Manifiesto en el debate abierto sobre el ruido 15/02/2011

La Plataforma Santiago sin Ruido fue invitada a participar en el Foro del Ruido organizado ayer 15 de febrero de 2011 por Paula Prado y moderado por Gerardo Conde Roa, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Santiago de Compostela.

En el acto participaron Javier Sanz Larruga –catedrático de derecho administrativo de la Universidad de A Coruña (leer enlace de su blog) y Santiago Villanueva  – Director General de Emergencias e Interior de la Xunta de Galicia.

La Plataforma fue representada por el abogado Eugenio Mourehttp://www.emoure-abogados.com/ miembro de la Asociación de Juristas contra el Ruido. Moure expuso su opinión sobre el problema del ruido coincidiendo con las inquietudes de la Plataforma. A continuación presentamos el texto que fue leído:

En primer lugar agradecer la invitación de la Plataforma “Santiago sin ruido” que demuestra, ya de entrada, una sensibilidad hacia un problema que muchos vecinos de la ciudad Histórica y del Ensanche de Santiago de Compostela vienen padeciendo y denunciado públicamente a través de esta plataforma constituida hace tres años. Por lo tanto, hemos de lamentar que desde el Concello de Santiago se haya querido desacreditar la iniciativa “sábanas blancas” tachándola de oportunista por el momento preelectoral en el que nos encontramos. La Plataforma no es una organización partidista y le es ajeno el polarizado debate político. Las sábanas no son rojas ni azules, no aluden a ningún color político. Tampoco son banderas blancas o de de rendición ante la permisividad administrativa frente al problema del ruido, todavía más acusado por los daños colaterales de la denominada Ley Antitabaco. Las sábanas blancas fuera de las camas, colgadas en las fachadas de las casas, simbolizan la protesta de quien no pueden dormir por el ruido, de quien se ve desterrado de su cama por la contaminación acústica que impera sin control en Santiago de Compostela. Es una llamada de atención a las autoridades con competencias en la materia, para que pongan fin a un problema no sólo convivencial sino de salud pública.

Santiago como ciudad universitaria tiene un problema de ruido social o de ocio derivado de la proliferación de locales nocturnos y de manifestaciones festivas espontáneas, el llamado “botellón”, con las que las autoridades municipales han sido complacientes. De ese modo, de miércoles a sábados determinadas calles y plazas de Santiago se convierten en focos incontrolados de contaminación acústica que perturba el sueño de muchos compostelanos.

Los responsables del Concello de Santiago se erigen en cómplices de esa violación, flagrante y reiterada de sus propias ordenanzas municipales, al hacer caso omiso de los cientos de llamadas dirigidas por el vecindario a la policía local para atajar esas manifestaciones irresponsables de ruido. La vía pública se convierte así en una prolongación de los locales de ocio, que permiten que sus clientes saquen las consumiciones al exterior, incluso colocando taburetes y mesas sin ningún control administrativo.

Tenemos instrumentos legales y normativos claros y contundentes para poner coto al ruido. Tenemos precedentes judiciales que vienen sentando las bases de una jurisprudencia que se apoya incluso en preceptos constitucionales que tutelan derechos fundamentales como la intimidad y la inviolabilidad del domicilio. Pero tenemos en Santiago una Administración local que no dota a los policías locales de sonómetros para detectar la contaminación acústica ¿Se imaginan Vds. a los bomberos locales sin extintores o a los miembros de protección civil sin botiquines? Pues eso es, sencillamente, lo que pasa en Santiago, que el concello no pone los medios más elementales para cumplir la legislación sobre ruido.

Lo mismo ocurre con la permisividad municipal en lo que ya podemos llamar la “incultura del botellón” en la que como todos saben, se incluyen menores. Desde primeros de 2004 los ayuntamientos pueden, en determinados casos, tipificar infracciones y sanciones sin que unas ni otras estén previamente definidas por Ley. Hasta primeros de 2004 los ayuntamientos debían sujetarse estrictamente al principio de tipificación: “sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley”. Las correspondientes sanciones también debían de estar previstas por Ley. La situación ha cambiado a consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de 29/9/2003 y de la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local. Ahora los ayuntamientos pueden, siempre sin contradecir a las leyes, “legislar” sobre las materias de su propia competencia “nuclear”. Una posible aplicación sería la promulgación de ordenanzas sobre el “botellón”, por su incidencia en las relaciones de convivencia y en el uso de espacios públicos.

