Informes del Valedor do Pobo al Parlamento de Galicia (año 2014 y 2013)

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Informe Valedor do Pobo al Parlamento de Galicia año 2014. p. 255-256

GRA023. SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18/03/2015.- La presidenta del Parlamento de Galicia, Pilar Rojo (i), recibe al Valedor do Pobo, José Julio Fernández (d), durante la entrega del informe del 2014, esta mañana en Santiago de Compostela. EFE/Lavandeira jr
 19 de marzo 2015. La presidenta del Parlamento de Galicia, Pilar Rojo, recibe del Valedor do Pobo, José Julio Fernández, el informe del Valedor del año 2014

(…) Otro ejemplo de importantes ruidos en las calles de Santiago de Compostela lo conocimos en la queja Q/21799/14. Se promovió por una asociación de vecinos de la Cidade Vella y se refería a la actividad de determinados locales y a la organización de un festival en sus terrazas o en las calles y autorizado por el ayuntamiento. Esta autorización resultaba genérica, a pesar de que debería procurar un análisis individual para establecer las condiciones adecuadas que eviten posibles prejuicios. Además, no se conocía la habilitación legal de esa autorización; tal y como señalaba la asociación reclamante, la necesidad de autorizaciones para la celebración de conciertos se debe a que los locales no pueden hacerlos en razón del tipo de licencia que tienen (bares, pubs…), y es la administración autonómica la competente para levantar excepcionalmente esa prohibición. En las condiciones impuestas al festival se desprendía una aparente contradicción entre su sencillo enunciado y la celebración de conciertos en la calle. Una de las condiciones era el cumplimiento de la ordenanza de ruidos, lo que en esa zona suponía unos niveles acústicos en horario nocturno y diurno que sobrepasaría cualquier actividad en la calle. Las aparentes irregularidades que trasladamos al Ayuntamiento de Santiago de Compostela por esta causa ya habían sido transmitidas de igual forma en el caso de la queja Q/2356/12, por lo que en ese momento seguía actuando de forma cuestionable. El ruido en la calle provocado por eventos del tipo que tratamos debe autorizarse de forma muy restrictiva y sólo con motivo de celebraciones de gran arraigo. El prejuicio es claro. Por su parte, los conciertos en lugares no apropiados deben evitarse, puesto que para eso existen lugares autorizados expresamente y que por tal causa reúnen las condiciones adecuadas para no lesionar los derechos de los vecinos. Además, el hecho de precisarse una autorización específica de la administración autonómica subraya su carácter excepcional. Sólo podría concederse si se garantiza la ausencia de cualquier perjuicio y con el resto de las condiciones precisas para los espectáculos (seguridad…). Por ello, entendemos que deben atenderse las legítimas peticiones de los vecinos afectados.

(…) Como ejemplo de las reticencias para controlar los ruidos encontramos dos casos que afectaron al Ayuntamiento de Santiago de Compostela (Q/5540/13 y Q/12287/14), en los que le reclamamos que cumpliera sus responsabilidades en esta materia y en concreto que midiera los niveles de ruido transmitido y actuara en consecuencia. En el primer caso se reprochó la falta de mediciones e insonorización adecuadas, a lo que el ayuntamiento respondió que daría cuenta a la empresa encargada. No obstante, como en ocasiones anteriores le recordamos que resultaba necesaria la presencia (simultánea) de agentes de la policía local en las mediciones, puesto que en su ausencia no se podría sancionar. En el segundo caso fue preciso formular una recomendación (ver resolución nº 9 del área). Ante la negativa a hacer las mediciones por medios propios, lo que, como señalamos, es lo adecuado, además de los más económico, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela confirmó que seguía sin disponer “de empresa para efectuar medición del nivel de recepción interna en una vivienda como consecuencia del ejercicio de una actividad” y “procedió … a solicitar presupuestos de diversas empresas homologadas para realizar las mediciones solicitadas, estando pendientes …”. El informe municipal confirmaba lo expresado por la afectada en su queja, es decir, la abstención municipal a la hora de comprobar, sancionar y evitar la inmisión por ruidos en su casa. Eso pasaba a pesar de que las reclamaciones se habían hecho hacía más de un año. Se nos informó de un contrato que abordaría esta cuestión, pero al parecer no resultaba eficaz, cosa previsible, tal y como señalamos en el informe de 2013. Es evidente que en las ciudades deben ser los agentes de la policía local los que realicen esta labor, como sucede ordinariamente. En cualquiera caso, si las mediciones las hace una empresa, algo con mayor coste, no se puede prescindir de la presencia simultánea de agentes de la autoridad que acompañen a los técnicos. Le dijimos al ayuntamiento que la falta de mediciones y por tanto de actuaciones eficaces contra los locales ruidosos viene siempre acompañada de razonables quejas por los graves perjuicios de las víctimas, por lo que es necesario solucionar esta carencia lo antes posible. En concreto le recomendamos que con urgencia adoptara las medidas necesarias para cumplir de forma estricta su función legal de control de los ruidos y en general de las condiciones de los locales amparados por licencias de funcionamiento expedidas por el propio ente local, de tal manera que se garanticen los derechos fundamentales de los afectados; que la contaminación acústica transmitida a las viviendas por los locales de ocio se compruebe adecuadamente y cuantas veces sea preciso, y finalmente se corrija, en su caso; que las mediciones se hagan de forma inmediata después de la llamada o denuncia indicando que en ese momento se comete la infracción, por medio de agentes de la autoridad o técnicos acompañados necesariamente de aquellos; y que con la máxima urgencia se concreten las mediciones precisas en la vivienda de la afectada. Finalmente el ayuntamiento aceptó la recomendación, por lo que esperamos que no se vuelvan a dar problemas de este tenor.

