La medición de 2011: cosa juzgada

SENTENCIA del Tribunal Superior de Justicia y SENTENCIA en primera instancia de la Asociación Cultural Cidade Vella contra el Concello de Santiago acerca de la declaración de las zonas saturadas de marzo de 2011.

Ambas sentencias son desestimatorias, imponiéndose el pago de costas a la Asociación Cultural Cidade Vella .

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Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso

Sede: Coruña (A)  Sección: 2

Nº de Recurso: 4511/2012
Nº de Resolución: 1168/2012
Procedimiento: Recurso de Apelación
Tipo de Resolución: Sentencia  T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.2 A CORUÑA
SENTENCIA: 01168/2012
RECURSO DE APELACION Nº 4511/2012

EN NOMBRE DEL REY

La Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ha pronunciado la siguiente

SENTENCIA
Ilmos. Sres. D. JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ BARRERA JOSÉ MARÍA ARROJO MARTÍNEZ MARÍA AZUCENA RECIO GONZÁLEZ

A CORUÑA, veintisiete de diciembre de dos mil doce.

En el RECURSO DE APELACION nº 4511/2012 que pende de resolución de esta Sala, interpuesto por Asociación Cultural Cidade Vella representada por Dña. María Luisa Pando Caracena, y dirigido por D. Javier Curros Neira, contra sentencia de fecha 6-7-2012 del Juzgado Contencioso-administrativo número 2 de Santiago, en el procedimiento 410/2011. Es parte apelada el Concello de Santiago de Compostela, representado por Dña. xxxxxxx y dirigido por D. xxxxx

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de Santiago de Compostela se dictó con fecha 6 de julio de 2012 sentencia nº 289/12, en autos de procedimiento ordinario 410/2011, con la siguiente parte dispositiva: “Se desestima el recurso contencioso-administrativo nº 410/2011, interpuesto por la Asociación Cultural Cidade Vella, contra el decreto del Alcalde de Santiago de Compostela, de fecha 14 de marzo de 2011, publicado en el BOP de 21 de marzo, por el que se resuelven las alegaciones en el trámite de exposición al público, se declaran zonas saturadas los sectores de la ciudad comprendidos por las rúas Rúa da Raíña, Rúa da Conga, Rúa do Bispo Xelmírez, Rúa de San Paio de Antealtares, Rúa de San Bieito, Vía Sacra, Rúa da Algalia de Abaixo, Rúa de Entremuros, Rúa da Troia, Rúa Travesa, Rúa nova de Abaixo, Rúa de Santiago de Estero, Rúa de Alfredo Brañas, Rúa de Ramón Cabanillas, Rúa de Santiago de Chile y Rúa de República Arxentina, especificándose las actividades y efectos a los que afectará la declaración, se comunica a la policía local que se deberá intensificar la presencia y vigilancia de los agentes y se determina que la declaración se revisará cada cuatro años. No se hace expresa imposición de costas”.

SEGUNDO .– Por la representación de la Asociación Cultural Cidade Vella se interpuso recurso de apelación contra dicha resolución judicial, en el que se solicitó que se estime el recurso de apelación, se revoque la sentencia impugnada, estimando íntegramente las pretensiones de esta parte, acordando la nulidad de pleno derecho del referido decreto del Excmo. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santiago de Compostela de fecha 14 de marzo de 2011, publicado en el BOP de A Coruña con nº 54, página 203, de 21 de marzo de 2011, condenando a la Administración a estar y pasar por tal declaración, con expresa imposición de costas a la demandada.

TERCERO.– El recurso fue admitido a trámite y se dio traslado a las demás partes, formulando oposición la representación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, que interesa se desestime el recurso y se confirme íntegramente la resolución recurrida, por ser conforme a Derecho.

CUARTO.- Recibidos los autos en esta Sala, ante la que se personaron la Asociación Cultural Cidade Vella (Procuradora Dª María Luisa Pando Caracena) y el Concello de Santiago de Compostela (Procuradora Dª xxxxxx); por providencia de fecha 16 de noviembre de 2012 se declararon conclusas las actuaciones; y mediante providencia de fecha 11 de diciembre de 2012 se señaló para votación y fallo el 20 de diciembre de 2012.

QUINTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Es Ponente la Magistrada Dª MARÍA AZUCENA RECIO GONZÁLEZ.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada en todo aquello en lo que no discrepen de los de la presente.

SEGUNDO.- Lo que defiende la parte apelante es que las mediciones fueron realizadas evidenciando una mala praxis porque fueron en fechas con gran afluencia de personas; a ello añade que hay calles con más locales y quizá más ruido que no fueron declaradas saturadas, mientras que en relación con las calles objeto de autos, no se incoaron expedientes disciplinarios. Que después de las mediciones se redujo a 60 dB(A) la exigencia de aislamiento de los locales con horario nocturno; y que se admite tras la publicación de la nueva ordenanza de terrazas más ruido en la calle a partir del año 2012.