Concretamente en Santiago, la Ordenanza de convivencia, residuos y limpieza viaria (modificada en dic 08) prohíbe el “botellón” en su artículo 67 (o como textualmente dice “el consumo de forma masiva por grupos de ciudadanos”) y se sanciona con una multa de 100 a 750 euros. ¿Cuántas multas se han impuesto? ¿Creen que si hubieran sancionado a una docena de personas, los protagonistas del botellón seguirían “campando” (nunca mejor dicho) por sus anchas?

Que la privación del sueño mediante música o ruidos de elevada potencia está reconocido como un método tendente a debilitar la resistencia física o psíquica de las personas es un dato ya que no se cuestiona. Múltiples estudios en materia de salud pública revelan que el ruido en un contaminante de primer orden con efectos nocivos importantes sobre la salud de la población y su calidad de vida. Las alteraciones psicológicas, la distorsión del sueño, la pérdida de audición y el riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias son los principales riesgos en adultos. En los niños las alteraciones del sueño, los procesos respiratorios y la dificultad para el aprendizaje y el lenguaje son los problemas más graves.

Un reciente estudio realizado en Madrid por el famoso Dr. Estevill, director de la clínica del sueño del Instituto Universitario Dexeus ha concluído que incluso el ruido que no provoca el despertar produce el fraccionamiento del sueño con lo cual se duerme pero no se descansa.

En esta materia de tamaña importancia, como es la tutela de la salud pública, también el Concello de Santiago ha hecho dejación de sus funciones. Hemos de recordar que conforme al artículo 42.3 de la Ley General de Sanidad tiene la responsabilidad de velar por el adecuado cumplimiento de las normas de control sanitario del medio ambiente, control sanitario de ruidos y vibraciones y control sanitario de los lugares de convivencia humana y recreo. Sin embargo, a pesar de las reiteradas denuncias que le constan ningún plan se ha articulado para controlar el nivel de ruidos mediante su monitorización (como en A Coruña o Ourense), al margen de realizar una ordenanza sobre zonas acústicamente saturadas que ha sido una chapuza normativa tumbada recientemente por los tribunales.

Recuérdese que los apartados f y h del art 25.2 de la ley 7/1985 de 2 de abril de bases del régimen local atribuye al ayuntamiento el ejercicio de competencias en las materias de protección del medio ambiente y la salubridad pública. Y que el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y peligrosas  (hoy sustituida en Galicia por el decreto 103/2008 de evaluación de la incidencia medioambiental) declara la competencia general de los órganos municipales para la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones sobre la materia y, más particularmente, les reconoce funciones de INSPECCION sobre las actividades que vengan desarrollándose y potestad para adoptar medidas frente a las deficiencias comprobadas.

En Santiago está en vigor (aunque sólo sea sobre el papel oficial) la ordenanza de ruidos modificada en el año 2010. La competencia para la inspección la tienen el concello si bien podrá solicitarle auxilio a la Xunta de Galicia o a empresas habilitadas (artículo 63). En cuanto a los límites, con carácter general, para las zonas de viviendas o casco histórico, el límite de 22 h a 8 h es de 30 dB medidos en dormitorio, 33 en el resto de estancias. La superación de 1 a 5 dB supone una infracción leve (sanción de 60 a 1500 euros), de más de 5 grave (sanción de 1500 a 9000 euros y clausura del local por menos de 6 meses) y de más de 15 muy grave (sanción de 9000 a 60.000 euros y cierre por más de 6 meses o definitivo) (artículos 65 y ss.).

Sin embargo, aunque los locales deben estar dotados de sonógrafos que actúan como limitadores, para evitar que se excedan esos límites, la picaresca permite apantallarlos para permitir más presión sonora de aquélla para la que está prevista la insonorización del local, picaresca favorecida por la dejación municipal en la labores de inspección por lo ya comentado anteriormente: falta de dotación de la policía local de sonómetros.

Tal como se ha señalado jurisprudencialmente, existe una responsabilidad municipal por pura desidia, negligencia o incompetencia de la administración al conceder una licencia sin las debidas garantías (…) o por no actuar con la diligencia de inspección debida al respecto. Responsabilidad que ya ha reportado una condena millonaria al concello de Santiago por esa desidia, pero por lo visto, prefiere pagar sus errores que gastar en prevenir esos comportamientos.