Por motivos similares a los expuestos en el caso de Santiago de Compostela también tuvimos que formular una recomendación al Ayuntamiento de Pontevedra para que controlara los ruidos de un local (Q/4037 y 4185/13; ver resolución nº 1 del área). En los informes municipales se alegaba la imposibilidad de que los policías locales hicieran mediciones por falta de personal en horario nocturno o por falta de preparación específica, algo que debería corregirse. Le recordamos que en los Informes al Parlamento de Galicia señalamos que las comprobaciones de los de ruidos deben hacerse (es obligado) cuando se reclaman por los afectados y en el preciso momento en que el local está perjudicándoles con niveles inadecuados de ruidos, cometiendo con eso una infracción administrativa. Debe hacerse cuando se da la denuncia, puesto que en otro no tiene sentido. La comprobación del aislamiento es diferente y no permite prescindir de comprobar cuando se dan denuncias. Se recomendó que con urgencia se realizaran las mediciones, que se hicieran en el preciso momento en que el local está perjudicando con niveles inadecuados de ruidos y cometiendo una infracción administrativa, y que se corrigiera el ruido transmitido. También recomendamos que se evitara la presencia molesta de grupos de personas a las puertas del local en horario nocturno. El ayuntamiento aceptó lo que le recomendamos y nos dio cuenta de las medidas previstas para cumplirlo. En el Ayuntamiento de Santiago encontramos actuaciones incorrectas en relación con el control de la actividad de los locales y el ruido en la calle. En la queja Q/2356/12 ya habíamos comprobado el inadecuado control de un local con licencia de simple bar que funcionaba con música. Como prueba de esto la afectada resaltaba que en el establecimiento se celebraban conciertos. Aportaba numerosa documentación que probaba la celebración de conciertos en la plaza, fiestas, karaokes, festivales, etc., lo que ya habíamos resaltado en una recomendación de 2011. La Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza no había autorizado los eventos, pero tampoco había recibido denuncias o actas de infracción del ayuntamiento. Tampoco se hacían mediciones. Concluimos que no se había dado efectividad a la recomendación, lo que ocasionaba importantes prejuicios para las personas afectadas y para sus derechos por la abstención municipal. Lo resaltamos en cumplimiento de lo previsto en el art. 33.2 de la ley del Valedor do Pobo, dado que era posible una solución positiva y no se dio. En el caso Q/5540/13, ya tratado, uno de los aspectos que no se había abordado era el ruido transmitido desde la calle, que no se corrigió.

(…)

9. Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Santiago de Compostela el 5 de mayo debido a los perjuicios ocasionados por un local y a la falta de actuación adecuada por parte del ayuntamiento (Q/12287/14)

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de Dª … relativo a los perjuicios ocasionados por un local y a la falta de actuación adecuada por parte del ayuntamiento. En su escrito, esencialmente, los indican que solicitó al Ayuntamiento de Santiago de Compostela una mediciones de los ruidos producidos por un pub, situado en el bajo del edificio donde vive el 11 de abril de 2013. Al día de hoy no tiene información oficial por parte del ayuntamiento; no se pusieron en contacto ni hubo ninguna medición de ruido. La única información conseguida se la dieron al ir la concejalía de urbanismo, cuando la jefa de urbanismo, en diciembre de 2013, le dio una explicación verbal de que no tenían empresa con la que hacer las mediciones. El 21 de febrero llamó a la policía municipal para dar cuenta del volumen de la música y le dijeron que contrataban empresas puntualmente para las medidas. Si es cierto el ayuntamiento no se puso en contacto con ella para realizar la medición. Hizo una petición oficial al Ayuntamiento de Santiago para que realizase la medición hace casi un año, volvió a presentarla el 23 de diciembre de 2013, puso una queja contra la concejalía de urbanismo en ese mes por no realizar la medición, pero sigue sin tenerla. Ante eso requerimos, como usted conoce, información al Ayuntamiento de Santiago de Compostela, que ya nos la remitió. En ella se señala básicamente que “este Ayuntamiento no dispone de empresa para efectuar medición del nivel de recepción interna en una vivienda como consecuencia del ejercicio de una actividad” y “se procedió en la fecha 27.01.2014 a solicitar presupuestos de diversas empresas homologadas para realizar las mediciones solicitadas, estando pendientes a fecha de hoy de su aprobación”. Del informe municipal se deduce que el propio ayuntamiento confirma lo expresado por la afectada, que se queja de su abstención a la hora de comprobar, sancionar y evitar la inmisión por ruidos en su casa ocasionada por un local con licencia municipal. Eso pasa a pesar de que las reclamaciones se hicieron ya hace más de un año y que los potenciales perjuicios por los que se reclama afectan a derechos fundamentales. Los locales tienen licencia de actividad concedida por el ente local, lo que les permite funcionar como pubs, cafeterías especiales o discotecas, todos ellos potencialmente muy molestos. Pero este tipo de licencias son de funcionamiento, por lo que de acuerdo con su naturaleza y con reiterada jurisprudencia, con el otorgamiento de ellas no termina la labor del ente local; la licencia abre una relación continuada en el curso de la cual la administración local tendrá por función garantizar en todo momento el interés público, principalmente el de los vecinos inmediatos, lo que, según reiterada jurisprudencia, constituye una condición implícita de toda licencia municipal de funcionamiento. La desatención de estos deberes legales puede dar lugar a la responsabilidad municipal, como reiteradamente viene determinando la jurisprudencia al juzgar supuestos muy similares. Además, el art. 25 de la LRBL establece que “el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del estado y de las comunidades autónomas, en las siguientes materias: f) protección del medio ambiente”. Por tanto, la tarea de control de estas cuestiones es competencia municipal, sin que en ningún caso pueda justificarse su desatención. Por tanto, resulta obligado para comprobar adecuadamente y cuantas veces sea preciso, y finalmente corregir, en su caso, la contaminación acústica transmitida a las viviendas por los locales objeto de la queja. En el caso de no contar con medios el ayuntamiento debe procurarlos de forma inmediata, puesto que se trata de ejercer funciones preceptivas e irrenunciables, que debe cubrir en todo caso antes que cualquier otra no preceptiva. Ya mucho antes se habían advertido deficiencias como las tratadas en ese ayuntamiento. Como subrayamos en diferentes informes al Parlamento de Galicia, lo comprobamos, por ejemplo, en el caso de las quejas Q/2367/10, Q/242/12, Q/704/12, Q/767/12, Q/942/12, Q/2356/12 y Q/2469/12, y ya en 2011 formulamos al ayuntamiento una recomendación por los perjuicios ocasionados por un local debido al aparente desajuste de su actividad, que no era propia de un simple bar, y sobre todo por la falta de comprobación de los ruidos transmitidos a la casa de la reclamante. Recomendamos la realización de las mediciones precisas para comprobar y corregir los ruidos transmitidos a las viviendas en el momento que se producen. Respondió aceptándola y se comprometió a iniciar los trámites pertinentes para corregir los problemas que el local pueda causar y con cambios en el ayuntamiento que permitan realizar las mediciones de ruidos que se necesiten. Con todo, al cabo de un tiempo la afectada acudió de nuevo a la institución para indicar que el local seguía realizando conciertos y otras actividades ruidosas no autorizadas. Lo más significativo que conocemos en la investigación es que seguían sin hacerse las comprobaciones sonométricas adecuadas; esto, en unión con otras circunstancias, nos hizo concluir que no se garantizaba la ausencia de perjuicios y molestias desproporcionados y continuadas. Indicamos al Ayuntamiento de Santiago que la falta de comprobaciones adecuadas en la ciudad se venía comprobando desde hacía tiempo y no se corrigió.

