Informe del Valedor do Pobo al Parlamento de Galicia (2012)

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Informe del Valedor do Pobo al Parlamento de Galicia del año 2012

(p. 262-270) capítulo nº 13_Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Santiago de Compostela el 21 de diciembre de 2012 debido a perjuicios y molestias ocasionados por locales de la zona histórica de Santiago de Compostela (Queja 942/2012)

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D. xxxxxx debido a los perjuicios y molestias ocasionados por locales de ocio de la zona vieja de Santiago de Compostela.

En su escrito, esencialmente, nos indica que el Ayuntamiento actúa de forma inadecuada por la tramitación de expedientes de locales hosteleros nocturnos (especialmente los de la Asociación Cultural Cidade Vella) para concesión de licencia de actividades. En la web del ayuntamiento y en el BOP de 26/03/12 se anuncie en información pública para alegaciones la apertura de un pub en la calle Xelmírez y de un café-bar en la calle Troia, cuando esas dos calles están incluidas como saturadas en el decreto ZAS 2011 (BOP 21/03/11), que en su punto quinto dice: “quedará suspendido el otorgamiento de nuevas licencias de apertura o ampliación de las actividades incluidas en el apartado anterior” (el apartado anterior dice que esas actividades serán las del art. 42 de la Ordenanza de Ruidos, es decir, bares, cafés, pubs, cafés conciertos … y todas las demás diera tipo).

Presentó alegaciones el 28 de marzo y aporta copia de las mismas. Esos 2 locales que se pretenden reabrir ahora en ZAS ya estuvieron abiertos hace unos años y a ambos les fue revocada la licencia por irregularidades. Lo de Xelmírez se denominó durante años “Tramoia” (con licencia de café-bar) y lo de la Troia “Hs”, generó una sentencia por la que el ayuntamiento habrá de indemnizar a los vecinos denunciantes con 51.800 euros.

Ambos pertenecían a un grupo de bares integrados en la Asociación Cultural Cidade Vella.

El Ayuntamiento firmaba convenios donde subvencionaba actividades en los locales de la asociación que por licencia no podían realizar, como conciertos -no había ni una sola licencia de café-concierto concedida en la ciudad-. Ese hecho lo denunció en docenas de ocasiones e incluso llegó al juzgado, donde se penó a un local Modus Vivendi -con funcionamiento irregular y consentido-. Dos denuncias de la policía por celebración de conciertos en directo dieron lugar a confirmación judicial de que no pode hacerlos (los conciertos) porque no tiene licencia para eso. El Modus Vivendi tiene por escrito, en su cambio de titularidad, que no se realizarán actuaciones musicales en directo, pero las sigue haciendo, por lo que se ve obligada a seguir llamando a la policía local para que lo compruebe (lo pudo hacer), pero los agentes le contestan por teléfono que ese mismo día a ellos les entregaron una “autorización” para que esa noche pudiera celebrar “actividades”. La trampa habitual de las “notificaciones” que pasan a la policía municipal es que no aclaran en qué consisten las “actividades”, pero el resultado práctico es que la policía contesta que no puede actuar en contra de lo que haga el local porque no saben exactamente lo que está autorizado o no, y sólo pueden hacer un parte. De los partes a policía municipal no le dan copia, aunque los pide por registro, y en Disciplina le dicen que allí no llegó nada. En la prensa anuncian esa música en directo, pero parece que no basta como prueba de que la actuación musical se celebró. Esta burla la lleva padeciendo 10 años, señala.

El local Fonte Sequelo (“conseguí que por fin le abran expediente para la instalación de la segunda puerta acústica”) estuvo cerrado algunos días, pero recientemente reabrió (desconoce si puso la segunda puerta). Funcionó todo el tiempo con la puerta exterior de la calle medio abierta, la música sonaba tan alta como nos sus peores tiempos, y tenía la docenas y docenas de personas aglomeradas delante de la puerta con las consumiciones pasadas a vasos de papel; aun por la mañana quedaban vestigios. Tuvo que llamar 4 veces a la policía local, que estaba ocupada, por lo que estuvieron soportando la música del local; sólo pasadas más de dos horas vinieron a solucionar algo.