Finalizo ya, con una necesaria mención a la responsabilidad penal de los cargos públicos por su laxitud en esta materia. Responsabilidad que día a día está siendo cada vez más apreciada en los Tribunales.  Es el famoso delito de prevaricación medioambiental del artículo 329 del CP, en relación con el artículo 404 que admite la comisión por omisión. A título de ejemplo muy significativo cabe citar la Sentencia de la Sala de lo Penal del TS de 19 de octubre de 2006, Ponente Sr. Martín Pallín. En un asunto de ruidos procedentes de una industria el ayuntamiento de Villarreal hace caso omiso de las denuncias de los vecinos. La Audiencia Provincial absuelve al alcalde. Sin embargo, el Tribunal Superior con cita de la Sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de 16 de noviembre de 2004 entiende que “el asunto no se trata sobre una injerencia de las autoridades públicas en el ejercicio del derecho al respeto del domicilio, sino sobre la inactividad de éstas para hacer cesar la violación, causadas por terceras personas, del derecho invocado por la demandante”, por lo que condena al alcalde de Villarreal por un delito de prevaricación medioambiental del artículo 329, a una pena de 1 año y 6 meses de prisión, más ocho de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

En conclusión y a modo de resumen:

Santiago es una ciudad ruidosa porque el concello quiere que lo sea, se hace así cómplice de los daños sufridos, materializados en la imposibilidad de utilización del domicilio habitual por la cantidad de ruidos existentes, su prolongación en el tiempo, las repercusiones sicológicas, las perturbaciones en la vida profesional, privada, familiar y social de muchos vecinos de esta ciudad, patrimonio de la humanidad, pero también, por lo visto, patrimonio del ruido. Esperamos que iniciativas como este foro permitan corregir esa realidad y haga tomar conciencia a los representantes municipales, sean del signo político que sean, de que existe un problema que puede y debe solucionarse.

Muchas gracias.

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Enlace a los videos de la campaña electoral de 2011:

http://www.youtube.com/watch?v=VYmYs6eZVcY&feature=plcp

http://www.youtube.com/watch?v=wpG_OEbA8GE&feature=plcp

http://www.youtube.com/watch?v=SeafX3JFoLE&feature=plcp

http://www.youtube.com/watch?v=JdgGla2uPMs&feature=plcp

http://www.youtube.com/watch?v=fQgtzWAK_RA&feature=plcp

http://www.youtube.com/watch?v=fQgtzWAK_RA&feature=plcp

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El programa electoral del PP de 2011 recogía el compromiso de atajar el ruido nocturno en varias de sus páginas: Páginas 49, 53 y 54.

http://www.conderoa.es/img/cBanners/programa_2.pdf

p. 53-54

  • Constituiremos una oficina municipal contra el ruído con el fin de agilizar la tramitación de los expedientes administrativos derivados de las denuncias vecinales.
  • Elaboraremos un mapa de ruido incluyendo planes de actuación específicos para cada zona.
  • Estableceremos medidas de prevención del ruido nocturno
  • Estableceremos medidas correctoras en las zonas acústicamente contaminadas.
  • Actualizaremos la normativa municpal sobre el ruido, llevando a cabo su cumplimiento. (…)
  • Estableceremos medidas de control específicas para evitar las aglomeraciones ruidosas de gente en la calle en horario nocturno.
  • Daremos cumplimiento a la normativa específica que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la calle, controlando sus consecuencias tanto de residuos como de ruido.

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Conclusiones en noviembre de 2014:

Los partidos políticos solamente abordan el problema del ruido nocturno en época electoral.

Una vez conseguido el poder, las promesas se esfuman.

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Enlace corto de esta entrada: http://wp.me/pmylv-4e

 

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4 comentarios en “Manifiesto en el debate abierto sobre el ruido 15/02/2011

  1. Sé que vecinos de varias ciudades ya han colgado sus sábanas en la ventana, esa es una buena forma de visibilizar el problema.

    Yo colgaré mi sábana también y animo a todos los que padecen la lacra del ruido nocturno a que lo hagan, si somos ciudadanos y perdemos el miedo, las autoridades se verán obligadas a cumplir la ley.

  2. Nos tamén colgaremos unha sábana blanca. Queremos paz nocturna xaaa. Esperemos que moita xente faga o mesmo e que as autoridades competentes actuen en consecuencia

  3. Mucho ruido y excesivas normas pero…

    Javier Sanz Larruga. 20 de febrero de 2011

    Esta semana fui invitado a participar en una mesa redonda sobre el tema del ruido en Santiago de Compostela y ello me obligó a revisar las más recientes informaciones sobre uno de los asuntos ambientales que más impacto tiene sobre los ciudadanos y, en especial, los que vivimos en núcleos urbanos. Podemos hablar del cambio climático que amenaza a la humanidad entera, sobre los alimentos transgénicos que envenenan nuestra salud, sobre la contaminación difusa de nuestros acuíferos, etc,. y, sin embargo, no es fácil advertir cómo afectan estos graves problemas nuestro entorno cotidiano y nuestra realidad personal. Por el contrario, si tenemos la desgracia de vivir en una zona de marcha (o de “botellón”) de la ciudad o tenemos la mala suerte de convivir con unos vecinos ruidosos, nuestra percepción sobre los perjuicios de la contaminación sonora puede llegar a ser inquietante e incluso insoportable.