El ayuntamiento indicó que no podía hacerlas por dificultades de organización; después del compromiso posterior a la recomendación seguía sin concretar los cambios para hacer mediciones más ágiles. No indicó que se hubiera ofrecido a la interesada que llamase cuando sufriera los problemas que denuncia, de tal forma que se pudiera medir y se aclararan las circunstancias denunciadas. Finalmente se nos informó de un contrato que abordaría esta cuestión, pero al parecer no está resultando eficaz, cosa previsible (tal y como señalamos en el informe de 2013). Es evidente que en las ciudades deben ser los agentes de la policía local los que realicen esta labor, como sucede ordinariamente en todas. En cualquiera caso, si se habían concretado las mediciones de la empresa, algo con mayor coste, lo cierto es que no podría prescindirse de la presencia de los agentes de la autoridad acompañando a los técnicos. La falta de mediciones y por tanto de actuaciones eficaces contra los locales ruidosos viene acompañada de razonables quejas por los graves perjuicios de las víctimas, como observamos. Es necesario solucionar esta carencia lo antes posible. El ciudadano que promovió la queja está demandando la preservación de unos intereses especialmente protegidos en la Constitución Española, que ampara los derechos a la intimidad personal y familiar (art. 18.1), a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2), a la protección de la salud (art. 43.1), y el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y a la protección y mejora de la calidad de vida (art. 45.1 y 2). Como consecuencia de las citadas disposiciones constitucionales, los poderes públicos tienen la obligación principal de proteger los derechos mencionados, según lo establecido en el artículo 53 del Texto Fundamental. Es especialmente destacable que el perjuicio se está dando en la vivienda de la afectada, por lo que se está conculcando un derecho de los calificados cómo fundamentales en la Constitución (artículo 18.1 y 2) y en la Convención Europea de Derechos Humanos (art. 8), por lo que la labor de protección de la administración municipal debería haber sido más diligente. En el supuesto que conocemos, de la información disponible se deduce que el Ayuntamiento de Santiago de Compostela no adoptó todas las medidas adecuadas para proteger los derechos constitucionales citados anteriormente, que por eso pueden estar siendo objeto de menoscabo. Así pues, el principio constitucional de eficacia en la labor de las administraciones públicas (art. 103.1 CE) no parece haberse aplicado con rigor en el tratamiento de este problema, a la vista de la insuficiencia de las actuaciones municipales y fundamentalmente por la abstención en la adopción de las medidas adecuada. Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984 del Valedor do Pobo, hacer llegar al Ayuntamiento de Santiago de Compostela la siguiente recomendación: Que con urgencia el ayuntamiento adopte las medidas necesarias para cumplir de forma estricta su función legal de control de los ruidos y en general de las condiciones de los locales amparados por licencias de funcionamiento expedidas por el propio ente local, de tal manera que se garanticen los derechos fundamentales de los afectados; que la contaminación acústica transmitida a las viviendas por los locales de ocio se compruebe adecuadamente y cuantas veces sea preciso, y finalmente se corrija, en su caso; que las mediciones se hagan de forma inmediata después de la llamada o denuncia indicando que en ese momento se comete la infracción, por medio de agentes de la autoridad o técnicos acompañados necesariamente de aquellos; y que con la máxima urgencia se concreten las mediciones precisas en la vivienda de la afectada.

Respuesta del Ayuntamiento de Santiago de Compostela: recomendación aceptada …………………………………………………………………………………… valedordopobo logo logo-parlamento de galicia

Informe del VALEDOR DO POBO al PARLAMENTO DE GALICIA año 2013 (p. 241-250)
5. La necesidad una normativa autonómica contra la contaminación acústica 

Como adelantamos, en la lucha contra el ruido no ha ayudado la derogación de algunos instrumentos legales útiles; para los locales ruidosos se eliminó la necesidad de la antigua licencia de actividades clasificadas, más adelante llamada en Galicia evaluación de incidencia ambiental, y se derogó la Ley gallega 7/1997, de Protección contra la Contaminación Acústica, la primera de este tipo en España, y con ella también ciertas disposiciones reglamentarias que se habían demostrado adecuadas.

La ley gallega sobre contaminación acústica fue derogada por la Ley 12/2011, de medidas fiscales y administrativas, aunque con el anuncio de que se aprobaría una alternativa en el plazo de un año, compromiso legal que aún no ha tenido efectividad.

La aplicación con carácter único de la ley estatal del ruido resulta insuficiente sin el complemento de la anterior regulación, puesto que aquella es transposición de una directiva comunitaria que parte de la base de la preexistencia de estándares de protección ahora derogados. Por ello, de nuevo afirmamos la necesidad de que se cumpla el compromiso legal tratado y se promueva y apruebe una normativa que favorezca la garantía de los derechos fundamentales afectados. La existencia de una legislación clara es requisito para garantizar los derechos de los ciudadanos perjudicados por algunas salas de fiestas, discotecas, pubs o actividades similares.

Por su parte, las licencias de actividad clasificada de los locales de ocio han sido los instrumentos preventivos más eficaces ante los potenciales perjuicios de los locales ruidosos. El Decreto 133/2008, de la evaluación de incidencia ambiental, excluyó a los locales de ocio de este requisito, con lo que ha rebajado el nivel de protección de los potenciales afectados. Ello sucedió a pesar de que la exclusión era ilegal, por contradecir la entonces vigente ley gallega de protección contra la contaminación acústica, tal y como pusimos de relieve en anteriores informes. Su legalidad sigue siendo dudosa, puesto que permanece la ley gallega de protección ambiental, que contiene definiciones de las actividades que precisan esa evaluación que no permiten excluir locales como los pubs o las discotecas, que sin duda encajan en esas definiciones, por ejemplo las de las actividades molestas o insalubres, idénticas a las que contenía el anterior reglamento de actividades clasificadas (RAMINP) y que hacían necesaria la evaluación de esos establecimientos.

Una de las medidas que deberían poder aplicar los ayuntamientos para luchar contra los graves perjuicios de las zonas saturadas por contaminación acústica -algo que trataremos con más detalle- es la disminución de horarios en ellas. Sin embargo, con razón señalan que no pueden por razones legales. Sería conveniente que se estableciera un horario de cierre más restrictivo para los locales ubicados en ellas, como se hace ya en algún lugar o imponen algunas sentencias, o al menos que se habilitara a los ayuntamientos para que reduzcan los horarios en esas zonas. Se trataría de una medida paliativa de los prejuicios que sufren los vecinos y de estímulo para la autolimitación de las actividades. Durante la vigencia de las zonas saturadas se ha puesto de manifiesto que no resulta eficaz lo que se viene haciendo comúnmente, la prohibición de nuevas licencias. Por ello reclamamos que para dar una mayor protección al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio (art. 18. 1 y 2 de la Constitución) y a otros derechos constitucionales (arts. 43 y 45 de la Constitución) se examine la posibilidad de modificar la orden reguladora de los horarios de los locales de ocio con el fin apuntado (queja de oficio Q/251/13). La Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza respondió positivamente e indicó que en la actualidad se tramita un posible ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia, en fase de borrador; y respecto de la posibilidad de reducir los horarios en las zonas saturadas o contaminadas por ruidos o permitir que lo hagan los ayuntamientos, se indica que la norma permitirá realizar ampliaciones o reducciones del marco general de horarios con carácter excepcional y por determinados motivos, con lo que en principio debe concluirse que se atendió el criterio expresado por nuestra parte. Así, esperamos que en el plazo más breve posible se habilite esa posibilidad y comience a aplicarse, lo que será positivo para el control de la contaminación acústica precisamente donde resulta más difícil.