Ante eso requerimos informe de ese ayuntamiento, en particular sobre la comprobación de las circunstancias mencionadas; sobre el trámite dado a las solicitudes de licencia de apertura mencionadas en primer término, y sobre si éstas se ven afectadas por las previsiones respecto de las ZAS; sobre las actuaciones en directo en el local mencionado en segundo término y sobre las medidas adoptadas por el ente local para impedirlas, en el caso de confirmarse que se trata de un establecimiento que no se encuentra habilitado para eso; sobre la reapertura del local de Fonte Sequelo y sobre si ya cuenta con doble puerta adecuada, de acuerdo con lo requerido; sobre la comprobación de que ese local funciona con las puertas cerradas adecuadamente, es decir, de acuerdo con la funcionalidad de la doble puerta, de tal forma que se impida la salida del ruido al exterior; sobre la presencia de gente consumiendo a las puertas y sobre las medidas para impedirlo; y sobre el resto de las circunstancias que se consideren relevantes para la completa valoración del objeto de la queja. En un primero rato el ente local respondió el siguiente:

“En relación con el requerimiento efectuado por el Valedor del Pueblo en la fecha 15.06.2012 por la queja presentada ante esa institución por D. xxxxxx se informa:

Respecto a tramitación de las solicitudes de licencias de apertura en la Calle Xelmirez n° 16 y Troia n° 6, se hace constar que las mismas fueron solicitadas en la fecha 28 de enero de 2011, siendo la declaración de zonas saturadas adoptada en el decreto de Alcaldía de fecha 14 de marzo de 2011 (publicado en el B.O.P A Coruña n° 54 del 21.03.2011)

La normativa aplicable cuando se produce un cambio de normativa urbanística durante la tramitación de la licencia, es criterio consolidado de la jurisprudencia, armonizando las exigencias del interés público y de la garantía del ciudadano, lo de que la ordenación aplicable es la del momento de la resolución si esta es dictada dentro del plazo previsto para su otorgamiento ( TS 18-11-02, 6-10-01, …), que es de un mes, según lo establecido en el artículo 9.5 de la Legislación de Servicios de las corporaciones locales.

Por lo tanto, y dado que el decreto de declaración de zona saturada se aprobó y entró en vigor después de haber transcurrido el plazo máximo de un mes que tenía la administración para resolver a la solicitud, no procede su denegación sobre la base de la prohibición de autorización de nuevas actividades recreativas en el emplazamiento pretendido por estar en zona declarada saturada; sino que procede su tramitación incluso su resolución (de otorgamiento o denegación segundo proceda).

Habiéndosele incoado expediente administrativo la De la M. R. P.G. por incumplimiento a la ordenanza municipal reguladora de la emisión y recepción de ruidos, vibraciones y condiciones de los locales, por decreto de fecha 28.06.2012, se denegaron las alegaciones presentadas por la interesada, requiriéndole que en un plazo TRES MESES, a contar a partir de la recepción de la resolución, había procedido a solicitar la licencia de obra de instalación de la segunda puerta acústica de su local situado en la calle Xelmirez n° 24, advirtiéndole a la interesada que en caso de que esta administración tenga constancia de que el local sigue funcionando sin las dos puertas acústicas, se acordará el cierre preventivo de su local.

De ser detectados locales que realizan actuaciones musicales en directo en locales no autorizados para eso, o bien cualquiera otro ejercicio irregular de su actividad, como funcionar con las puertas y/o ventanas abiertas, permitir que el público del local efectúe las consumiciones fuera del establecimiento, este Ayuntamiento incoa los correspondientes expedientes de reposición de la legalidad urbanística alterada por actividades no ajustadas a licencia, todo eso sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionadora.”