Con relación al método y fechas de la medición, lo cierto es que la propia sentencia apelada ya hace referencia a que los resultados obtenidos en 2010, Año Santo, son similares a los obtenidos en las mediciones de 2005, y asimismo que conforme resulta del informe de xxxxxxxx  sobre las actuaciones en directo, que de mutuo acuerdo con los servicios urbanísticos se decidió no hacer mediciones durante los actos festivos más significativos del concello, incluídos durante las dos semanas centrales de las fiestas del Apóstol. Y también que resulta del mismo informe que durante la semifinal de fútbol no se hicieron mediciones, y durante la final no se hace referencia a resultados de mediciones de más de 75 dB(A). Con respecto a otras actividades culturales, también ha de compartirse el criterio de su habitualidad, no entendida en el sentido de que se produzcan todos los días, pero sí en el sentido de que forman parte de la vida cotidiana, y se desarrollan todos los años, por lo que resulta lógico que hayan de tenerse en cuenta.

Lo cierto es que los resultados de las mediciones en 2005 y en 2010 son similares, en cuanto a la intensidad y circunstancias, según resulta del informe de la empresa xxxxx de forma que estas últimas mediciones realmente no se vieron afectadas por los acontecimientos que provocaron la afluencia de personas -Año Santo, mundial de fútbol-. Es cierto que por STSJ de Galicia, Contencioso sección 2 del 18 de Noviembre del 2010, recurso 4439/2008 , se anuló el decreto del ayuntamiento de Santiago de Compostela de 7 de septiembre de 2005, de declaración de zona saturada de determinados sectores y zonas de la ciudad; pero también lo es que fue por motivos procedimentales, en concreto porque se produjo la caducidad del procedimiento.

Tampoco hay constancia de que se impute el ruido a los pubs, sino que atiende el concello a las diferentes fuentes sonoras, de forma que zonas saturadas son aquéllas en que hay muchas fuentes de ruido, superando los niveles máximos, por consecuencia de actividades de ocio nocturno. Una vez que consta la superación de ese nivel de ruido, es procedente la declaración. En la sentencia se hace igualmente referencia a que no se tuvo en cuenta una sola fuente sonora sino el ruido que trasciende al exterior en zonas de múltiples actividades y que por la adición de ruidos crea un relevante ambiente de contaminación acústica, lo cual no se puede cuestionar porque son las zonas del Conjunto Histórico Monumental y Ensanche, muy contiguas unas a otras. Y dice que, según resulta del referido informe, la adición de sólo unos 3 dB(A) por local, en horario diurno o nocturno, hace que el efecto sonoro, en zona o calle con múltiples locales, se incremente en forma logarítmica, por lo que pierde relevancia del argumento de la parte apelante de que no se hubieran abierto expedientes a los locales; y, además, ha de tenerse en cuenta el predominio del destino residencial en las zonas de declaración. En todo caso, la disminución del número de decibelios no se produce, como sería de esperar, durante el horario nocturno, por lo que no se alcanzan los objetivos de calidad acústica que determina la legislación. Asimismo ha de compartirse que la falta de incoación de expedientes disciplinarios ha de deberse al cumplimiento de la normativa, pero que ello no conlleva el dejar sin efecto la declaración recurrida. Y con respecto a la modificación de la ordenanza de ruidos y la entrada en vigor de la nueva ordenanza de terrazas, posterior a la declaración recurrida, que no desvirtúan la misma, de forma que lo cierto es que, siendo posteriores, no resultan de aplicación.

Con respecto a la inclusión en la medición de áreas de moderada sensibilidad acústica, con predominio de edificación residencial y zonas de protección especial, como centros históricos, resulta ser el motivo de la elección de la zona.

No hay duda, por otra parte, de que se trata de una competencia municipal, y que se ha producido el cumplimiento de la Ley 7/1997, de 11 de agosto, autonómica, respetando la normativa básica estatal y la ordenanza municipal, cuyos valores de calidad acústica coinciden con los del RD 1397/2007. Precisamente lo que dispone el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, en su artículo 32, es que “1. En desarrollo del artículo 15.3 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre , se establecen los tipos de mapas de ruido siguientes:

a. Mapas estratégicos de ruido, que se elaborarán y aprobarán por las administraciones competentes para cada uno de los grandes ejes viarios, de los grandes ejes ferroviarios, de los grandes aeropuertos y de las aglomeraciones.

b. Mapas de ruido no estratégicos, que se elaborarán por las administraciones competentes, al menos, para las áreas acústicas en las que se compruebe el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica.

