Descarga el informe de 2003 en este enlace: Contaminación_acústica

CONCLUSIONES DEL VALEDOR DO POBO. INFORME DEL AÑO 2003

Los ciudadanos han tomado conciencia de lo injusto de la situación que les toca padecer y han comenzado a promover actuaciones de diferente tipo para corregirla. Entre ellas destacan los numerosos recursos contencioso administrativosque impugnan la incorrecta forma de actuar de los ayuntamientos en esta materia, o simplemente su inactividad. Las diferentes resoluciones judiciales que están recayendo en esta materia ponen de relieve un claro avance en el tratamiento de este grave problema. La progresiva evolución de la jurisprudencia en gran parte se produce como consecuencia del diferente tratamiento dogmático con que ahora se abordan los problemas de contaminación acústica.

Como vimos, un primer paso se dio cuando los ruidos dejaron de ser una simple incidencia en el marco de las relaciones de vecindad para convertirse en un problema a abordar con eficacia por los poderes públicos. Para ello se partió de la consideración de que el ruido afectaba de forma directa a un derecho constitucional, el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y a la calidad de vida (artículo 45 CE). Pero el impulso definitivo se produce cuando comienza a reconocerse que el derecho constitucional a un medio ambiente adecuado no es el único conculcado en determinados supuestos de contaminación acústica. Esta puede llegar a conculcar también derechos clásicos, liberales o de primera generación, como es el caso del derecho a la intimidad personal y familiar en el ámbito del domicilio (artículo 18CE). Este novedoso criterio, recogido en primer término por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha sido finalmente recibido por nuestro Tribunal Constitucional a través de la Sentencia 119/2001, de 24 de mayo. Y aunque ya antes de este pronunciamiento del Alto Tribunal se habían producido no pocas sentencias del orden contencioso-administrativo que aplicaban con rigor las previsiones en materia de contaminación acústica, lo cierto es que a raíz de la mencionada Sentencia del Tribunal Constitucional, en los pronunciamientos judiciales se puede observar un mayor grado de exigencia con respecto a las obligaciones de la administración municipal en el ejercicio de esta responsabilidad. En el estadio en que nos encontramos es común considerar que de la conculcación de las normas sobre ruidos no sólo resulta una infracción de la legislación ordinaria, sino también la vulneración de un derecho fundamental. En esta línea de aumentar el grado de protección del ciudadano debe interpretarse la exigencia de responsabilidades penales por conductas relacionadas con la contaminación acústica.

En primer término, el Código Penal de 1995 incluyó una mención expresa del ruido como forma de contaminación a los efectos de su consideración como delito ecológico (artículo 325 CP). Y más recientemente la jurisprudencia ha comenzado a aplicar este tipo penal a conductas especialmente graves de contaminación acústica, como sucedió en la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2003. A pesar del evidente avance que las circunstancias mencionadas suponen en la lucha contra el ruido, lo cierto es que el camino que resta por andar en la persecución de esta concreta forma de contaminación es todavía largo. Especialmente ardua parece la tarea de reconducir u ordenar los ruidos generados por la llamada movida nocturna. El Estado parece no tener claro aún que la contaminación acústica generada por la concentración de personas en la calle en horario nocturno es una fuente de ruido merecedora de una específica atención. Por ello, no tiene intención de regularla de un modo definitivo y claro hasta reconducirlaa sus justos términos, de tal manera que en todo caso se hagan respetar los derechos undamentales de las actuales víctimas de la situación.

Algunas Comunidades Autónomas han abordado el problema de una forma mucho más valiente, emanando normas con rango de ley que permiten a los ayuntamientos hacer frente a la cuestión sin las dudas de legalidad que antes decían tener. Sin embargo, resulta evidente que con ello el problema no recibe una solución definitiva si con posterioridad no se pone de manifiesto una decidida intención de dar efectividad a lo legalmente previsto. En la Comunidad de Madrid ya se encuentra en vigor una norma que teóricamente eliminaría las concentraciones que tratamos. Sin embargo, las previsiones legislativas no se cumplen con el rigor necesario, y la prueba más evidente de ello es que en Madrid el problema no ha desaparecido ni mejorado sustancialmente. Otro tanto sucede en Galicia, donde, a pesar del claro avance normativo queen este terreno supuso la publicación del Decreto 320/2002, por el que se aprueba elreglamento que establece las ordenanzas-tipo sobre protección contra la contaminación acústica, lo cierto es que los fines de semana, noche tras noche se siguen produciendo concentraciones de personas bajo las viviendas de ciudadanos que contemplan con desesperación la pasividad de las administraciones responsables de poner coto a esta práctica.

Enviale pruebas al Valedor do Pobo sobre la falta de diligencia en el cumplimiento de las ordenanzas municipales:

Valedor do Pobo

Rúa do Hórreo 65 Santiago de Compostela

Teléfono 981 56 97 40

e-mail valedor@valedordopobo.com

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