Catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de Galicia (2004)

DECRETO 292/2004, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG nº 245 de 20 de diciembre de 2004)

La Ley orgánica 16/1995, de 27 de diciembre, de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de Galicia, transfiere la competencia exclusiva en materia de espectáculos públicos, sin perjuicio de la competencia estatal sobre seguridad pública, de acuerdo con el artículo 149 de la Constitución.

El Real decreto 1640/1996, de 5 de julio, recoge el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de espectáculos públicos.

Por Decreto 336/1996, de 13 de septiembre, la comunidad autónoma asume las funciones y servicios transferidos en materia de espectáculos públicos, y procede a asignarle las citadas funciones a la Consellería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales.

La Ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de protección de la seguridad ciudadana, constituye la norma básica aplicable a los espectáculos públicos en la Comunidad Autónoma de Galicia, que se ocupa de los espectáculos públicos en la medida que afectan a temas de orden público. Anterior en el tiempo, continúa vigente el Real decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento general de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas.

En relación con el Reglamento general de policía de espectáculos, el paso del tiempo y la evolución de la sociedad en lo que se refiere a las formas de disfrutar el ocio, han dado lugar la aparición de nuevos locales y actividades recreativas que no fueron contempladas, por inexistentes, en la normativa del año 82.

Por todo ello se hace necesario elaborar un Catálogo de espectáculos y actividades recreativas que recoja las novedades, que defina las actividades y que, en definitiva, permita a los ayuntamientos y a los titulares de establecimientos públicos disponer de un marco normativo estable que asegure los derechos de los empresarios y de los usuarios de establecimientos públicos y actividades recreativas.

La numerosa casuística de licencias y autorizaciones que se están otorgando por las administraciones públicas competentes en materia de espectáculos, da lugar a situaciones de confusión y solapamiento de actividades recreativas o de espectáculos públicos.

Es necesario, por lo tanto, recoger una definición de espectáculo, de la actividad y del establecimiento público que permita que en el futuro los otorgamientos de licencias y autorizaciones se ajusten y encajen en los tipos establecidos en el catálogo.

En su virtud, a propuesta del conselleiro de Justicia, Interior y Administración Local y previa deliberación del Consello de la Xunta de Galicia en su reunión del día dieciocho de noviembre de dos mil cuatro,

DISPONGO:

Capítulo I

Disposiciones de carácter general

Artículo 1º.-Objeto y ámbito de aplicación.

1. Se aprueba el Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de Galicia, que se inserta como anexo al presente decreto.

2. Este decreto será de aplicación a los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Artículo 2º.-Finalidad.

1. Todas las licencias y autorizaciones que se otorguen por las administraciones locales y autonómica para la celebración de espectáculos públicos, desarrollo de actividades recreativas o de apertura de establecimientos públicos dedicados a esta materia, deberán ajustarse, en cuanto a su denominación y definición, a las recogidas en este catálogo. Los números identificativos de la actividad o espectáculo recogidos en esta norma deberán figurar en las licencias otorgadas por los ayuntamientos.

2. En las licencias que concedan los ayuntamientos deberán constar con exactitud los espectáculos o actividades a que se dedique el establecimiento o recinto. Se considerarán espectáculos no reglamentados aquellos de carácter singular o excepcional que por sus características y naturaleza no puedan acogerse a la normativa de espectáculos vigente en cada momento.

3. Cuando un espectáculo, actividad recreativa o establecimiento público no pudiera incardinarse en alguna de las categorías enumeradas expresamente en este catálogo, la delegación provincial de la consellería competente en materia de espectáculos públicos resolverá, de modo provisional, su asimilación dentro de una de las categorías ya existentes, para lo solos efectos de definir sus obligaciones y derechos como establecimiento público que desarrolla un espectáculo o actividad recreativa. La situación provisional durará hasta la modificación del catálogo para incorporar la nueva categoría.

Capítulo II

Régimen de los espectáculos y actividades del catálogo y de las autorizaciones

Artículo 3º.-Tipología.

1. Los espectáculos públicos y las actividades recreativas comprendidas en el catálogo deberán celebrarse o desenvolverse de conformidad con las condiciones técnicas que legal y reglamentariamente sean exigibles para cada uno de ellos.

2. A los efectos de este decreto, los espectáculos públicos y las actividades recreativas podrán ser:

a) Permanentes: aquellos que, debidamente autorizados, se celebren o desarrollen de forma habitual e ininterrumpidamente en establecimientos fijos.

b) De temporada: aquellos que, debidamente autorizados, se celebren o desarrollen en establecimientos fijos o eventuales durante períodos de tiempo superiores a tres meses e inferiores a un año.

c) Ocasionales: aquellos que, debidamente autorizados, se celebren o se desarrollen en establecimientos fijos o eventuales, así como en vías y zonas de dominio público, durante períodos de tiempo inferiores a tres meses. En estos casos las autorizaciones o licencias se otorgarán de forma específica para cada período de ejercicio de la actividad o programación de los espectáculos.

d) Extraordinarios: aquellos que, debidamente autorizados, se celebren o desarrollen específica y excepcionalmente en establecimientos autorizados para otros espectáculos o actividades recreativas diferentes a los que se pretende celebrar o desarrollar de forma extraordinaria.

e) Conmemorativos y de efemérides: aquellos que, debidamente autorizados, se celebren o se desarrollen en establecimientos fijos o eventuales, así como en vías y zonas de dominio público. La autorización se hará por el período de tiempo necesario para el desarrollo de la conmemoración o efemérides. En estos casos las autorizaciones o licencias se otorgarán de forma específica para la conmemoración o efemérides de que se trate.

Artículo 4º.-Clases de establecimientos.