2. Los mapas estratégicos de ruido a que se refiere el apartado 1, a, se elaborarán de acuerdo con las especificaciones establecidas en este Real Decreto y en el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre”. En ninguno de cuyos supuestos nos encontramos. Precisamente la propia sentencia apelada ya hace referencia a la diferencia entre zonas saturadas y creación de áreas acústicas, y a tenor del precepto transcrito ha de deducirse que no hace falta un previo mapa de ruidos, porque es una ciudad de casi 100.000 habitantes, se conocen perfectamente las dos zonas en los puntos de mayor incidencia de este tipo de actividades, y no hay más zonas. Y es competencia municipal declarar zonas saturadas donde se concentra este mayor nivel de ruido, y competencia autonómica normar sobre la contaminación acústica, a lo que responde la Ley 7/1997, que contempla la posibilidad de declarar zonas saturadas, que no contradice la normativa básica estatal, sin que, como ha quedado expuesto, se justifique que se trate de alguno de los supuestos del artículo 8 para que sea preciso un mapa del ruido, del RD 1513/2005 , a tenor de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 37/2003 , conforme al cual “En los términos previstos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, habrán de elaborarse y aprobarse, previo trámite de información pública por un período mínimo de un mes, planes de acción en materia de contaminación acústica correspondiente a los ámbitos territoriales de los mapas de ruido a los que se refiere el apartado 1 del artículo 14”; y en este caso, por lo ya expuesto, no se trata de ninguno de los supuestos en que proceda la elaboración de un mapa del ruido. Y con respecto a la aplicación de la normativa estatal, no se aprecia la contradicción, puesto que los niveles de recepción externa máximos que establece la ordenanza municipal del ruido son coincidentes con los que establece el RD 1397/2007, y esto no lo desvirtúa la actora. Ha de tenerse además en cuenta que la parte demandante, y con respecto al resultado de las mediciones, no aporta prueba en contra del contenido del informe de xxxxxxx. La Ley 12/2011, de 26 de diciembre de 2011, es posterior a la resolución recurrida, por lo que no podía ser aplicada.

Y con respecto al RAMINP, es norma básica que puede ser desarrollada por las comunidades autónomas complementando y respetando los niveles de protección establecidos.

La STSJ de Galicia dictada en el recurso 4439/2008 , que estima el recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 1 de Santiago, dictada en P.O. 979/2005, que fue revocada declarando la nulidad del decreto del ayuntamiento de Santiago de Compostela de 7 de septiembre de 2005, de declaración de zona saturada de determinados sectores y zonas de la ciudad, hace referencia a la cuestión de la competencia, al decir que “… ésta corresponde de forma inequívoca, en un caso como el que nos ocupa, al Ayuntamiento de Santiago, tanto en base a lo prevenido en el Art. 25 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril , como en la Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud, que atribuye a los ayuntamientos, entre otras muchas, las competencias sobre «ruidos y vibraciones». En cuanto,al objeto del decreto municipal se limita a declarar así zona saturada a determinados sectores de la ciudad para incluirlos dentro de las disposiciones citadas destinadas a la ordenación de cualquier elemento susceptible de generar niveles sonoros o de vibraciones que puedan ser causa de molestias a las personas o de riesgos para la salud y el bienestar de las mismas que están ubicadas en dichas zonas de la ciudad. Evidentemente, tan amplia fórmula incluye el caso que nos ocupa, es más, resulta difícil imaginar qué supuestos excluye. Por su parte, la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, establece como objeto y finalidad de dicha normativa el prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta puedan derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente; y en cuanto a su ámbito de aplicación, señala que están sujetos a las predicciones de dicha Ley todos los emisores acústicos, sean de titularidad pública o privada. A mayor abundamiento, considera como actividad susceptible de producir ruido cualquier instalación establecimiento o actividad, públicos o privados, de naturaleza industrial, comercios o de almacenamiento.
Como emisor acústico entiende cualquier actividad, infraestructura, equipo, maquinaria o comportamiento que genere contaminación acústica. Por ello, nos encontramos ante ruidos incluidos en la normativa específica sobre la materia, que pueden producir una vulneración del derecho fundamental a la intimidad y al domicilio, y dicha materia es competencia de las entidades locales”.