En materia de horarios también es muy necesario que se eleven las posibles sanciones, puesto que apenas tienen carácter disuasorio, y que se establezca la posibilidad de que la reincidencia se tenga en cuenta en mayor medida, puesto que la citada falta de carácter disuasorio y la escasa aplicación de esa agravación por reincidencia hacen que las sanciones de este tipo apenas solventen los graves problemas que padecen los vecinos.

Una gran parte de las quejas por ruidos resaltan que no sólo los sufren, sino que además lo hacen más allá del horario permitido, con lo que su perjuicio se prolonga de forma interminable. Los ruidos y el desconocimiento de la hora a la que acabarán crea una razonable angustia en las personas que sufren esta situación, que se convierte en algo verdaderamente difícil de soportar a largo plazo.

También comprobamos que muchos ayuntamientos no comprueban los horarios alegando que eso es competencia de la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que no tienen policía local, o no la tienen de noche, o que lo hace la Guardia Civil, cosa no del todo cierta, como hemos comprobado, puesto que los agentes de ese cuerpo no tienen expresamente atribuida esa función, con lo que se denuncia en ocasiones y en otras no, o sólo se acude para restituir el orden inmediato, sin denuncia administrativa que disuada al responsable de seguir comportándose de esa manera. Por ello resulta necesario clarificar la función de comprobar los horarios para que en ningún caso resulte un vacío en su control, como sucede en ocasiones, tal y como comprobamos.

6. La necesidad de que los ayuntamientos comprueben los niveles de ruido cuando se denuncian

Como adelantamos, se aprecia que han aumentado los ayuntamientos que informan de que no hacen mediciones de ruidos, alegando que no cuentan con medios humanos y/o técnicos, o que sus policías locales no están preparados para inspeccionar la transmisión de ruido o medir sus niveles. Algunos señalan que cualquier intervención de este tipo es cara y que en tiempo de crisis no consideran adecuado dedicarle recursos. Ven en la crisis una disculpa para no hacer frente a su obligación legal. Sin embargo, tal alegación no resulta justificativa de la abstención en el cumplimiento de un deber, sobre todo teniendo en cuenta que ningún ayuntamiento de los que argumentan de esa forma ha llegado a justificar que dedique todo su presupuesto a gastos preceptivos en términos legales y nada a gastos no preceptivos. Dado que atender la obligación legal a la que nos referimos es prioritario respecto de cualquier gasto no obligado, la pretendida justificación no parece atendible, y así se lo señalamos a algún ente local. En más de una ocasión se corrigió la forma de actuar citada.

Resulta una imperiosa necesidad que los ayuntamientos cumplan con sus funciones de supervisión de los locales y que realicen mediciones en cuanto reciban las llamadas o denuncias. La licencia les obliga a una constante vigilancia de los establecimientos; con su otorgamiento se abre una relación permanente entre la administración y su titular, que se concreta en la continuada labor de vigilancia de la administración para que la actividad no resulte perjudicial. En ningún caso puede disculparse la falta de control de los locales que se han autorizado. Lo más llamativo es que las respuestas y otras informaciones que nos dan cuenta de la falta de mediciones no sólo llegan de ayuntamientos con escasos recursos, como los de las pequeñas localidades, sino también de ciudades como Santiago de Compostela o Pontevedra. La falta de medición y por tanto de actuación eficaz contra los locales ruidosos viene acompañada de razonables quejas por los graves perjuicios de las víctimas. Por ello, es necesario solucionar esta carencia cuanto antes.

En Santiago de Compostela conocemos problemas en este sentido desde hace tiempo. Se nos informó de un contrato que abordaría esta cuestión, pero al parecer no está resultando eficaz, cosa previsible. Es evidente que en las ciudades deben ser los agentes de la policía local los que realicen esta labor, como sucede ordinariamente en todas. Ya el pasado año le habíamos formulado una recomendación a su ayuntamiento por los perjuicios ocasionados por un local y por la falta de comprobación de los ruidos transmitidos. Recomendamos la realización de las mediciones precisas para comprobar adecuadamente y corregir los ruidos transmitidos a las viviendas. Respondió aceptándola y se comprometió a iniciar los trámites pertinentes para corregir los problemas que el local pueda causar mediante la inspección de los usos permitidos por la licencia y con cambios en el ayuntamiento que permitan realizar las mediciones de ruidos que se necesiten. Sin embargo, en esa y en otras ocasiones conocimos que las mediciones se hacen contadas veces y de forma poco adecuada o eficaz para comprobar y comenzar a solucionar los problemas que se denuncian. (…)

Como señalamos en algunas recomendaciones de las reseñadas, las mediciones deben hacerse de forma adecuada. En los informes al Parlamento de Galicia indicamos a diferentes ayuntamientos que las comprobaciones de las transmisiones de ruidos a las viviendas deben hacerse en el preciso momento en que tal cosa se denuncia por parte de los afectados, es decir, cuando el local está perjudicando con niveles inadecuados de ruidos, cometiendo con eso una infracción administrativa. Esta comprobación debe hacerse cuando se de la denuncia, puesto que en otro momento carece de sentido o puede tener otro diferente a la comprobación de una infracción, que debe hacerse siempre en tiempo real. Además, tal necesidad -hacer las mediciones cuando avisen los reclamantes- se deduce de la naturaleza de las licencias de los locales, de funcionamiento, lo que obliga a los ayuntamientos a hacer una vigilancia continuada de los establecimientos con licencia de este tipo.

7. La necesidad de corregir los efectos de las zonas saturadas por contaminación acústica

La concentración de locales hace que los problemas de ruido sean mayores y de más difícil solución. Los ayuntamientos no suelen resolver estas situaciones y la consecuencia es que los habitantes de esas zonas ven seriamente perjudicados sus derechos. Normalmente sólo se prohíben más licencias, lo que hace que no disminuya el ruido. Centrar la actuación en una mera prohibición de nuevas licencias es claramente inadecuado.

Cuando la declaración formal de la zona como contaminada por ruidos se ha dado hace tiempo demandamos del ayuntamiento de que se trate que aclare el grado de eficacia de las medidas aplicadas. Normalmente hay que reclamar más medidas, más vigilancia y recordar que corregir el nivel de contaminación declarado oficialmente no es una opción, sino una obligación.  