Para los efectos de este decreto, los establecimientos públicos podrán ser:

a) Fijos: los que cuenten con edificaciones y recintos independentes o agrupados con otros que, debidamente autorizados, sean inseparables del suelo sobre el que se construya. Son independentes aquellos a los que se accede directamente desde la vía pública y agrupados los que, formando parte de un conjunto de locales, se accede a ellos por espacios edificados comunes a todos ellos.

b) Eventuales: aquellos conformados por estructuras desmontables o portátiles en su conjunto, constituidas por módulos o elementos metálicos, de madera o de cualquier material que permita operaciones de montaje y desmontaje sin necesidad de construir o demoler obra de fábrica ninguna.

Artículo 5º.-Contenido de las licencias y autorizaciones.

1. En las autorizaciones y licencias de los establecimientos públicos sometidos a la normativa de espectáculos y actividades recreativas, así como en los supuestos de sus modificaciones y adaptaciones, se hará constar, además de los datos de su titular y de la denominación establecida en el catálogo para la actividad que corresponda, el período de vigencia de la autorización o licencia y el aforo de personas permitido.

2.- En los supuestos de establecimientos públicos dedicados a la celebración de más de un tipo de espectáculo o el desarrollo de varias actividades recreativas compatibles entre sí, se harán constar estas circunstancias en la autorización o en la licencia de acuerdo con las denominaciones y definiciones establecidas en el catálogo que se aprueba.

No obstante lo anterior, si el establecimiento contara para estes fines con varios espacios de usos diferenciados entre sí, se deberá expresar en la autorización o licencia para cada uno de ellos los extremos señalados en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 6º.-Sesiones con menores.

Sesiones destinadas a menores. Los locales que tengan prohibida la entrada a los menores de 18 años podrán realizar sesiones destinadas al público en edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, tras la autorización previa en la licencia, condicionada a la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, y a la entrada de mayores de edad durante las sesiones para menores.

Artículo 7º.-Autorizaciones de carácter extraordinario.

1. Ningún local podrá ofrecer espectáculos o actividades recreativas distintos de los que figuren en la licencia.

2. Los delegados provinciales de la consellería competente por razón de la materia de espectáculos públicos, y siempre que se respeten las condiciones esenciales de la licencia, podrán autorizar con carácter extraordinario, la celebración de otros espectáculos o actividades. La autorización se dará para un único espectáculo o para sesiones puntuales de una actividad determinada.

3. Para la concesión de esta autorización será preceptivo y determinante el informe del ayuntamiento respectivo.

4. La solicitud para la celebración de estas actividades y espectáculos extraordinarios se presentará en el registro de la consellería competente en materia de espectáculos públicos, con una antelación mínima de 30 días de la fecha prevista de celebración del espectáculo o actividad.

Disposición adicional

Los horarios de apertura y cierre de los espectáculos y establecimientos públicos serán los previstos en la orden de la consellería competente en materia de espectáculos públicos vigente en cada momento. En las actividades y espectáculos no previstos en la orden vigente, se establece con carácter transitorio el siguiente horario de cierre:

Espectáculos taurinos: los horarios tradicionales de la plaza fija de toros de Pontevedra.

Actividades deportivas: 1.00 horas.

Actividades de exhibiciones especiales: 1.00 horas.

Disposiciones transitorias

Primera.

Adaptación de autorizaciones y licencias.

A partir de la entrada en vigor del presente decreto, y durante el plazo de dos años, los ayuntamientos de la comunidad autónoma deberán proceder de oficio a la actualización de las licencias otorgadas con anterioridad para el solo objeto de adaptar la denominación de cada espectáculo, actividad o tipo de establecimiento, a las denominaciones y definiciones contenidas en el catálogo que mediante esta norma se aprueba.

Segunda.

Este decreto será de aplicación a los procedimientos de concesión de licencias y autorizaciones iniciados con anterioridad a su entrada en vigor.

Tercera.

Este decreto será revisado anualmente a los efectos de establecimiento de las nuevas categorías en los términos del artículo 3.3º de este decreto.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

Deja de ser de aplicación en el ámbito de los espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de Galicia el anexo del Real decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento general de policía de espectáculos y actividades recreativas.

Disposición final

Este decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, dieciocho de noviembre de dos mil cuatro.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

Jesús C. Palmou Lorenzo

Conselleiro de Justicia, Interior y Administración Local

Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos

1. Espectáculos públicos.

Los espectáculos públicos se clasifican en:

1.1. Espectáculos cinematográficos.

Tienen por objeto la exhibición y proyección pública en una pantalla de películas cinematográficas.

Se entiende por película cinematográfica la obra audiovisual consistente en creaciones expresadas mediante una serie de imágenes consecutivamente asociadas, con o sin sonorización incorporada, independentemente de su soporte material, que se proyecta sobre una pantalla en un establecimiento público.

Las exhibiciones se realizarán en:

-1.1.1. Cines tradicionales: establecimientos públicos fijos e independientes que, debidamente autorizados, se destinan con carácter permanente a la celebración de espectáculos cinematográficos y cuenten con una sola sala de exhibición de películas cinematográficas.

-1.1.2. Multicines: establecimientos públicos fijos que, independientemente o agrupados con otros y debidamente autorizados, cuenten con más de una sala de exhibición de películas y se destinan con carácter permanente a la celebración de espectáculos cinematográficos.

-1.1.3. Cines de verano o al aire libre: establecementos públicos, fijos e independientes o eventuales que, con carácter de temporada u ocasional y, debidamente autorizados, se destinan a la celebración de espectáculos cinematográficos al aire libre en una o varias salas de exhibición.

-1.1.4. Autocines: establecimientos públicos fijos o eventuales en recintos cerrados y descubiertos que, con carácter permanente o de temporada, se destinan a la celebración de espectáculos cinematográficos, y en los que los espectadores están en automóviles adecuadamente estacionados y distribuidos dentro del recinto.