Y en la STSJ, Contencioso sección 2 del 25 de Octubre del 2007 (ROJ: STSJ GAL 4826/2007), Recurso: 4407/2004, que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la resolución del Pleno del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, de fecha 27 de noviembre de 2003, por la que se da aprobación definitiva a la Ordenanza municipal reguladora de la emisión y recepción de ruidos, vibraciones y condiciones de los locales, se refiere también a esta competencia municipal cuando dice que “…Se equivoca la actora cuando afirma que la Ley 7/1997, de 11 de agosto, del Parlamento de Galicia, de Protección contra la contaminación acústica, no habilita a los Ayuntamientos para prohibir o limitar actividades en un área determinada. Ciertamente el artículo 7 del anexo de la Ley se limita a definir en el apartado 4 las zonas saturadas como aquéllas que han alcanzado los máximos niveles de ruido en el exterior fijados para las mismas, debido a que la actividad desarrollada provoque la concentración de fuentes sonoras o la afluencia de público, y en el apartado 5 a facultar a los Ayuntamientos a definir las zonas de sensibilidad acústica que, según el apartado 2, pueden ser de sensibilidad acústica alta, moderada y baja, pero admitirá la recurrente que en el articulado de su texto sí se reconocen a los Ayuntamientos la facultad de establecer prohibiciones……….”. Además, también se dice en la misma que “…Aunque ése sea su nombre, la ordenanza litigiosa no regula solamente la contaminación acústica, sino también las licencias de actividad de determinados establecimientos. Por lo tanto atiende tanto a la protección del medio ambiente como a la regulación del uso de las edificaciones, competencias ambas de los municipios ( artículo 25.2 .d ) y f) de la Ley de Bases de Régimen Local ). Desde el punto de vista de la protección medioambiental la Ley autonómica 7/1997 establece en el artículo 6.5 de su Anexo que las zonas de sensibilidad acústica serán definidas por los Ayuntamientos, y que se entiende por zonas saturadas aquéllas que han alcanzado los máximos niveles de ruido debido a la concentración de fuentes sonoras o a la afluencia de público. Todo ello responde a la declaración que contiene su artículo 1: los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de su intimidad y de un entorno adecuado para el normal desarrollo de sus actividades, sin ser perturbados por ruidos o vibraciones que puedan dañar su salud u ocasionarles molestias”. Se refiere igualmente a la cobertura legal de las Ordenanzas municipales en materia de contaminación acústica restrictiva de la libertad de empresa, y a que además la cobertura legal para las ordenanzas se infiere, sin ningún género de duda, del propio concepto de saturación en conexión con la definición que de zonas saturadas ofrece el artículo 7.4 del anexo de la Ley 7/1997, de 11 de agosto.

La definición que de zonas saturadas da la Ordenanza, en iguales términos que la Ley 7/1997, impide la declaración de zona saturada por la existencia de un solo local. La Ordenanza contempla la concentración de actividades en el artículo 13 y ninguna ambigüedad o inseguridad jurídica se aprecia en su texto. Su lectura revela como incomprensible la afirmación de la actora de que la infracción de un local puede afectar a los demás locales de la zona. Cuando en el párrafo primero del apartado 5 del artículo 13 establece que “En aquellas zonas de la ciudad donde existan numerosas actividades destinadas al uso de establecimientos abiertos al público siempre que los niveles de recepción en el ambiente exterior, producidos por la adicción de las múltiples actividades existentes y por la actividad de las personas que utilicen estos establecimientos, superen en más de 4 dBA los niveles fijados en esta disposición, el Ayuntamiento establecerá las medidas oportunas, dentro de su ámbito de competencias tendentes a disminuir el nivel sonoro exterior hasta situarlo dentro de los límites correctos”…

El RD 1367/2007 no dice que la medición haya de realizarse durante todo un año, sino que a efectos de calcular los promedios a largo plazo, define lo que es un año y lo que es un año medio. Lo que sí que se establecen son los períodos temporales de evaluación (mañana, tarde y noche). Y no basta con alegar que no se considera que se hayan tomado las muestras suficientes para desvirtuar las mediciones realizadas, afirmación que debería haber ido acompañada de la prueba oportuna a fin de desvirtuar estos resultados. Y como se explica en el informe de xxxxxxx, en el folio 128 del tomo primero del expediente administrativo, en todas las fichas individuales de los puntos de medición, de la documentación entregada, sobre la declaración de zonas acústicas saturadas, consta junto al nombre de los equipos con los que se realizaron las mediciones, las verificaciones realizadas al comienzo y finalización de la toma de registros sonoros, como se indica en el Anexo IV del RD 1367/2007, apartado 3.5.c), y en el apartado 5.2. Con respecto al error en la medición, porque según la parte actora, se da por supuesto que las calles están incluídas en la zona de moderada sensibilidad acústica del artículo 13 de la ordenanza municipal, se explica en el folio 129, en el mismo informe, que las zonas acústicas en que se realizaron las mediciones corresponden a áreas de territorio con predominio de edificación residencial y algunas incluídas en el ámbito de la ciudad histórica, encontrándose definidas las zonas de moderada sensibilidad acústica en el artículo 13, punto 2ª de la ordenanza municipal reguladora de la emisión y recepción de ruidos, vibraciones y condiciones de los locales del Concello de Santiago de Compostela, conforme al cual son los sectores del territorio que admiten una percepción del nivel sonoro medio, como áreas residenciales, viviendas, hoteles o zonas de especial protección como centros históricos, habiéndose elegido una zona de moderada sensibilidad acústica por el predominio en los puntos de medición seleccionados de áreas residenciales y zonas de protección especial, como centros históricos. Por otra parte, una cosa es que no se responsabilice a un local en concreto, y otra distinta que se verifique de dónde procede ese ruido, que tendrá su relevancia en caso de que se entienda procede incoar un procedimiento sancionador.