En Santiago el pasado año habíamos tenido que reclamar del ayuntamiento que se controlara adecuadamente el nivel de contaminación acústica derivada de la saturación de locales en una zona del casco histórico y que en el caso de que no se rebajara el nivel reconocido en la declaración se aplicaran otras medidas para lograr el objetivo de situar los ruidos en niveles acordes con la legalidad (Q/942/12). Este año recibimos la aceptación de lo recomendado. El Concello de Santiago de Compostela se comprometió a controlar los conciertos en locales no habilitados para ofrecerlos y a corregir mediante sanción las infracciones. Al cierre del informe permanecemos atentos al cumplimiento del compromiso municipal.

8. Los locales que no se ajustan al tipo de licencia que tienen

A través de las quejas comprobamos que el desajuste entre la actividad real de los locales y lo previsto en sus licencias resulta muy común; es una forma de eludir los estrictos controles preventivos que se realizan mediante las licencias de funcionamiento. Por ello deben detectarse a través de los actos de comprobación propios del procedimiento de licencia, y, para el caso de detectarse posteriormente, en ese preciso momento deben perseguirse mediante la sanción de la infracción que suponen y evitando de forma inmediata que el fraude continúe. En las zonas saturadas este fenómeno resulta común, pero también se comprueba en locales fuera de aquellas.

9. La contaminación acústica ocasionada por el botellón y el consumo a las puertas de los locales

Como expresamos en la introducción y también en otros informes, cada vez apreciamos una mayor concienciación municipal respecto de la necesidad de tratar los perjuicios que producen los botellones. La mayoría de los ayuntamientos con quejas por este motivo han aceptado las diferentes recomendaciones que les formulamos para proteger los derechos de los vecinos, lo que no implica que desaparecieran todos los problemas relacionados con este fenómeno. Sigue habiendo ayuntamientos que lo consienten a pesar de sus perjuicios, a los que recordamos que con esa actitud se perjudican derechos fundamentales. También hemos recordado a los ayuntamientos que en determinados casos se perjudica el interés superior del menor no impidiendo su participación en los botellones. Mediante diferentes resoluciones hemos procurado que se evite el consumo de alcohol por menores en los botellones.

En otras ocasiones el ruido en la calle proviene de los clientes de los establecimientos y de la falta de actuación adecuada de sus propietarios y de los ayuntamientos. Lo comprobamos en una queja relativa a un local de Pontevedra (Q/2104/11), que el año pasado había dado lugar a una recomendación para evitar el consumo por los clientes a las puertas del establecimiento y las molestias provocadas por la concentración de personas perturbando al vecindario con ruidos evitables, tal y como se prevé en la ordenanza municipal (ver resolución nº 10 del área de medio ambiente del informe de 2012). Por nuestra parte insistimos ante el ayuntamiento para que se diera cumplimiento a lo recomendado, pero en la última respuesta insistió en que su tesis, que resulta imposible evitar este tipo de molestias, aunque al menos en este caso se comprometió a realizar una consulta a la asesoría jurídica. Le indicamos que su propia ordenanza obliga a evitar estas conductas y que se trata de proteger derechos fundamentales, de aplicación directa, cuyas implicaciones resultan de obligado cumplimiento.

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Informe del Valedor do Pobo al Parlamento de Galicia (2012)

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Informe del Valedor do Pobo al Parlamento de Galicia del año 2012

(p. 262-270) capítulo nº 13_Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Santiago de Compostela el 21 de diciembre de 2012 debido a perjuicios y molestias ocasionados por locales de la zona histórica de Santiago de Compostela (Queja 942/2012)

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D. xxxxxx debido a los perjuicios y molestias ocasionados por locales de ocio de la zona vieja de Santiago de Compostela.

En su escrito, esencialmente, nos indica que el Ayuntamiento actúa de forma inadecuada por la tramitación de expedientes de locales hosteleros nocturnos (especialmente los de la Asociación Cultural Cidade Vella) para concesión de licencia de actividades. En la web del ayuntamiento y en el BOP de 26/03/12 se anuncie en información pública para alegaciones la apertura de un pub en la calle Xelmírez y de un café-bar en la calle Troia, cuando esas dos calles están incluidas como saturadas en el decreto ZAS 2011 (BOP 21/03/11), que en su punto quinto dice: “quedará suspendido el otorgamiento de nuevas licencias de apertura o ampliación de las actividades incluidas en el apartado anterior” (el apartado anterior dice que esas actividades serán las del art. 42 de la Ordenanza de Ruidos, es decir, bares, cafés, pubs, cafés conciertos … y todas las demás diera tipo).

Presentó alegaciones el 28 de marzo y aporta copia de las mismas. Esos 2 locales que se pretenden reabrir ahora en ZAS ya estuvieron abiertos hace unos años y a ambos les fue revocada la licencia por irregularidades. Lo de Xelmírez se denominó durante años “Tramoia” (con licencia de café-bar) y lo de la Troia “Hs”, generó una sentencia por la que el ayuntamiento habrá de indemnizar a los vecinos denunciantes con 51.800 euros.

Ambos pertenecían a un grupo de bares integrados en la Asociación Cultural Cidade Vella.

El Ayuntamiento firmaba convenios donde subvencionaba actividades en los locales de la asociación que por licencia no podían realizar, como conciertos -no había ni una sola licencia de café-concierto concedida en la ciudad-. Ese hecho lo denunció en docenas de ocasiones e incluso llegó al juzgado, donde se penó a un local Modus Vivendi -con funcionamiento irregular y consentido-. Dos denuncias de la policía por celebración de conciertos en directo dieron lugar a confirmación judicial de que no pode hacerlos (los conciertos) porque no tiene licencia para eso. El Modus Vivendi tiene por escrito, en su cambio de titularidad, que no se realizarán actuaciones musicales en directo, pero las sigue haciendo, por lo que se ve obligada a seguir llamando a la policía local para que lo compruebe (lo pudo hacer), pero los agentes le contestan por teléfono que ese mismo día a ellos les entregaron una “autorización” para que esa noche pudiera celebrar “actividades”. La trampa habitual de las “notificaciones” que pasan a la policía municipal es que no aclaran en qué consisten las “actividades”, pero el resultado práctico es que la policía contesta que no puede actuar en contra de lo que haga el local porque no saben exactamente lo que está autorizado o no, y sólo pueden hacer un parte. De los partes a policía municipal no le dan copia, aunque los pide por registro, y en Disciplina le dicen que allí no llegó nada. En la prensa anuncian esa música en directo, pero parece que no basta como prueba de que la actuación musical se celebró. Esta burla la lleva padeciendo 10 años, señala.