1.2. Espectáculos teatrales y musicales.

Espectáculos teatrales: son espectáculos que implican la representación pública de obras escénicas o de variedades, mediante la utilización, aislada o conjuntamente, del lenguaje, la mímica o la música, así como títeres y marionetas, a cargo de actores o ejecutantes, sean o no profesionales, en locales cerrados o al aire libre, debidamente acondicionados y autorizados para ello.

Espectáculo musical: aquel en el que se produce la ejecución o representación en público de obras o composiciones musicales, operísticas o de danza, mediante la utilización, aislada o conjuntamente, de instrumentos musicales o de la voz humana a cargo de músicos, cantantes o artistas, profesionales o aficionados, en locales cerrados o al aire libre, debidamente acondicionados y autorizados para ello.

Los espectáculos teatrales y musicales pueden desarrollarse en:

1.2.1. Teatros: establecimientos públicos fijos e independentes que, debidamente autorizados, se destinan con carácter permanente a la celebración de espectáculos teatrales o musicales sobre un escenario en una o más salas. Estarán dotados de escenario y camerinos.

-1.2.2. Teatros al aire libre o eventuales: establecimientos públicos fijos o eventuales que, independientes o agrupados con otros y, debidamente autorizados, se destinan, con carácter de temporada u ocasional, a la celebración de espectáculos teatrales o musicales sobre un escenario.

-1.2.3. Auditorios: establecimientos públicos, fijos, independientes o agrupados con otros que, debidamente autorizados, se destinan con carácter permanente, de temporada u ocasional, a la celebración de espectáculos musicales o al desarrollo de actividades recreativas culturales o sociales.

-1.2.4. Auditorios al aire libre y eventuales: establecimientos públicos fijos o eventuales, independientes o agrupados con otros que, debidamente autorizados, se destinan con carácter de temporada u ocasional a la celebración de espectáculos musicales o al desarrollo de actividades recreativas culturales o sociales al aire libre.

-1.2.5. Salas de actuaciones: establecimientos públicos fijos, con servicio de bar, con actuaciones musicales y/o de variedades en directo.

1.3. Espectáculos taurinos.

Son aquellos en los que intervienen reses de ganado bovino bravo para ser lidiadas en plazas de toros con público, por profesionales o aficionados, de acuerdo con la normativa específica. La clasificación y características de los recintos serán los establecidos en la normativa que rige este tipo de espectáculos.

1.4. Espectáculos circenses.

Son espectáculos que se desarrollan en establecimientos públicos fijos o eventuales, con gradas para espectadores, en los que se realizan ejercicios físicos de acrobacia que implican habilidad y riesgo, actuación de payasos, malabaristas, prestidigitadores, y otras similares, y en los que pueden intervenir animales domesticados. En el caso de que participen animales se deben cumplir las normas de protección de especies y medioambientales vigentes en el momento de las actuaciones. En el caso de la participación de profesionales menores de edad, se deben cumplir los requisitos establecidos por la normativa laboral de menores vigente en el momento de la actuación. Se desarrollan en:

1.4.1. Circos: establecimientos públicos fijos o eventuales, con gradas para los espectadores, en los que se realizan los espectáculos circenses. Contarán con al menos una pista para la celebración de las actividades circenses.

1.5. Espectáculos feriales.

Son espectáculos que se desenvuelven en establecimientos públicos fijos debidamente autorizados, con grandes espacios para la presentación de productos naturales o artificiales, derivados de las plantas, animales o de la naturaleza, que pueden dedicarse a la celebración de eventos relacionados con la prestación de servicios, y en los que las actividades realizadas están destinadas a la difusión comercial y al ocio de los visitantes. Se desarrollan en :

1.5.1. Recintos feriales: establecimientos públicos fijos en los que realizan los espectáculos feriales.

2. Actividades recreativas.

Las actividades recreativas se clasifican en:

2.1. Actividades culturales y sociales

Son aquellas que se desarrollan en:

-2.1.1. Museos: establecimientos públicos fijos e independientes que, debidamente autorizados, se destinan con carácter permanente a recoger, adquirir, ordenar y conservar, con fin de estudio y exhibición de forma científica, didáctica y estética, un conjunto de bienes muebles de valor cultural, que sean testimonio de la humanidad y del contorno natural, dirigido a la investigación, educación, ocio y promoción científica y cultural.

-2.1.2. Bibliotecas: establecimientos públicos fijos e independientes que, debidamente autorizados, se destinen con carácter permanente a poner a disposición de los ciudadanos, de manera presencial o a través de acceso remoto, un conjunto organizado de libros, publicaciones, registros sonoros y otros registros culturales y de la información, con fines de educación, investigación y, en general, enriquecimiento del ocio.

-2.1.3. Bibliotecas móviles: vehículos móviles que, debidamente autorizados, dependiendo o no de una biblioteca con establecemento fijo, se destinan con carácter permanente a poner a disposición de los ciudadanos, de manera presencial, un conunto organizado de libros, publicaciones, registros culturales y de la información con fines de educación, investigación y, en general, enriquecimiento del ocio.

-2.1.4. Ludotecas: establecimientos públicos fijos, independientes o agrupados con otros que, debidamente autorizados, se destinan con carácter permanente a la población infantil en edades comprendidas entre los dos y los doce años y a sus familias, con el objeto y fines establecidos en la normativa que regula este tipo de establecementos como centros de servicios sociales.

-2.1.5. Videotecas: establecimientos públicos fijos, independientes o agrupados con otros que, debidamente autorizados, se destinan con caracter permanente a proporcionar u ofrecer al público asistente la proyección de películas mediante magnetoscopios, en soporte de cintas videográficas o de reproductores de DVD.

-2.1.6. Hemerotecas: establecimientos públicos fijos, independientes que, debidamente autorizados, se destinan con carácter permanente a poner a disposición de los ciudadanos, de manera presencial o a través de acceso remoto, un conjunto organizado de publicaciones de prensa escrita mediante cualquier soporte.