Como reconoce la parte apelante, los restaurantes fueron definitivamente incluídos, por lo que su alegación al respecto carece de relevancia práctica; la defensa del interés general ha de primar por encima de los intereses particulares, generalmente de carácter eminentemente económico, y en todo caso ha de tener en cuenta la parte apelante que basta con examinar las alegaciones de oros interesados, en concreto de vecinos del lugar, que manifiestan un interés contrario al de aquél; y lo que es relevante es el resultado de las mediciones, que no es desvirtuado por la parte demandante. En todo caso, y aun cuando se reconozca que del estudio sonométrico resulta que es el tránsito y permanencia de gente en las calles la causa fundamental del exceso de ruido en las zonas declaradas saturadas, sin embargo la afluencia de gente en las calles se debe a la existencia de una mayor concentración de locales destinados a estas actividades hosteleras en las mismas.

Y con respecto a la inadecuación a la ley estatal que se alega por la parte apelante, de donde deduce que sería ésta última la aplicable, habiendo de entender que en lo que no se respete lo en ella dispuesto, habría de entenderse derogado; lo cierto es que acudiendo a las contradicciones que dice la parte apelante que existen entre ambas normativas, de donde deduce la aplicación de la estatal, resulta que, en primer lugar, cuando el artículo 14 de la Ley 37/2003 se refiere a la elaboración de los mapas del ruido, enumera una serie de supuestos dentro de los cuales no se encuadra el litigioso; y cuando se refiere a la contradicción al considerar que la medición ha de efectuarse todos los días del año, además de la contradicción en que entra con sus propias alegaciones, puesto que comienza entendiendo que sí que se establece esta obligación en la ordenanza municipal, cuestión a la que ya se hizo antes referencia; lo cierto es que tampoco acredita la parte actora esa discordancia, que haya de conllevar a considerar que se ha aplicado una normativa, la autonómica y municipal, que a tenor de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 37/2003, haya de considerarse que no se adapta a la misma, partiendo asimismo de que lo que no puede considerarse de aplicación es la Ley 12/2011, de 26 de diciembre de 2011, que no había entrado en vigor en el momento de la tramitación del procedimiento en que se dicta la resolución recurrida.

Finalmente, y en todo caso, ha de tenerse en cuenta el derecho de los ciudadanos a gozar de un medio ambiente adecuado, que es un derecho constitucional reconocido en el artículo 45 de la CE, acústicamente no contaminado, y que el derecho a la libertad de empresa ha de conjugarse con la protección a la salud y al medio ambiente; y que se trata de una competencia municipal a tenor de lo dispuesto en el artículo 25.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local .

Por consecuencia, procede la desestimación del recurso de apelación.

TERCERO.– Procede hacer imposición de las costas del recurso de apelación a quien lo interpuso al ser desestimado (artículo 139.2 de la Ley jurisdiccional ).

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS
que DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Dª María Luisa Pando Caracena, en nombre y representación de la Asociación Cultural Cidade Vella, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso- administrativo nº 2 de Santiago de Compostela con fecha 6 de julio de 2012 , nº 289/12, en autos de procedimiento ordinario 410/2011.
Se imponen las costas del recurso de apelación a quien lo interpuso.

Contra esta sentencia no cabe recurso ordinario alguno.
Devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia, junto con certificación y comunicación.
Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN .-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente Dña. MARÍA AZUCENA RECIO GONZÁLEZ, al estar celebrando audiencia pública la Sección 002 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal Superior de Justicia, en el día de su fecha, de lo que yo, Secretaria, certifico.