Con lo anterior el ente local no aclaraba determinados aspectos objeto de la queja, por lo que requerimos información complementaria, que ya se recibió, con el siguiente contenido:

“En relación con el requerimiento efectuado por el Valedor do Pobo en la fecha 21.09.2012 por la queja presentada ante esa institución por D. xxxxx , se informa:

Respecto a la tramitación de las solicitudes de licencias de apertura en la Calle Xelmirez n° 16 y Troia n° 6, cono ya fue informado, las mismas fueron solicitadas en la fecha 28 de enero de 2011, siendo la declaración de zonas saturadas adoptada en el decreto de Alcaldía de fecha 14 de marzo de 2011 (publicado en el B.O.P. A Coruña n° 54 del 21.03.2011), se encuentran aún a trámite.

En el momento de la solicitud, 28 de enero de 2011, no existía declaración de zona saturada, ya que la anterior del 07.09.2005 fue revocada y dejada sin efecto por la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en la fecha 18.11.2010.

La normativa aplicable cuando se produce un cambio de normativa urbanística durante la tramitación de la licencia, es criterio consolidado de la jurisprudencia, armonizando las exigencias del interés público y de la garantía del ciudadano, lo de que la ordenación aplicable es la del momento de la resolución si ésta es dictada dentro del plazo previsto para su otorgamiento ( TS 18-11-02, 6-10-01, …) , que es de un mes, según el establecido en el artículo 9.5 de la Legislación de Servicios de las corporaciones locales.

Por lo tanto, y dado que el decreto de declaración de zona saturada sí se aprobó y entró en vigor después de haber transcurrido el plazo máximo de un mes que tenía la administración para resolver a la solicitud (presentado en la fecha 28.01.2011), no procede su denegación sobre la base de la prohibición de autorización de nuevas actividades recreativas en el emplazamiento pretendido por estar en zona declarada saturada; sino que procede su tramitación incluso su resolución (de otorgamiento o denegación segundo proceda).

Habiéndose inspeccionado el local sito en la Calle Xelmirez n° 24, se le incoo expediente administrativo a Dª xxxxxx por incumplimiento a la ordenanza municipal reguladora de la emisión y recepción de ruidos, vibraciones y condiciones de los locales, por decreto de fecha 28.06.2012.

Por decreto de fecha 28.06.2012 se le denegaron las alegaciones presentadas por la interesada, requiriéndole que en un plazo TRES MESES, a contar a partir de la recepción de la resolución, procediese a solicitar la licencia de obra de instalación de la segunda puerta acústica de su local sito en la calle Xelmirez n° 24.

En la misma resolución se le advertía a la interesada que en caso de que esta administración tenga constancia de que el local sigue funcionando sin las dos puertas acústicas, se acordará el cierre preventivo de su local, sin perjuicio de la incoación del pertinente expediente sancionador.

La meritada resolución se le notifico a D. xxxxxxx en la fecha 6.07.2012 y la D. xxxxxx en la fecha 26.07.2012, por lo que el plazo de los tres meses remata el próximo 27.10.2012.

Respecto a la subvención municipal para la celebración de conciertos en locales no autorizados, en especial el Modus Vivendi, así las comprobaciones realizadas por la Policía Municipal de los hechos denunciados por D. xxxxxx ., se da cuenta del escrito a las concejalías competentes.”Una vez evaluado el contenido de la queja y las dos respuestas adjuntadas por el ayuntamiento se deduce que, en lo que se refiere al funcionamiento del local de Xelmírez 24, este problema ya se había tratado en la queja Q/242/12, relativa a la actividad del local sin doble puerta adecuada. Con el anterior trámite habíamos conocido que se había ordenado la corrección de esa irregularidad y deducimos que se le había incoado procedimiento sancionador, puesto que se trataba de un incumplimiento de la ordenanza al no tener instaladas puertas acústicas en el acceso al local. Lo previsible era que con la actuación municipal se obligase a la colocación de la doble puerta adecuada y se sancionase el incumplimiento detectado.