-2.1.7. Salas de conferencias: establecimientos públicos fijos, independientes o agrupados con otros que, debidamente autorizados, se destinan con carácter permanente, de temporada u ocasional, a ofrecer al público la exposición oral de ponencias y debates mediante la utilización, en su caso, de sistemas de megafonía, vídeo conferencia o cualquier otro sistema de comunicación hablada a tiempo real, disponiendo de asientos fijos.

-2.1.8. Salas de exposiciones: establecimientos públicos fijos, independientes o agrupados con otros que, debidamente autorizados, se destinan a exponer al publico, obras artísticas o de cualquier otra índole y contenido de interés cultural, mercantil o social.

-2.1.9. Salas polivalentes y multiusos: establecimientos públicos fijos donde se pueden realizar actividades de características distintas pero con un fundamento común como son las reuniones sociales, culturales, deportivas o festivas.

-2.1.10. Salas dedicadas a la celebración de cineclubs: establecimientos públicos fijos, independientes o agrupados con otros que, debidamente autorizados, se destinan a la celebración de espectáculos cinematográficos encuadrados en ciclos de autor o las manifestaciones artísticas de cine, así como la celebración de debates durante la mesma sesión una vez sea proyectada la película de que se trate.

-2.1.11. Pazos de exposiciones y congresos: establecimientos públicos fijos e independientes que, debidamente autorizados, se destinan con carácter permanente a la celebración, conjunta o aisladamente, dentro de sus instalaciones, de una o más exposiciones de contenido mercantil, cultural o social, así como la celebración de congresos de índole cultural, social o mercantil, en diferentes salas situadas en su interior.

2.2. Actividades recreativas destinadas a los menores de edad.

Su objeto es la puesta a disposición de los responsables de los menores de espacios dedicados a la integración, relaciones y desarrollo sociales, así como el divertimiento en ambientes adecuados a las necesidades físicas. Se realizan en:

-2.2.1. Centros de ocio infantil: establecimientos públicos fijos y permanentes, cubiertos o no, que disponen de un espacio para menores entre dos y doce años, destinado a juegos de tipo físico realizados con pelotas gigantes, toboganes de varios tamaños y formas, redes de cuerda, túneles, pasos con rodillos y cualquier juego de aventura y acción que conte con la debida homologación, y en la que el juego y actividades estén dirigidos por responsables adultos con titulación en materia de actividades de tiempo libre. Dispondrán de un servicio de restauración independente, con ofertas adaptadas a los menores y a sus acompañantes. El servicio de restauración contará con personal diferenciado de los técnicos con titulación de tiempo libre que se ocupan de organizar el juego de los menores y de atenderlos para evitar incidentes que afecten a su integridad física. Todos los servicios se producirán a cambio de un precio concertado por cada menor.

-2.2.2. Áreas de juego en centros comerciales: son espacios físicamente delimitados dentro de los centros comerciales que disponen de juegos destinados a menores de hasta doce años para actividades físicas y de rol como balancines, casitas, toboganes y cualquier juego de actividad que no requiera mecanismos para su puesta en funcionamiento, en los que el adulto que acompaña al menor se hace responsable de realizar el uso correcto según las indicaciones de los elementos de juego.

-2.2.3. Áreas de juego con aparatos de uso infantil que imiten movimientos de animales, vehículos y similares a cambio de un precio cierto, en los que el adulto que acompaña al menor se hace responsable de realizar el uso correcto según las indicaciones que se adjuntan con la propia máquina.

2.3. Actividades deportivas.

Consistentes en la realización de pruebas, competiciones y la práctica de cualquier deporte, bien sean realizadas por deportistas profesionales, aficionados, con carácter público o privado. Se realizan en:

-2.3.1. Estadios deportivos: establecimientos públicos fijos, con gradas para el público, no cubiertos o cubiertos parcialmente que, debidamente autorizados, se destinan a la práctica de uno o más deportes.

-2.3.2. Pabellones deportivos: establecimientos públicos fijos y cubiertos que, debidamente autorizados, se destinan a actividades físico-deportivas que impliquen la práctica de algún deporte.

-2.3.3. Recintos deportivos: establecimientos públicos fijos y descubiertos, acondicionados para realizar prácticas deportivas, sin que la asistencia de público sea su finalidad principal.

-2.3.4. Pistas de patinaje: establecimientos públicos fijos o eventuales, con una pista central destinada a la práctica de patinaje sobre hielo o patines.

-2.3.5. Gimnasios: establecimientos públicos fijos provistos de aparatos adecuados para practicar gimnasia, que cuenta con salas independientes para la realización de ejercicio físico.

-2.3.6. Piscinas de competición: establecimientos públicos fijos, con gradas para el público, que cuentan con una o más pilas de agua para la práctica deportiva.

-2.3.7. Piscinas recreativas: establecimientos públicos fijos, que pueden ser utilizadas por el público en general o por comunidades privadas que superen as veinte viviendas.

-2.3.8. Vías públicas usadas para pruebas deportivas: La utilización de vías públicas en las pruebas deportivas está sujeta a autorización administrativa bien del ayuntamiento, de la comunidad autónoma o del Estado, según su itinerario.

2.4. Parques de atracciones y atracciones recreativas

Actividades de ocio en espacios delimitados en los que, a cambio de un precio cierto, se puede acceder a cualquera tipo de actividad de tiempo libre. Se realizan en:

-2.4.1. Parques de atracciones y temáticos: establecimientos públicos fijos e independientes al aire libre que, debidamente autorizados, se destinan al desarrollo de atracciones recreativas de índole diversa y, en su caso, conjuntamente con estas y en áreas diferenciadas dentro del mismo recinto, a la celebración de espectáculos cinematográficos, teatrales, musicales o circenses.