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SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA

Sala de lo Contencioso Administrativo nº 2. Santiago de Compostela

Procedimiento ordinario 0000410/2011

D. Francisco-Javier Rubio Delgado, secretario del Juzgado Contencioso-administrativo nº 2 de los de Santiago de Compostela

Por el presente hago constar: Que en los autos de Procedimiento Ordinario 0000410/2011 ha recaído sentencia, del tenor literal:

SENTENCIA: 289/12

Santiago de Compostela, 6 de julio de 2012

Vistos por mi, Ilmo. Sr. D. José Alvariño Alejandro, Magistrado-Juez del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2, los presentes autos de recurso contencioso-administrativo tramitados como Procedimiento Ordinario nº 410/2011 entre las siguientes partes: como recurrente la Asociación Cultural Cidade Vella, representada por la procuradora Dª. Begoña Caamaño Castiñeira y asistida por el letrado D. Javier Curros Neira y como demandado el Concello de Santiago de Compostela, representado por la procudadora Dª. xxxxx  y asistido por el letrado xxxxx, sobre impugnación decreto sobre declaración de zona saturada.

Antecedentes de Hecho:

Primero.- Que por el recurrente se interpuso recurso contencioso-administrativo contra el decreto del Alcalde de Santiago de Compostela, de fecha 14 de marzo de 2011, publicado en el BOP de 21 de marzo, por el que se resuelven las alegaciones en el trámite de exposición pública, se declaran zonas saturadas los sectores de la ciudad comprendidos por las rúas, rúa da Raíña, rúa da Conga, rúa do Bispo Xelmírez, rúa de San Paio de Antealtares, rúa de San Bieito, Vía Sacra, Rúa da Algalia de Abaixo, rúa de Entremuros, rúa da Troia, rúa Travesa, rúa Nova de Abaixo, rúa de Santiago del Estero, rúa de Alfredo Brañas, rúa de Ramón Cabanillas, rúa de Santiago de Chile e rúa de República Argentina, especificándose las actividades y efectos a los que afectará la declaración, se comunica a la policía local que se deberá intensificar la presencia y vigilancia de los agentes y se determina que la declaración se revisará cada cuatro años.

En la demanda se solicita que se estime en recurso, se acuerde la nulidad del decreto impugnado por los motivos alegados en la demanda, condenando a la administración a estar y pasar por esta declaración.

(…)

Segundo.- (…) tarde-noche del miércoles 7 de julio (día laborable), mientras que las mediciones en los citados puntos comenzaron la noche del jueves 8 a partir de las 22 horas y en cuanto a los datos registrados en la noche de la final se precisa que a ese hecho se hace referencia en varios puntos del informe y en el documento de conclusiones, en el que se observa que en ningún momento se hace referencia a los valores obtenidos de más de 75 dB(A) en algún momento de la evaluación sonora horaria.

Respecto del “Festival de los Abrazos” y otras actividade culturales que se realizan en distintos períodos y a lo largo de todo el año, se expresa por la administración que forma parte de la agenda cultural de la que las mediciones coincidan con diversas actuaciones del festival, y sucede lo mismo con los demás eventos culturales que se desarrollaron en el momento en que se llevaron a cabo las mediciones no desvirtúa su solvencia, sino que la reafirma, toda vez que el ruido que pudiera haberse generado, en su caso, forma parte de la actividad cotidiana propia de la ciudad.

El razonamiento expuesto por la administración municipal resulta coherente y conforme con la propia dinámica de los hechos, y la actividad en la ciudad de las características de Santiago, así como con la actividad propia de la administración, no acreditándose incorrección o inadecuación en las mediciones realizadas, sin que la coincidencia con determinados eventos sea suficiente ni indique por sí misma para desvirtuar el resultado de las mediciones ni para evidenciar la mala praxis alegada en tales mediciones.

Tercero.- Respecto de la causa del ruido y de que la administración partió de un error al considerar como culpables del exceso de ruido a las diversas actividades de hostelería, la administración señala que en ningún momento imputó a los pubs como locales causantes del ruido en una determinada calle sino que el propio concepto de una zona saturada justifica que la saturación no se produce por una única fuente sonora sino por el desarrollo de diversas actividades que provocan la concentración de distintas fuentes sonoras y la afluencia de público, estableciendo la propia ordenanza que las zonas saturadas son aquellas zonas de la ciudad en las que existen numerosas actividades destinadas al uso de establecimientos abiertos al público, lo que provoca que los niveles de recepción en el ambiente exterior superen en máximo permitido pro causa de la adición de esas distintas actividades y la afluencia de gente que utiliza esos establecimientos, indicándose igualmente que el hecho de que una zona es declarada saturada es debido que se superan los niveles máximos admisibles de contaminación acústica, lo que se produce por el desarrollo de actividades de ocio nocturno que provocan la concentración de distintas fuentes sonoras y la afluencia de público.

Es evidente que la declaración de una zona como saturada no es una cuestión que puedan decidir los vecinos de una determinada calle sino que el hecho de que se superen los límites máximos de contaminación acústica es una cuestión objetiva y en este caso respeto de la voluntad vecinal expresada en dos rúas las mediciones superan la situación de saturación de ruido, por lo que procede la inclusión en la declaracíón.