El local Fonte Sequelo (“conseguí que por fin le abran expediente para la instalación de la segunda puerta acústica”) estuvo cerrado algunos días, pero recientemente reabrió (desconoce si puso la segunda puerta). Funcionó todo el tiempo con la puerta exterior de la calle medio abierta, la música sonaba tan alta como nos sus peores tiempos, y tenía la docenas y docenas de personas aglomeradas delante de la puerta con las consumiciones pasadas a vasos de papel; aun por la mañana quedaban vestigios. Tuvo que llamar 4 veces a la policía local, que estaba ocupada, por lo que estuvieron soportando la música del local; sólo pasadas más de dos horas vinieron a solucionar algo.

Ante eso requerimos informe de ese ayuntamiento, en particular sobre la comprobación de las circunstancias mencionadas; sobre el trámite dado a las solicitudes de licencia de apertura mencionadas en primer término, y sobre si éstas se ven afectadas por las previsiones respecto de las ZAS; sobre las actuaciones en directo en el local mencionado en segundo término y sobre las medidas adoptadas por el ente local para impedirlas, en el caso de confirmarse que se trata de un establecimiento que no se encuentra habilitado para eso; sobre la reapertura del local de Fonte Sequelo y sobre si ya cuenta con doble puerta adecuada, de acuerdo con lo requerido; sobre la comprobación de que ese local funciona con las puertas cerradas adecuadamente, es decir, de acuerdo con la funcionalidad de la doble puerta, de tal forma que se impida la salida del ruido al exterior; sobre la presencia de gente consumiendo a las puertas y sobre las medidas para impedirlo; y sobre el resto de las circunstancias que se consideren relevantes para la completa valoración del objeto de la queja. En un primero rato el ente local respondió el siguiente:

“En relación con el requerimiento efectuado por el Valedor del Pueblo en la fecha 15.06.2012 por la queja presentada ante esa institución por D. xxxxxx se informa:

Respecto a tramitación de las solicitudes de licencias de apertura en la Calle Xelmirez n° 16 y Troia n° 6, se hace constar que las mismas fueron solicitadas en la fecha 28 de enero de 2011, siendo la declaración de zonas saturadas adoptada en el decreto de Alcaldía de fecha 14 de marzo de 2011 (publicado en el B.O.P A Coruña n° 54 del 21.03.2011)

La normativa aplicable cuando se produce un cambio de normativa urbanística durante la tramitación de la licencia, es criterio consolidado de la jurisprudencia, armonizando las exigencias del interés público y de la garantía del ciudadano, lo de que la ordenación aplicable es la del momento de la resolución si esta es dictada dentro del plazo previsto para su otorgamiento ( TS 18-11-02, 6-10-01, …), que es de un mes, según lo establecido en el artículo 9.5 de la Legislación de Servicios de las corporaciones locales.

Por lo tanto, y dado que el decreto de declaración de zona saturada se aprobó y entró en vigor después de haber transcurrido el plazo máximo de un mes que tenía la administración para resolver a la solicitud, no procede su denegación sobre la base de la prohibición de autorización de nuevas actividades recreativas en el emplazamiento pretendido por estar en zona declarada saturada; sino que procede su tramitación incluso su resolución (de otorgamiento o denegación segundo proceda).

Habiéndosele incoado expediente administrativo la De la M. R. P.G. por incumplimiento a la ordenanza municipal reguladora de la emisión y recepción de ruidos, vibraciones y condiciones de los locales, por decreto de fecha 28.06.2012, se denegaron las alegaciones presentadas por la interesada, requiriéndole que en un plazo TRES MESES, a contar a partir de la recepción de la resolución, había procedido a solicitar la licencia de obra de instalación de la segunda puerta acústica de su local situado en la calle Xelmirez n° 24, advirtiéndole a la interesada que en caso de que esta administración tenga constancia de que el local sigue funcionando sin las dos puertas acústicas, se acordará el cierre preventivo de su local.

De ser detectados locales que realizan actuaciones musicales en directo en locales no autorizados para eso, o bien cualquiera otro ejercicio irregular de su actividad, como funcionar con las puertas y/o ventanas abiertas, permitir que el público del local efectúe las consumiciones fuera del establecimiento, este Ayuntamiento incoa los correspondientes expedientes de reposición de la legalidad urbanística alterada por actividades no ajustadas a licencia, todo eso sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionadora.”

Con lo anterior el ente local no aclaraba determinados aspectos objeto de la queja, por lo que requerimos información complementaria, que ya se recibió, con el siguiente contenido:

“En relación con el requerimiento efectuado por el Valedor do Pobo en la fecha 21.09.2012 por la queja presentada ante esa institución por D. xxxxx , se informa:

Respecto a la tramitación de las solicitudes de licencias de apertura en la Calle Xelmirez n° 16 y Troia n° 6, cono ya fue informado, las mismas fueron solicitadas en la fecha 28 de enero de 2011, siendo la declaración de zonas saturadas adoptada en el decreto de Alcaldía de fecha 14 de marzo de 2011 (publicado en el B.O.P. A Coruña n° 54 del 21.03.2011), se encuentran aún a trámite.

En el momento de la solicitud, 28 de enero de 2011, no existía declaración de zona saturada, ya que la anterior del 07.09.2005 fue revocada y dejada sin efecto por la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en la fecha 18.11.2010.

La normativa aplicable cuando se produce un cambio de normativa urbanística durante la tramitación de la licencia, es criterio consolidado de la jurisprudencia, armonizando las exigencias del interés público y de la garantía del ciudadano, lo de que la ordenación aplicable es la del momento de la resolución si ésta es dictada dentro del plazo previsto para su otorgamiento ( TS 18-11-02, 6-10-01, …) , que es de un mes, según el establecido en el artículo 9.5 de la Legislación de Servicios de las corporaciones locales.

Por lo tanto, y dado que el decreto de declaración de zona saturada sí se aprobó y entró en vigor después de haber transcurrido el plazo máximo de un mes que tenía la administración para resolver a la solicitud (presentado en la fecha 28.01.2011), no procede su denegación sobre la base de la prohibición de autorización de nuevas actividades recreativas en el emplazamiento pretendido por estar en zona declarada saturada; sino que procede su tramitación incluso su resolución (de otorgamiento o denegación segundo proceda).

Habiéndose inspeccionado el local sito en la Calle Xelmirez n° 24, se le incoo expediente administrativo a Dª xxxxxx por incumplimiento a la ordenanza municipal reguladora de la emisión y recepción de ruidos, vibraciones y condiciones de los locales, por decreto de fecha 28.06.2012.

Por decreto de fecha 28.06.2012 se le denegaron las alegaciones presentadas por la interesada, requiriéndole que en un plazo TRES MESES, a contar a partir de la recepción de la resolución, procediese a solicitar la licencia de obra de instalación de la segunda puerta acústica de su local sito en la calle Xelmirez n° 24.

En la misma resolución se le advertía a la interesada que en caso de que esta administración tenga constancia de que el local sigue funcionando sin las dos puertas acústicas, se acordará el cierre preventivo de su local, sin perjuicio de la incoación del pertinente expediente sancionador.