-2.4.2. Parques acuáticos: establecimientos públicos fijos que, debidamente autorizados, utilizan el agua como elemento activo bajo la forma de saltos, ondas, corrientes, cascadas u otros elementos de similares características, en los que se permita la participación simultánea o correlativa de más de 100 personas/hora, en su período de rendimiento máximo.

2.5. Actividades recreativas y de azar.

Son aquellas en las que se arriesgan cantidades de dinero u objetos valorables económicamente en función del resultado de un acontecimiento futuro e incierto, y sometidos a la normativa vigente en materia de juego y a lo dispuesto en este catálogo. Se realizan, según su modalidad, en:

2.5.1. Casinos de juego.

2.5.2. Salas de bingo.

2.5.3. Salones de juego de máquinas de azar, tipo A, A especial y tipo B.

2.5.4. Salones recreativos de máquinas de azar, tipo A.

2.5.5. Hipódromos.

2.5.6. Tómbolas y similares.

2.5.7. Locales de apuestas.

2.5.8. Puntos de venta de lotería.

2.6. Actividades de ocio y entretenimiento.

Consistentes en la realización de celebraciones, disfrute del tiempo libre, y la práctica de cualquiera acción que tenga como fin o entretenimiento de las personas. Se realizan en:

-2.6.1. Salas de fiestas: establecimientos públicos fijos e independientes especialmente preparados para ofrecer desde un escenario actuaciones de variedades o musicales fundamentalmente en directo. Dispondrán de pistas de baile para el público y éste seguirá las actuaciones desde lugares distribuídos alrededor de la pista de baile o del escenario, pudiendo ofrecerles servicio de bar. Disponen de ropero y camerinos.

-2.6.2. Discotecas: establecimientos públicos fijos e independientes especialmente preparados en los que, además de servir bebidas, disponen de una o más pistas de baile para el público, sin ofrecer actuaciones en directo. Disponen de ropero.

2.6.3. Salas de baile: establecimientos públicos fijos que disponen de una pista de baile y que están dirigidos a la enseñanza del baile como actividade de ocio. Se considera pista de baile, a los efectos de este catálogo, el espacio especialmente delimitado y destinado a tal fin, desprovisto de obstáculos constructivos o de mobiliario y de dimensiones suficientes para circunscribir un círculo de diámetro mínimo de siete metros.

-2.6.4. Pubs: establecimientos públicos fijos e independientes dedicados exclusivamente al servicio de bebidas. Pueden disponer de ambientación musical por medios técnicos, pero sin pista de baile.

-2.6.5. Karaoke: establecimientos fijos dedicados exclusivamente al servicio de bebidas que ofrecen la posibilidad de salir a un escenario a cantar y cuentan con los medios técnicos apropiados para el desarrollo de la actividad, pero sin pista de baile.

-2.6.6. Cibercafé, salones ciber y similares: establecimientos públicos fijos, independientes o agrupados con otros que, debidamente autorizados, se destinan con carácter permanente a proporcionar a los asistentes, de forma gratuita o mediante el abono de cantidades monetarias, un tiempo de uso de ordenadores para el acceso a internet o a cualquiera de sus funciones, así como, en su caso, servicio de bar a los usuarios dentro de las instalaciones. Queda prohibida la entrada a los menores de 18 años si en ellos se sirven bebidas alcohólicas durante el tiempo en que exista el citado servicio. Estará también prohibida la entrada a menores de edad a estos locales durante el tiempo en que las conexiones a las redes informáticas de internet no tengan ningún tipo de limitación referida a la edad del usuario.

-2.6.7. De exhibiciones especiales: establecimientos públicos fijos especialmente preparados para exhibir películas en vídeo o para realizar actuaciones en directo, donde el espectador se sitúa en cabinas individuales o sistema similar. Queda prohibida la entrada a menores de 18 años en los casos de actuaciones en directo, o con exhibición de películas de vídeo, que sean de carácter sexual o de extrema violencia.

2.7. Actividades de restauración.

Sin perjuicio de lo establecido en otras normas sectoriales que regulen otros aspectos, se definen como actividades de restauración, a los efectos de este catálogo, las que tienen por objeto la prestación de servicio de bebidas y comida elaborada para su consumo en el interior de los locales. Se realizan en:

-2.7.1. Restaurantes: son los establecimientos definidos como tales en la normativa de turismo. Disponen de la siguiente subcategoría:

-2.7.1.1. Salones de banquetes: restaurantes destinados a servir comidas y bebidas a un público agrupado, mediante precio concertado, para ser consumidas en fecha y hora predeterminadas en servicio de mesas en el mismo local. Pueden realizar actividades de baile posterior a la comida, siempre que reúnan las debidas condiciones de seguridad e insonorización.

-2.7.2. Bar, café-bar: son los establecimientos definidos como tales en la normativa de turismo. Consta de la siguiente subcategoría:

-2.7.2.1. Tablaos flamencos: establecimientos públicos fijos en los que se desarrollan actuaciones de danza y música flamenca en directo, debiendo disponer de un escenario de madera elevado a una altura suficiente para que pueda ser observado por el público que se encuentra en las mesas en las que se ofrece servicio de bar, café bar según conste en la preceptiva autorización turística. El local debe disponer de tablao y mesas para las consumiciones del público, debiendo existir entre el tablao y las mesas del público una distancia de por lo menos tres metros y siempre suficiente para garantizar la seguridad de los actores y de los usuarios del local. Careciendo de pista de baile, el tablao o escenario debe tener unas medidas mínimas de 20 m de superficie. El local debe contar, cuando menos, con un camerino. El horario coincidirá con el de la actividad principal que es la de restauración.