Respecto a lo manifestado sobre la poca diferencia entre los valores nocturnos y diurnos e igualmente los fines de semana, la empresa PROYMA informó que un aumento de 8 db(A) de presión sonora significa duplciar las fuentes de ruido que generan dicha presión dado que la escala de decibelios no es lineal sino logarítmica, con lo que se está hablando de una variabilidad importante de ruído, y que el valor máximo de ruido que se permite en período nocturno es 10 dB(A) inferior al permitido en período diurno, siendo así que en las rúas en que se realizó el estudio la disminución del número de decibelios no se produce por el cese de las actividades diurnas, que sería lo esperado, sino que por el contrario, el nivel de decibelios se mantiene en período nocturno, cuando en realidad debería haber disminuído, por lo menos 10 dB(A) y ello determina que no se alcancen los objetivos de calidad acústica previstos en la legislación.

La no incoación de expedientes disciplinarios durante los años 2009 y 2010 no supone que haya desaparecido la causa de la declaración sino el cumplimiento de la normativa en ese período y en cuanto a la modificación de la ordenanza de ruídos y la referencia a la nueva ordenanza de terrazas, cuya entrada en vigor es posterior a la fecha del acuerdo recurrido, ninguna de esas circunstancias desvirtúa eficazmente la declaración efectuada en la resolución impugnada, no siendo necesario reiterar que el concepto de zona saturada no tiene su orígen en una única fuente sonora sino en el desarrollo de diversas actividades que provocan la concentración de distintas fuentes sonoras y la afluencia de público, siendo así que no se imputa a ningún tipo de establecimiento, en concreto de hosteleria, la causa del exceso de ruído, en una determinada calle.

En referencia al alegado error de fondo, que las rúas objeto de medición están incluídas en zona de moderada sensibilidad acústica del art. 13 de la ordenanza municipal del ruido y que se pare de un nivel de recepción externa de 55 dB(A) así como de un límite de 58 dB(A), ha de reiterarse lo indicado por la empresa PROYMA en el sentido de que las zonas acústicas en las que se realizaron las mediciones corresponden a áreas de territorio con predominio de edificación residencial y algunas de las incluídas en el ámbito de la Cidade Histórica, haciéndose mención al artículo 13 de dicha ordenanza que define las zonas de sensibilidad acústica como los sectores de territorio que admiten una percepción del nivel sonoro medio, como áreas residenciales, viviendas, hoteles o zonas de especial protección como centros históricos, de forma que la elección de zona de moderada sensibilidad acústica viene dada por el predominio en los puntos de medición seleccionados de áreas residenciales y zonas de protección especial como centros históricos.

Cuarto.- Se cuestiona por la parte actora el incumplimiento de las exigencias de la Ley del Ruido, Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre y de la Directiva 2002/49, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evolución y gestión del ruido ambiental.

En la sentencia de 18 de noviembre de 2010 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia se señala que la competencia en materia que nos ocupa corresponde al Concello de Santiago, y que nos encontramos ante ruidos que pueden producir una vulneración en derecho fundamental a la intimidad y al domicilio y dicha materia es competencia de las entidades locales.

Igualmente de la sentencia de dicha sala de 25 de octubre de 2007 resulta constatada la habilitación de los Concellos para prohibir o limitar actividades en un área determinada, y que la Ley 7/2007, de 1 de agosto resulta constatada la habilitación de los concellos para prohibir o limitar actividades en un área determinada, y que la ley 7/1997, de 1 de agosto, de protección contra la Contaminación Acústica faculta igualmente a los Concellos para definir las zonas de sensibilidad acústica y para el establecimiento de prohibiciones o limitaciones de instalación, modificación o ampliación de actividades en zonas saturadas, lo que cuenta con el necesario respaldo legal, haciéndose mención en dicha sentencia, que desestima el recurso interpuesto por la ahora recurrente contra la modificación puntual de diversos artículos de la Ordenanza municipal de ruidos a que la situación singular de riesgo que las zonas saturadas suponen requiere medidas singulares amparadas constitucionalmente.

La normativa básica en esta materia y la delimitación competencial no constituye obstáculo para la aplicación de la citada Ley 7/1997, de 11 de agosto, de Protección contra la contaminación atmosférica, siendo cuestiones distintas desde una perspectiva material y competencia el concepto de zona saturada y el de área acústica, que corresponden a hechos y calificaciones jurídicas distintas, siendo así que la normativa estatal en la materia no contempla, pero no impide, la declaración de zonas saturadas, como medida a adoptar en las zonas en las que se ha comprobado que se alcalnzan los máximos niveles de ruido en el exterior fijados para ello y debido a que las actividades desarrolladas en ellas provoca la concentración de fuentes sonoras o la afluencia máxima de gente, no justificándose la falta de competencia de la Comunidad Autónoma Gallega para normar la prevención y corrección de la contaminación acústica, a lo que responde la reiterada Ley 7/1997, en la que se contemplan una serie de medidas, entre ellas la declaración de zona saturada, que no contradice la normativa básica estatal.