En la nueva queja lo reclamado es que, a pesar de que el local ya cuenta con doble puerta adecuada, de acuerdo con lo requerido, no obstante no funciona con las puertas cerradas, es decir, de acuerdo con la funcionalidad de la doble puerta, por lo que no se impide la salida del ruido al exterior. La interesada indica que cuando el establecimiento reabrió comenzó a funcionar con la puerta exterior de la calle medio abierta, por lo que la música sonaba tan alta como en sus peores tiempos. Además, tenía docenas de personas aglomeradas delante de la puerta con las consumiciones pasadas a vasos de papel. Llamó muchas veces a la policía local, pero estuvieron soportando la música del local hasta muy tarde; sólo pasadas más de dos horas vinieron a solucionar algo.

Este aspecto de la queja no se aclara en los informes municipales. En la primera respuesta no se dio cuenta de una actuación para comprobar y corregir tal cosa, y ahora se insiste en esa posición al indicar que se advirtió que en el caso de tener constancia de que el local sigue funcionando “sin las dos puertas acústicas, se acordará el cierre preventivo del local, sin perjuicio de la incoación del pertinente expediente sancionador”. No obstante, no acaba de entenderse como pretende hacer tal cosa el ayuntamiento si no se compromete a ir cuando la afectada lo reclame, y sobre todo si no se levantan actas y se sancionan infracciones como las que se vienen observado desde hace mucho tiempo, como el propio ayuntamiento reconoce, ante las que el ente local sólo tramitó expediente de reposición de la legalidad, que además tuvo efectividad mucho tiempo después de su incoación. La reclamación de la interesada se justifica por la falta de diligencia a la hora de hacer cambiar la situación que padece, en lo eres influyó de forma considerable a ausencia de expediente sancionador después de detectar el incumplimiento respecto de la doble puerta. El Ayuntamiento sólo dio cuenta de actuaciones en el ámbito de la eventual legalización -aunque en realidad se exigió un cambio de los elementos instalados-, cuando también se trataría de una infracción por el incumplimiento de la normativa en materia de ruidos, como expresa el propio Ayuntamiento -“habiéndosele incoado expediente administrativo a … por incumplimiento a la ordenanza municipal reguladora de la emisión y recepción de ruidos, vibraciones y condiciones de los locales …”-, lo que ahora confirma, al anunciar un posible expediente de ese tipo, que en realidad podría haberse concretado hace tiempo. El resultado es que la infracción no se corrigió adecuadamente.

Algo parecido sucede con la reclamación relativa al consumo a las puertas del establecimiento, aspecto con respecto al cual el ayuntamiento no dice nada, a pesar de que debería corregirse, puesto que con ese tipo de comportamientos se perjudican derechos fundamentales (art. 18. 1 y 2 CE) y derechos constitucionales de otro tipo (arts. 43 y 45 CE). El ayuntamiento ni tan siquiera anuncia la corrección de esta circunstancia, a pesar de que el control de un adecuado uso de la calle que permita mantener las condiciones de convivencia y el descanso de los residentes es responsabilidad directa de los ayuntamientos.

Respecto de la celebración de conciertos sin un adecuado control, sigue sin aclararse definitivamente su celebración en locales donde no se pueden celebrar, en ocasiones encubiertos por otro tipo de actos, y, además, con subvención municipal. El Ayuntamiento señaló en primer término que de detectarse tal cosa incoa los correspondientes expedientes de reposición de la legalidad urbanística alterada por actividades no ajustadas a licencia -de nuevo el mismo que antes-, lo que no aclaraba la queja, que se refiere a que siguen dándose, pero la policía no actúa para comprobarlo y realizar las correspondientes actas de infracción. La reclamante señalaba que siguen los conciertos y llama a la policía local para que lo compruebe, pero los agentes le contestan por teléfono que les entregaron una “autorización” para que esa noche pudiera celebrar “actividades”. Una trampa habitual y consentida, señala, puesto que la policía que no aclara en qué consisten las “actividades”. El resultado es que la policía no actúa. No le dan copia de los partes, a pesar de que los pide por registro, y en disciplina le dicen que allí no llegó nada. La prensa anuncia los conciertos; lleva padeciendo eso 10 años.