-2.7.3. Cafetería: son los establecimientos definidos así pola normativa de turismo. Consta de las siguientes subcategorías:

-2.7.3.1. Cafés-teatro, cafés-concierto, cafés-cantante: establecimientos en los que se desarrolla la actividad de cafetería en los términos previstos en este catálogo junto con actuaciones teatrales, de variedades o musicales en directo, sin pista de baile para el público, pudiendo o no disponer de escenario y camerinos, y en los que se ofrece servicio de bebidas. Está prohibido que en estos locales se celebren bailes. El horario en este establecimiento será el de la actividad principal que es la de restauración.

-2.7.3.2. Locales de restauración con horario especial en función del personal al que van dedicados, que son aquellos centros de restauración situados en aeropuertos, puertos, hoteles, polígonos industriales y, en general, en zonas delimitadas territorialmente que estén dedicados a satisfacer las necesidades de los usuarios y profesionales de las actividades y empresas situadas en ese territorio delimitado, siempre que en ellos se ofrezca exclusivamente bebidas y alimentos para el consumo inmediato, sin que en ningún caso puedan disponer de espacios para la celebración de bailes, medios de reproducción de música de ningún tipo, o acceso de otras personas ajenas a la actividad principal.

2.8. Exhibición de animales.

Atracciones recreativas desarrolladas en lugares apropiados para el cuidado y conservación de especies animales de especial interés por motivos culturales, educativos, y de protección del medio ambiente. Se realizan en:

-2.8.1. Zoológicos: establecimientos públicos fijos y permanentes en los que se mantienen animales vivos de especies silvestres para su exposición al público.

-2.8.2. Acuarios: establecimientos públicos fijos o eventuales donde se exhiben reptiles y fauna acuática, que disponen de instalaciones con agua.

-2.8.3. Recintos de exhibición caballar y otras especies: establecimientos fijos o eventuales en los que se celebran actuaciones de caballos y otras especies animales para el ocio del público que lo contempla.

2.9. Festejos y celebraciones populares

Actividades recreativas tradicionales, de carácter popular:

-2.9.1. Suelta de novillos: son festejos taurinos tradicionales consistentes en suelta, en zonas cerradas o en la vía pública, de reses para fomento del recreo sin conllevar su lidia.

-2.9.2. Verbenas y festas populares: actividades que se celebran, con motivo de las fiestas patronales o populares, con actuaciones musicales, bailes, fuegos de artificio o actividades de restauración. Incluye las actividades desarrolladas en establecimientos o instalaciones eventuales, portátiles o desmontables que, debidamente autorizados, se destinan con carácter ocasional, durante la celebración de fiestas patronales o tradicionales de la localidad, a proporcionar a los usuarios, mediante precio, la utilización de estructuras con dispositivos mecánicos o electrónicos, o la participación en los juegos de barracas para la obtención de bienes muebles de muy escaso valor económico.

-2.9.3. Carrilanas: actividades realizadas con vehículos artesanales sin motor para exhibiciones y la competición popular.

CONSELLERÍA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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La medición de 2011: cosa juzgada

SENTENCIA del Tribunal Superior de Justicia y SENTENCIA en primera instancia de la Asociación Cultural Cidade Vella contra el Concello de Santiago acerca de la declaración de las zonas saturadas de marzo de 2011.

Ambas sentencias son desestimatorias, imponiéndose el pago de costas a la Asociación Cultural Cidade Vella .

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Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso

Sede: Coruña (A)  Sección: 2

Nº de Recurso: 4511/2012
Nº de Resolución: 1168/2012
Procedimiento: Recurso de Apelación
Tipo de Resolución: Sentencia  T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.2 A CORUÑA
SENTENCIA: 01168/2012
RECURSO DE APELACION Nº 4511/2012

EN NOMBRE DEL REY

La Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ha pronunciado la siguiente

SENTENCIA
Ilmos. Sres. D. JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ BARRERA JOSÉ MARÍA ARROJO MARTÍNEZ MARÍA AZUCENA RECIO GONZÁLEZ

A CORUÑA, veintisiete de diciembre de dos mil doce.

En el RECURSO DE APELACION nº 4511/2012 que pende de resolución de esta Sala, interpuesto por Asociación Cultural Cidade Vella representada por Dña. María Luisa Pando Caracena, y dirigido por D. Javier Curros Neira, contra sentencia de fecha 6-7-2012 del Juzgado Contencioso-administrativo número 2 de Santiago, en el procedimiento 410/2011. Es parte apelada el Concello de Santiago de Compostela, representado por Dña. xxxxxxx y dirigido por D. xxxxx

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de Santiago de Compostela se dictó con fecha 6 de julio de 2012 sentencia nº 289/12, en autos de procedimiento ordinario 410/2011, con la siguiente parte dispositiva: “Se desestima el recurso contencioso-administrativo nº 410/2011, interpuesto por la Asociación Cultural Cidade Vella, contra el decreto del Alcalde de Santiago de Compostela, de fecha 14 de marzo de 2011, publicado en el BOP de 21 de marzo, por el que se resuelven las alegaciones en el trámite de exposición al público, se declaran zonas saturadas los sectores de la ciudad comprendidos por las rúas Rúa da Raíña, Rúa da Conga, Rúa do Bispo Xelmírez, Rúa de San Paio de Antealtares, Rúa de San Bieito, Vía Sacra, Rúa da Algalia de Abaixo, Rúa de Entremuros, Rúa da Troia, Rúa Travesa, Rúa nova de Abaixo, Rúa de Santiago de Estero, Rúa de Alfredo Brañas, Rúa de Ramón Cabanillas, Rúa de Santiago de Chile y Rúa de República Arxentina, especificándose las actividades y efectos a los que afectará la declaración, se comunica a la policía local que se deberá intensificar la presencia y vigilancia de los agentes y se determina que la declaración se revisará cada cuatro años. No se hace expresa imposición de costas”.

