentencia recoge que esta funcionó sin licencia hasta su concesión en el 2001, aunque finalmente fue revocada, lo que llevó a su cierre.

El fallo, que no es firme, data del pasado 22 de octubre y en sus fundamentos de derecho se considera manifiesta la «inactividad y permisividad» del Concello en el procedimiento tramitado. Además de recordar las causas que dieron lugar a la anulación de la licencia se apunta que en su momento no se llegó a practicar el precinto de la terraza tras el incumplimiento de la orden de cierre municipal. El juez considera que la actividad de la terraza produjo ruidos, vibraciones, música a alto volumen y hasta altas horas de la madrugada, que afectaron al recurrente y a los demás moradores de la vivienda, y observa que es «incontestable la existencia de un daño moral, por mucho que la Administración demandada se empeñe en negar la evidencia del mismo». Añade que la «inobservancia de las medidas correctoras impuestas determina una negligencia de la Administración susceptible de encuadrarse en un funcionamiento anormal de la misma a los efectos de la presente reclamación» y que el dolor moral o sufrimiento no se acredita tan solo con una exteriorización del padecimiento.

La cuantificación de los daños morales en 99.750 euros, como solicitó el afectado, se basa en el coste que tendría el alquiler de una vivienda similar a la suya en el caso de haberse trasladado para evitar las molestias en esos once años, aunque no lo hubiese hecho así el demandante, que continuó en la suya.

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