Pues bien, en el último informe municipal sólo se señala que respecto a la subvención municipal para la celebración de conciertos en locales no autorizados, en especial el Modus Vivendi, y las comprobaciones realizadas por la policía municipal “se da cuenta … a las concejalías competentes”, lo que no aclara nada, puesto que lo fundamental es evitar o sancionar esos conciertos si no se encuentran habilitados, y, en relación con el concreto motivo expuesto en la queja, evitar los posibles fraudes de las autorizaciones y la actuación ineficaz de la administración para corregirlos. Y, por supuesto, dar cuenta a la interesada de las actuaciones que se llevan a cabo su instancia, lo que había debido hacerse de oficio, o al menos después de que lo solicite expresamente. No resulta adecuado que siega sin recibir noticia del actuado.

Por último, en lo que se refiere a la necesidad de aclarar lo actuado con respecto a dos locales que pretenden instalarse en zona ZAS, habíamos indicado al ente local que en su primer informe no aclaraba la cuestión; debería aclarar si la anterior declaración, de 2005, les afectaba en el momento de concederse las licencias. Se trataba de reabrir locales cerrados debido a sus anteriores infracciones y graves perjuicios, lo que tampoco se aclaraba en la respuesta municipal, a pesar de tratarse de un aspecto esencial, puesto que de confirmarse la diligencia municipal debería extremarse para que no suceda de nuevo lo ocurrido antes. Los 2 locales estuvieron abiertos y a ambos les fue revocada la licencia por irregularidades, lo que dio lugar a una sentencia por la que el ayuntamiento tuvo que indemnizar a los vecinos con 51.800 €.

Ahora el ayuntamiento señala que los permisos fueron solicitados el 28 de enero de 2011, y la declaración de zonas saturadas es de 14 de marzo de 2011 (BOP La Coruña 21.03.2011). Por tanto, en el momento de las solicitudes no existía declaración de zona saturada, dado que la anterior -de 2005- fue revocada y dejada sin efecto por la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia el 18.11.10. Señala que cuando se produce un cambio de normativa urbanística durante la tramitación de la licencia es doctrina legal que la ordenación aplicable sea la del momento de la resolución si esta es dictada dentro del plazo previsto para el otorgamiento (TS 18-11-02, 6-10-01, …), y señala que en este caso es de un mes (art. 9.5 de la legislación de servicios de las corporaciones locales).

Dejamos al margen los aspectos por los que la normativa de ZAS fue anulada, lo que no es objeto de esta queja, aunque sí debe resaltarse que la anulación se produce por causas que se atribuyen al propio ayuntamiento. También dejamos al margen lo adecuado del criterio expuesto por el ayuntamiento respecto de la normativa a aplicar para la eventual concesión de licencias, puesto que sobrepasaría del debate actual; sin embargo, debe apuntarse qué lo que menciona -el art. 9 del RSCL y el plazo de un mes- no parece adecuado desde el rato en que en la fecha de solicitud se encontraba en vigor el art. 4.3 de la Ley 7/1997, de protección contra la contaminación acústica. Eso hacía que las actividades objeto de examen habían precisado licencia municipal otorgada segundo el Decreto 133/2008, de la evaluación de incidente ambiental. La exclusión de las actividades de ocio que el propio Decreto 133/2008 preveía resultaría inaplicable entonces debido a su clara contradicción con el mencionado art. 4.3 de la Ley 7/1997.

Además, es evidente que, con el objeto de que no se defraude el objetivo anunciado por un proyecto de ZAS, habían debido preverse mecanismos para evitar que se anticipen solicitudes que después tendrán que resolverse en la forma que anuncia el ente local.

En cualquiera caso, en cuanto a este concreto motivo de queja debemos resaltar que de la anulación de la primitiva ZAS -cómo dijimos, de responsabilidad municipal- o de la aplicación que se hace de la situación resultante, según observamos, se deriva un evidente perjuicio para los deberes municipales. Se daban y siguen dándose las circunstancias para que la zona sea considerada acústicamente contaminada o saturada, y si tal cosa no tuvo efecto durante el tiempo en que los promotores aprovecharon para solicitar las licencias, de eso resulta un evidente perjuicio para el interés público. En definitiva, no se aplica una medida que, aunque sea el mínimo tratamiento de las ZAS´s, sin duda es necesaria en ellas.