SEGUNDO .– Por la representación de la Asociación Cultural Cidade Vella se interpuso recurso de apelación contra dicha resolución judicial, en el que se solicitó que se estime el recurso de apelación, se revoque la sentencia impugnada, estimando íntegramente las pretensiones de esta parte, acordando la nulidad de pleno derecho del referido decreto del Excmo. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santiago de Compostela de fecha 14 de marzo de 2011, publicado en el BOP de A Coruña con nº 54, página 203, de 21 de marzo de 2011, condenando a la Administración a estar y pasar por tal declaración, con expresa imposición de costas a la demandada.

TERCERO.– El recurso fue admitido a trámite y se dio traslado a las demás partes, formulando oposición la representación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, que interesa se desestime el recurso y se confirme íntegramente la resolución recurrida, por ser conforme a Derecho.

CUARTO.- Recibidos los autos en esta Sala, ante la que se personaron la Asociación Cultural Cidade Vella (Procuradora Dª María Luisa Pando Caracena) y el Concello de Santiago de Compostela (Procuradora Dª xxxxxx); por providencia de fecha 16 de noviembre de 2012 se declararon conclusas las actuaciones; y mediante providencia de fecha 11 de diciembre de 2012 se señaló para votación y fallo el 20 de diciembre de 2012.

QUINTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Es Ponente la Magistrada Dª MARÍA AZUCENA RECIO GONZÁLEZ.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada en todo aquello en lo que no discrepen de los de la presente.

SEGUNDO.- Lo que defiende la parte apelante es que las mediciones fueron realizadas evidenciando una mala praxis porque fueron en fechas con gran afluencia de personas; a ello añade que hay calles con más locales y quizá más ruido que no fueron declaradas saturadas, mientras que en relación con las calles objeto de autos, no se incoaron expedientes disciplinarios. Que después de las mediciones se redujo a 60 dB(A) la exigencia de aislamiento de los locales con horario nocturno; y que se admite tras la publicación de la nueva ordenanza de terrazas más ruido en la calle a partir del año 2012.

Con relación al método y fechas de la medición, lo cierto es que la propia sentencia apelada ya hace referencia a que los resultados obtenidos en 2010, Año Santo, son similares a los obtenidos en las mediciones de 2005, y asimismo que conforme resulta del informe de xxxxxxxx  sobre las actuaciones en directo, que de mutuo acuerdo con los servicios urbanísticos se decidió no hacer mediciones durante los actos festivos más significativos del concello, incluídos durante las dos semanas centrales de las fiestas del Apóstol. Y también que resulta del mismo informe que durante la semifinal de fútbol no se hicieron mediciones, y durante la final no se hace referencia a resultados de mediciones de más de 75 dB(A). Con respecto a otras actividades culturales, también ha de compartirse el criterio de su habitualidad, no entendida en el sentido de que se produzcan todos los días, pero sí en el sentido de que forman parte de la vida cotidiana, y se desarrollan todos los años, por lo que resulta lógico que hayan de tenerse en cuenta.

Lo cierto es que los resultados de las mediciones en 2005 y en 2010 son similares, en cuanto a la intensidad y circunstancias, según resulta del informe de la empresa xxxxx de forma que estas últimas mediciones realmente no se vieron afectadas por los acontecimientos que provocaron la afluencia de personas -Año Santo, mundial de fútbol-. Es cierto que por STSJ de Galicia, Contencioso sección 2 del 18 de Noviembre del 2010, recurso 4439/2008 , se anuló el decreto del ayuntamiento de Santiago de Compostela de 7 de septiembre de 2005, de declaración de zona saturada de determinados sectores y zonas de la ciudad; pero también lo es que fue por motivos procedimentales, en concreto porque se produjo la caducidad del procedimiento.

Tampoco hay constancia de que se impute el ruido a los pubs, sino que atiende el concello a las diferentes fuentes sonoras, de forma que zonas saturadas son aquéllas en que hay muchas fuentes de ruido, superando los niveles máximos, por consecuencia de actividades de ocio nocturno. Una vez que consta la superación de ese nivel de ruido, es procedente la declaración. En la sentencia se hace igualmente referencia a que no se tuvo en cuenta una sola fuente sonora sino el ruido que trasciende al exterior en zonas de múltiples actividades y que por la adición de ruidos crea un relevante ambiente de contaminación acústica, lo cual no se puede cuestionar porque son las zonas del Conjunto Histórico Monumental y Ensanche, muy contiguas unas a otras. Y dice que, según resulta del referido informe, la adición de sólo unos 3 dB(A) por local, en horario diurno o nocturno, hace que el efecto sonoro, en zona o calle con múltiples locales, se incremente en forma logarítmica, por lo que pierde relevancia del argumento de la parte apelante de que no se hubieran abierto expedientes a los locales; y, además, ha de tenerse en cuenta el predominio del destino residencial en las zonas de declaración. En todo caso, la disminución del número de decibelios no se produce, como sería de esperar, durante el horario nocturno, por lo que no se alcanzan los objetivos de calidad acústica que determina la legislación. Asimismo ha de compartirse que la falta de incoación de expedientes disciplinarios ha de deberse al cumplimiento de la normativa, pero que ello no conlleva el dejar sin efecto la declaración recurrida. Y con respecto a la modificación de la ordenanza de ruidos y la entrada en vigor de la nueva ordenanza de terrazas, posterior a la declaración recurrida, que no desvirtúan la misma, de forma que lo cierto es que, siendo posteriores, no resultan de aplicación.

Con respecto a la inclusión en la medición de áreas de moderada sensibilidad acústica, con predominio de edificación residencial y zonas de protección especial, como centros históricos, resulta ser el motivo de la elección de la zona.