La meritada resolución se le notifico a D. xxxxxxx en la fecha 6.07.2012 y la D. xxxxxx en la fecha 26.07.2012, por lo que el plazo de los tres meses remata el próximo 27.10.2012.

Respecto a la subvención municipal para la celebración de conciertos en locales no autorizados, en especial el Modus Vivendi, así las comprobaciones realizadas por la Policía Municipal de los hechos denunciados por D. xxxxxx ., se da cuenta del escrito a las concejalías competentes.”Una vez evaluado el contenido de la queja y las dos respuestas adjuntadas por el ayuntamiento se deduce que, en lo que se refiere al funcionamiento del local de Xelmírez 24, este problema ya se había tratado en la queja Q/242/12, relativa a la actividad del local sin doble puerta adecuada. Con el anterior trámite habíamos conocido que se había ordenado la corrección de esa irregularidad y deducimos que se le había incoado procedimiento sancionador, puesto que se trataba de un incumplimiento de la ordenanza al no tener instaladas puertas acústicas en el acceso al local. Lo previsible era que con la actuación municipal se obligase a la colocación de la doble puerta adecuada y se sancionase el incumplimiento detectado.

En la nueva queja lo reclamado es que, a pesar de que el local ya cuenta con doble puerta adecuada, de acuerdo con lo requerido, no obstante no funciona con las puertas cerradas, es decir, de acuerdo con la funcionalidad de la doble puerta, por lo que no se impide la salida del ruido al exterior. La interesada indica que cuando el establecimiento reabrió comenzó a funcionar con la puerta exterior de la calle medio abierta, por lo que la música sonaba tan alta como en sus peores tiempos. Además, tenía docenas de personas aglomeradas delante de la puerta con las consumiciones pasadas a vasos de papel. Llamó muchas veces a la policía local, pero estuvieron soportando la música del local hasta muy tarde; sólo pasadas más de dos horas vinieron a solucionar algo.

Este aspecto de la queja no se aclara en los informes municipales. En la primera respuesta no se dio cuenta de una actuación para comprobar y corregir tal cosa, y ahora se insiste en esa posición al indicar que se advirtió que en el caso de tener constancia de que el local sigue funcionando “sin las dos puertas acústicas, se acordará el cierre preventivo del local, sin perjuicio de la incoación del pertinente expediente sancionador”. No obstante, no acaba de entenderse como pretende hacer tal cosa el ayuntamiento si no se compromete a ir cuando la afectada lo reclame, y sobre todo si no se levantan actas y se sancionan infracciones como las que se vienen observado desde hace mucho tiempo, como el propio ayuntamiento reconoce, ante las que el ente local sólo tramitó expediente de reposición de la legalidad, que además tuvo efectividad mucho tiempo después de su incoación. La reclamación de la interesada se justifica por la falta de diligencia a la hora de hacer cambiar la situación que padece, en lo eres influyó de forma considerable a ausencia de expediente sancionador después de detectar el incumplimiento respecto de la doble puerta. El Ayuntamiento sólo dio cuenta de actuaciones en el ámbito de la eventual legalización -aunque en realidad se exigió un cambio de los elementos instalados-, cuando también se trataría de una infracción por el incumplimiento de la normativa en materia de ruidos, como expresa el propio Ayuntamiento -“habiéndosele incoado expediente administrativo a … por incumplimiento a la ordenanza municipal reguladora de la emisión y recepción de ruidos, vibraciones y condiciones de los locales …”-, lo que ahora confirma, al anunciar un posible expediente de ese tipo, que en realidad podría haberse concretado hace tiempo. El resultado es que la infracción no se corrigió adecuadamente.

Algo parecido sucede con la reclamación relativa al consumo a las puertas del establecimiento, aspecto con respecto al cual el ayuntamiento no dice nada, a pesar de que debería corregirse, puesto que con ese tipo de comportamientos se perjudican derechos fundamentales (art. 18. 1 y 2 CE) y derechos constitucionales de otro tipo (arts. 43 y 45 CE). El ayuntamiento ni tan siquiera anuncia la corrección de esta circunstancia, a pesar de que el control de un adecuado uso de la calle que permita mantener las condiciones de convivencia y el descanso de los residentes es responsabilidad directa de los ayuntamientos.

Respecto de la celebración de conciertos sin un adecuado control, sigue sin aclararse definitivamente su celebración en locales donde no se pueden celebrar, en ocasiones encubiertos por otro tipo de actos, y, además, con subvención municipal. El Ayuntamiento señaló en primer término que de detectarse tal cosa incoa los correspondientes expedientes de reposición de la legalidad urbanística alterada por actividades no ajustadas a licencia -de nuevo el mismo que antes-, lo que no aclaraba la queja, que se refiere a que siguen dándose, pero la policía no actúa para comprobarlo y realizar las correspondientes actas de infracción. La reclamante señalaba que siguen los conciertos y llama a la policía local para que lo compruebe, pero los agentes le contestan por teléfono que les entregaron una “autorización” para que esa noche pudiera celebrar “actividades”. Una trampa habitual y consentida, señala, puesto que la policía que no aclara en qué consisten las “actividades”. El resultado es que la policía no actúa. No le dan copia de los partes, a pesar de que los pide por registro, y en disciplina le dicen que allí no llegó nada. La prensa anuncia los conciertos; lleva padeciendo eso 10 años.

Pues bien, en el último informe municipal sólo se señala que respecto a la subvención municipal para la celebración de conciertos en locales no autorizados, en especial el Modus Vivendi, y las comprobaciones realizadas por la policía municipal “se da cuenta … a las concejalías competentes”, lo que no aclara nada, puesto que lo fundamental es evitar o sancionar esos conciertos si no se encuentran habilitados, y, en relación con el concreto motivo expuesto en la queja, evitar los posibles fraudes de las autorizaciones y la actuación ineficaz de la administración para corregirlos. Y, por supuesto, dar cuenta a la interesada de las actuaciones que se llevan a cabo su instancia, lo que había debido hacerse de oficio, o al menos después de que lo solicite expresamente. No resulta adecuado que siega sin recibir noticia del actuado.

Por último, en lo que se refiere a la necesidad de aclarar lo actuado con respecto a dos locales que pretenden instalarse en zona ZAS, habíamos indicado al ente local que en su primer informe no aclaraba la cuestión; debería aclarar si la anterior declaración, de 2005, les afectaba en el momento de concederse las licencias. Se trataba de reabrir locales cerrados debido a sus anteriores infracciones y graves perjuicios, lo que tampoco se aclaraba en la respuesta municipal, a pesar de tratarse de un aspecto esencial, puesto que de confirmarse la diligencia municipal debería extremarse para que no suceda de nuevo lo ocurrido antes. Los 2 locales estuvieron abiertos y a ambos les fue revocada la licencia por irregularidades, lo que dio lugar a una sentencia por la que el ayuntamiento tuvo que indemnizar a los vecinos con 51.800 €.