    No es casual que un buen número de las quejas que se elevan a los Defensores del Pueblo (el del Estado y los correspondientes de las Comunidades Autónomas; el Valedor do Pobo en Galicia) tengan que ver con los ruidos y la persistente inactividad de las Administraciones públicas responsables para eliminarlos. Buena prueba de ello son los Informes que estos organismos han emitido sobre esta específica problemática.

    La reacción del ordenamiento jurídico ante el ruido se ha producido desde las diferentes instancias normativas: desde la Unión Europea –regulando los límites de los diferentes focos de contaminación acústica hasta la más reciente y ambiciosa Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental-, el Estado español –con la aprobación de la Ley 37/2003 del ruido que es la transposición de la citada Directiva comunitaria-, las Comunidades Autónomas (por ejemplo, en Galicia, la pionera Ley 7/1997 de Protección contra la Contaminación Acústica), hasta los Municipios muchos de los cuales han aprobado sus respectivas Ordenanzas sobre protección del medio ambiente acústico (como la del Ayuntamiento de A Coruña que es casi un tratado de acústica).

    Son muchos y muy interesantes los instrumentos que prevén estas normas para prevenir, reducir e incluso eliminar la contaminación acústica: “mapas de ruido” para reflejar los datos sobre la situación y calidad acústica de zonas específicas, “índices de ruido” para cuantificar la magnitud física del ruido ambiental, “planes de acción” para solucionar los problemas de las áreas acústicamente degradadas, “zonas de servidumbre acústica” para los sectores del territorio afectados por las infraestructuras de comunicación o transporte (aeropuertos, vías ferroviarias, carreteras, etc.), etc.

    MUCHAS NORMAS y muy variadas técnicas de protección frente a la contaminación acústica PERO el problema está en la POCA VOLUNTAD POLÍTICA de aplicarlas e implementarlas. No es de estrañar que un buen número parte de las sentencias judiciales sobre este materia se han dictado como consecuencia de la inactividad de las Administraciones responsables de la aplicación de tan completa panoplia de normas y técnicas de protección. Un importante botón de muestra de los que decimos son las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –con sede en Estrasburgo- de 9 de diciembre de 1994 (Caso López Ostra contra España) y, la más recientemente, de 16 de noviembre de 2004 (Caso Moreno Gómez contra España) en las que se condena al Estado español por no haber evitado la afectación sonora sufrida por los demandantes. Y en ambos casos bajo la ingeniosa interpretación jurídica al entender –conforme al art. 8º del Convenio Europeo de Derechos Humanos- de que los ruidos soportados por los demandantes constituyen una infracción de la inviolabilidad del domicilio y una injerencia arbitraria que deberían haber eliminado los poderes públicos.

    Se ha dicho que España es uno de los países más ruidosos del mundo, solo superado por Japón (según la Organización Mundial de la Salud). Y por si fuera poco, como se destacaba en la mesa redonda a la que asistí, la reciente Ley 42/2010 sobre medidas sanitarias frente al tabaquismo (conocida como “Ley anti-tabaco”) va a agravar los problemas de ruido en la medida en que van a proliferar los humeantes consumidores que ocupan las calles y vías urbanas.

    La solución no es nada fácil como se ha visto con los intentos de erradicar el “botellón”. Se requiere gestores públicos verdaderamente comprometidos en la protección del derecho al descanso de los ciudadanos, aunque las medidas sean impopulares para determinados grupos de población que quieren ejercitar de forma abusiva su derecho a la diversión.

    Lo único que me consuela por ahora es la existencia de la activida Asociación Española de Juristas contra el Ruido –que prestan una excelente ayuda y asesoramiento a los ciudadanos afectados- y la constitución en toda España de Plataformas contra el ruido. Pero al final de todo, sin menospreciar la virtualidad de las normas y las condenas judiciales, la solución más efectiva deberá pasar por la promoción en la educación de los valores cívicos de la convivencia.

    http://blogs.lavozdegalicia.es/javiersanz/2011/02/20/mucho-ruido-y-excesivas-normas-pero%E2%80%A6/

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