La zona cuenta con numerosos locales y con mucha afluencia de gente en ellos y en el exterior, lo que ocasiona problemas que provienen de las actividades interiores y del exterior. Por tanto, debería conseguirse la disminución del nivel constatado de ruido, tanto el procedente de los propios locales como el de la calle. La jurisprudencia resalta la necesidad de determinar y abordar el problema de la saturación de ruidos de manera urgente allí donde se constate, como también la necesidad de que las medidas a aplicar sean las adecuadas para la solución eficaz del problema en función de las circunstancias, descartando la adopción de medidas de tipo discrecional o las limitadas a no agravar el problema (sentencia del TSJ de las Islas Baleares del 29 de junio de 1999, confirmada por el TS). Así, siempre que las dichas medidas resulten suficientemente motivadas y proporcionadas al problema podrán ser aplicadas por el ayuntamiento, que además se encuentra obligado a lograr tal fin, puesto que en caso contrario resultaría responsabilidad municipal. Eso es lo que se deduce de la sentencia del Tribunal Supremo del 18 de noviembre de 2002, que reconoce la responsabilidad patrimonial de los entes locales por insuficiente actuación para corregir los problemas derivados de contaminación acústica presentes en una determinada zona. Confirma la responsabilidad de un ayuntamiento como consecuencia de su falta de diligencia en el tratamiento de los ruidos. La sentencia subraya que lo sensato era la actividad general ante el problema, deduciendo una conducta pasiva vulneradora de alguno derecho fundamental.

Todo lo anterior supone una insuficiente atención de las funciones municipales de protección contra la contaminación acústica; en el art. 25 de la LRBL establece que “el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del estado y de las comunidades autónomas, en las siguientes materias: f) protección de medio ambiente”.

La ciudadana que promovió la queja está demandando la preservación de unos intereses especialmente protegidos en la Constitución Española, que ampara los derechos a la intimidad personal y familiar (art. 18.1), a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2), a la protección de la salud (art. 43.1), y el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y a la protección y avance de la calidad de vida (art. 45.1 y 2). Como consecuencia de las citadas disposiciones constitucionales, los poderes públicos tienen la obligación principal de proteger los derechos mencionados, según lo establecido en el artículo 53 del Texto Fundamental.

En el supuesto que conocemos, de la información disponible parece deducirse que el Ayuntamiento de Santiago de Compostela no adoptó todas las medidas a su alcance para proteger los derechos constitucionales citados anteriormente y que están siendo objeto de menoscabo. Así pues, el principio constitucional de eficacia en la labor de las administraciones públicas (art. 103.1 CE) no parece haberse aplicado con rigor en el tratamiento de esta problemática.

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese Ayuntamiento de Santiago de Compostela la siguiente recomendación:

Que con urgencia se proceda a dar cumplimiento a las responsabilidades municipales en materia de contaminación acústica y se preserven los derechos fundamentales de la interesada, que pueden estar siendo perjudicados, especialmente el derecho a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario (art. 18 1 y 2 CE).

Y que para hacer efectiva la mencionada garantía de los derechos de la afectada con urgencia se controle que el local de la calle Xelmírez nº 24 utiliza adecuadamente la doble puerta del establecimiento; que se controle la celebración de conciertos en locales no habilitados para eso; que se vigile el ruido provocado por el consumo o la concentración de personas a las puertas de los locales; que en su caso se impida que continúen todas las prácticas mencionadas y se corrijan adecuadamente mediante sanción, en el caso de ser constitutivas de infracción administrativa; que de oficio se aporten las actas que resulten de las denuncias de cualquier tipo realizadas por la afectada, incluidas las llamadas a la policía local; y que se controle adecuadamente el nivel de contaminación acústica derivada de la saturación de locales en la zona y, en caso de que no se rebaje el nivel reconocido en la declaración de la zona como ZAS, entonces se apliquen las medidas precisas para lograr el objetivo de situar los ruidos en niveles acordes con la legalidad.

Respuesta del Ayuntamiento de Santiago de Compostela: pendiente

…………..

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