Ahora el ayuntamiento señala que los permisos fueron solicitados el 28 de enero de 2011, y la declaración de zonas saturadas es de 14 de marzo de 2011 (BOP La Coruña 21.03.2011). Por tanto, en el momento de las solicitudes no existía declaración de zona saturada, dado que la anterior -de 2005- fue revocada y dejada sin efecto por la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia el 18.11.10. Señala que cuando se produce un cambio de normativa urbanística durante la tramitación de la licencia es doctrina legal que la ordenación aplicable sea la del momento de la resolución si esta es dictada dentro del plazo previsto para el otorgamiento (TS 18-11-02, 6-10-01, …), y señala que en este caso es de un mes (art. 9.5 de la legislación de servicios de las corporaciones locales).

Dejamos al margen los aspectos por los que la normativa de ZAS fue anulada, lo que no es objeto de esta queja, aunque sí debe resaltarse que la anulación se produce por causas que se atribuyen al propio ayuntamiento. También dejamos al margen lo adecuado del criterio expuesto por el ayuntamiento respecto de la normativa a aplicar para la eventual concesión de licencias, puesto que sobrepasaría del debate actual; sin embargo, debe apuntarse qué lo que menciona -el art. 9 del RSCL y el plazo de un mes- no parece adecuado desde el rato en que en la fecha de solicitud se encontraba en vigor el art. 4.3 de la Ley 7/1997, de protección contra la contaminación acústica. Eso hacía que las actividades objeto de examen habían precisado licencia municipal otorgada segundo el Decreto 133/2008, de la evaluación de incidente ambiental. La exclusión de las actividades de ocio que el propio Decreto 133/2008 preveía resultaría inaplicable entonces debido a su clara contradicción con el mencionado art. 4.3 de la Ley 7/1997.

Además, es evidente que, con el objeto de que no se defraude el objetivo anunciado por un proyecto de ZAS, habían debido preverse mecanismos para evitar que se anticipen solicitudes que después tendrán que resolverse en la forma que anuncia el ente local.

En cualquiera caso, en cuanto a este concreto motivo de queja debemos resaltar que de la anulación de la primitiva ZAS -cómo dijimos, de responsabilidad municipal- o de la aplicación que se hace de la situación resultante, según observamos, se deriva un evidente perjuicio para los deberes municipales. Se daban y siguen dándose las circunstancias para que la zona sea considerada acústicamente contaminada o saturada, y si tal cosa no tuvo efecto durante el tiempo en que los promotores aprovecharon para solicitar las licencias, de eso resulta un evidente perjuicio para el interés público. En definitiva, no se aplica una medida que, aunque sea el mínimo tratamiento de las ZAS´s, sin duda es necesaria en ellas.

La zona cuenta con numerosos locales y con mucha afluencia de gente en ellos y en el exterior, lo que ocasiona problemas que provienen de las actividades interiores y del exterior. Por tanto, debería conseguirse la disminución del nivel constatado de ruido, tanto el procedente de los propios locales como el de la calle. La jurisprudencia resalta la necesidad de determinar y abordar el problema de la saturación de ruidos de manera urgente allí donde se constate, como también la necesidad de que las medidas a aplicar sean las adecuadas para la solución eficaz del problema en función de las circunstancias, descartando la adopción de medidas de tipo discrecional o las limitadas a no agravar el problema (sentencia del TSJ de las Islas Baleares del 29 de junio de 1999, confirmada por el TS). Así, siempre que las dichas medidas resulten suficientemente motivadas y proporcionadas al problema podrán ser aplicadas por el ayuntamiento, que además se encuentra obligado a lograr tal fin, puesto que en caso contrario resultaría responsabilidad municipal. Eso es lo que se deduce de la sentencia del Tribunal Supremo del 18 de noviembre de 2002, que reconoce la responsabilidad patrimonial de los entes locales por insuficiente actuación para corregir los problemas derivados de contaminación acústica presentes en una determinada zona. Confirma la responsabilidad de un ayuntamiento como consecuencia de su falta de diligencia en el tratamiento de los ruidos. La sentencia subraya que lo sensato era la actividad general ante el problema, deduciendo una conducta pasiva vulneradora de alguno derecho fundamental.

Todo lo anterior supone una insuficiente atención de las funciones municipales de protección contra la contaminación acústica; en el art. 25 de la LRBL establece que “el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del estado y de las comunidades autónomas, en las siguientes materias: f) protección de medio ambiente”.

La ciudadana que promovió la queja está demandando la preservación de unos intereses especialmente protegidos en la Constitución Española, que ampara los derechos a la intimidad personal y familiar (art. 18.1), a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2), a la protección de la salud (art. 43.1), y el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y a la protección y avance de la calidad de vida (art. 45.1 y 2). Como consecuencia de las citadas disposiciones constitucionales, los poderes públicos tienen la obligación principal de proteger los derechos mencionados, según lo establecido en el artículo 53 del Texto Fundamental.

En el supuesto que conocemos, de la información disponible parece deducirse que el Ayuntamiento de Santiago de Compostela no adoptó todas las medidas a su alcance para proteger los derechos constitucionales citados anteriormente y que están siendo objeto de menoscabo. Así pues, el principio constitucional de eficacia en la labor de las administraciones públicas (art. 103.1 CE) no parece haberse aplicado con rigor en el tratamiento de esta problemática.

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese Ayuntamiento de Santiago de Compostela la siguiente recomendación:

Que con urgencia se proceda a dar cumplimiento a las responsabilidades municipales en materia de contaminación acústica y se preserven los derechos fundamentales de la interesada, que pueden estar siendo perjudicados, especialmente el derecho a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario (art. 18 1 y 2 CE).

Y que para hacer efectiva la mencionada garantía de los derechos de la afectada con urgencia se controle que el local de la calle Xelmírez nº 24 utiliza adecuadamente la doble puerta del establecimiento; que se controle la celebración de conciertos en locales no habilitados para eso; que se vigile el ruido provocado por el consumo o la concentración de personas a las puertas de los locales; que en su caso se impida que continúen todas las prácticas mencionadas y se corrijan adecuadamente mediante sanción, en el caso de ser constitutivas de infracción administrativa; que de oficio se aporten las actas que resulten de las denuncias de cualquier tipo realizadas por la afectada, incluidas las llamadas a la policía local; y que se controle adecuadamente el nivel de contaminación acústica derivada de la saturación de locales en la zona y, en caso de que no se rebaje el nivel reconocido en la declaración de la zona como ZAS, entonces se apliquen las medidas precisas para lograr el objetivo de situar los ruidos en niveles acordes con la legalidad.

Respuesta del Ayuntamiento de Santiago de Compostela: pendiente

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