Quinto.- En concreto, la parte actora considera que el Concello no aprobó con carácter previo los mapasdel suelo ni los planes de acción en materia de contaminación acústica correspondientes a los ámbitos territoriales de los mapas de ruido. Ahora bien, del examen de los artículos 14 y 15 de la Ley37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido y artículos 7 y 8 del Real Decreto 1513/2005, del 16 de diciembre, que desarrolla dicha ley, y teniendo en cuenta esa normativa parte de la creación de las áreas acústicas, lo que es bien distinto a la declaración de zonas saturadas que tiene como finalidad la comprobación de los niveles de ruido en unas determinadas zonas, ha de significarse que en este caso y en relación con los mapas de ruido no se justifica que se esté ante alguno de los supuestos previstos en el art. 8 del citado real decreto 1513/2005, y en concreto ante la existencia de grandes ejes viarios, ni ante un gran eje ferroviario, ni ante un gran aeropuerto, en los términos previstos en esa normativa, como tampoco se justifica que se esté ante una aglomeración que requiera la aprobación del mapa.

Del mismo modo, del art. 22 de la Ley 37/2003 del Ruido y art. 10 del Decreto 1513/2005, de 11 de abril, se evidencia que no resulta obligada la elaboración de un plan de acción puesto que actúa sobre el ámbito de un mapa de ruido y en este caso el Concello de Santiago no está obligado a la elaboración de un mapa de ruidos.

Ha de reiterarse que se debe de estar a la normativa aplicable, y que se aplicó en este caso, Ley 7/1997 y ordenanza municipal, a lo que se ha de añadir que en el caso de que se hubiese justificado la aplicación de la normativa estatal sería preciso que se acreditara la contradicción, lo que no se ha hecho de forma eficaz, como tampoco se ha desvirtuado el criterio de la administración municipal de que en todo aso los niveles de recepción externa máximos establecidos por la ordenanza municipal del ruido son coincidentes con los valores establecidos por el Real Decreto 1397/2007, como objetivos de calidad acústica estatal para el ruido aplicable a zonas urbanas existentes y también con lsa determinaciones establecidas en la normativa autonómica.

Ha de significarse en relación con el cumplimiento de las determinaciones exigibles en cuanto a la duración de las mediciones, que en el expediente consta el citado informe de la empresa PROYMA, y frente al mismo se tenía que haber aportado el debido soporte probatorio, en concreto técnico, que sirviera para fundamentar lo alegado a ese respecto, lo que no se ha hecho.

Sexto.- La administración en este caso ha aportado los informes técnicos y de carácter jurídico que fundamental el criterio y decisión adoptados, que tienen el debido amparo normativo y competencial, respondiendo a la finalidad prevista para los supuestos de declaración de zona saturada, sin que haya probado el alegado error que se afirma cometió el Concello de considerar como culpables del exceso de ruido las actividades de hostelería, siendo así que frente a tales informes obrantes en el expediente se tenía propuesto la oportuna prueba pericial que permitiera contar con datos y elementos objetivos que sirvieran para evidenciar ese error sin la prueba practicada sea suficiente y sirva eficazmente para tal fin, por lo que se debe de ratificar la decisión adoptada, debidamente justificada y que responde a la ponderación de los hechos cuya procedencia no ha sido desvirtuada.

Por todo lo expuesto se debe de desestimar el recursos de las pretensiones actuadas en la demanda.

Séptimo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional, no se hace especial pronunciamiento en materia de costas al no apreciarse en este caso las circunstancias de temeridad o mala fe que se indica en el aludido precepto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general pertinente aplicación.

FALLO

Se desestima el recurso contencioso-administrativo 410/2011, interpuesto por la Asociación Cultural Cidade Vella contra el decreto del Alcalde de Santiago de Compostela fecha 14 de marzo de 2011, publicado en el BOP de 21 de marzo por el que se resuelven las alegaciones en el trámite de exposición al público, se declaran zonas saturadas sectores de la ciudad comprendidos por las rúas, rúa da Raíña, rúa da Conga, rúa do Bispo Xelmírez, rúa de San Paio de Antealtares, rúa de San Bieito, Vía Sacra, Rúa da Algalia de Abaixo, rúa de Entremuros, rúa da Troia, rúa Travesa, rúa Nova de Abaixo, rúa de Santiago del Estero, rúa de Alfredo Brañas, rúa de Ramón Cabanillas, rúa de Santiago de Chile e rúa de República Argentina.

…………………

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