No hay duda, por otra parte, de que se trata de una competencia municipal, y que se ha producido el cumplimiento de la Ley 7/1997, de 11 de agosto, autonómica, respetando la normativa básica estatal y la ordenanza municipal, cuyos valores de calidad acústica coinciden con los del RD 1397/2007. Precisamente lo que dispone el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, en su artículo 32, es que “1. En desarrollo del artículo 15.3 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre , se establecen los tipos de mapas de ruido siguientes:

a. Mapas estratégicos de ruido, que se elaborarán y aprobarán por las administraciones competentes para cada uno de los grandes ejes viarios, de los grandes ejes ferroviarios, de los grandes aeropuertos y de las aglomeraciones.

b. Mapas de ruido no estratégicos, que se elaborarán por las administraciones competentes, al menos, para las áreas acústicas en las que se compruebe el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica.

2. Los mapas estratégicos de ruido a que se refiere el apartado 1, a, se elaborarán de acuerdo con las especificaciones establecidas en este Real Decreto y en el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre”. En ninguno de cuyos supuestos nos encontramos. Precisamente la propia sentencia apelada ya hace referencia a la diferencia entre zonas saturadas y creación de áreas acústicas, y a tenor del precepto transcrito ha de deducirse que no hace falta un previo mapa de ruidos, porque es una ciudad de casi 100.000 habitantes, se conocen perfectamente las dos zonas en los puntos de mayor incidencia de este tipo de actividades, y no hay más zonas. Y es competencia municipal declarar zonas saturadas donde se concentra este mayor nivel de ruido, y competencia autonómica normar sobre la contaminación acústica, a lo que responde la Ley 7/1997, que contempla la posibilidad de declarar zonas saturadas, que no contradice la normativa básica estatal, sin que, como ha quedado expuesto, se justifique que se trate de alguno de los supuestos del artículo 8 para que sea preciso un mapa del ruido, del RD 1513/2005 , a tenor de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 37/2003 , conforme al cual “En los términos previstos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, habrán de elaborarse y aprobarse, previo trámite de información pública por un período mínimo de un mes, planes de acción en materia de contaminación acústica correspondiente a los ámbitos territoriales de los mapas de ruido a los que se refiere el apartado 1 del artículo 14”; y en este caso, por lo ya expuesto, no se trata de ninguno de los supuestos en que proceda la elaboración de un mapa del ruido. Y con respecto a la aplicación de la normativa estatal, no se aprecia la contradicción, puesto que los niveles de recepción externa máximos que establece la ordenanza municipal del ruido son coincidentes con los que establece el RD 1397/2007, y esto no lo desvirtúa la actora. Ha de tenerse además en cuenta que la parte demandante, y con respecto al resultado de las mediciones, no aporta prueba en contra del contenido del informe de xxxxxxx. La Ley 12/2011, de 26 de diciembre de 2011, es posterior a la resolución recurrida, por lo que no podía ser aplicada.

Y con respecto al RAMINP, es norma básica que puede ser desarrollada por las comunidades autónomas complementando y respetando los niveles de protección establecidos.

La STSJ de Galicia dictada en el recurso 4439/2008 , que estima el recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 1 de Santiago, dictada en P.O. 979/2005, que fue revocada declarando la nulidad del decreto del ayuntamiento de Santiago de Compostela de 7 de septiembre de 2005, de declaración de zona saturada de determinados sectores y zonas de la ciudad, hace referencia a la cuestión de la competencia, al decir que “… ésta corresponde de forma inequívoca, en un caso como el que nos ocupa, al Ayuntamiento de Santiago, tanto en base a lo prevenido en el Art. 25 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril , como en la Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud, que atribuye a los ayuntamientos, entre otras muchas, las competencias sobre «ruidos y vibraciones». En cuanto,al objeto del decreto municipal se limita a declarar así zona saturada a determinados sectores de la ciudad para incluirlos dentro de las disposiciones citadas destinadas a la ordenación de cualquier elemento susceptible de generar niveles sonoros o de vibraciones que puedan ser causa de molestias a las personas o de riesgos para la salud y el bienestar de las mismas que están ubicadas en dichas zonas de la ciudad. Evidentemente, tan amplia fórmula incluye el caso que nos ocupa, es más, resulta difícil imaginar qué supuestos excluye. Por su parte, la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, establece como objeto y finalidad de dicha normativa el prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta puedan derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente; y en cuanto a su ámbito de aplicación, señala que están sujetos a las predicciones de dicha Ley todos los emisores acústicos, sean de titularidad pública o privada. A mayor abundamiento, considera como actividad susceptible de producir ruido cualquier instalación establecimiento o actividad, públicos o privados, de naturaleza industrial, comercios o de almacenamiento.
Como emisor acústico entiende cualquier actividad, infraestructura, equipo, maquinaria o comportamiento que genere contaminación acústica. Por ello, nos encontramos ante ruidos incluidos en la normativa específica sobre la materia, que pueden producir una vulneración del derecho fundamental a la intimidad y al domicilio, y dicha materia es competencia de las entidades locales”.

Y en la STSJ, Contencioso sección 2 del 25 de Octubre del 2007 (ROJ: STSJ GAL 4826/2007), Recurso: 4407/2004, que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la resolución del Pleno del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, de fecha 27 de noviembre de 2003, por la que se da aprobación definitiva a la Ordenanza municipal reguladora de la emisión y recepción de ruidos, vibraciones y condiciones de los locales, se refiere también a esta competencia municipal cuando dice que “…Se equivoca la actora cuando afirma que la Ley 7/1997, de 11 de agosto, del Parlamento de Galicia, de Protección contra la contaminación acústica, no habilita a los Ayuntamientos para prohibir o limitar actividades en un área determinada. Ciertamente el artículo 7 del anexo de la Ley se limita a definir en el apartado 4 las zonas saturadas como aquéllas que han alcanzado los máximos niveles de ruido en el exterior fijados para las mismas, debido a que la actividad desarrollada provoque la concentración de fuentes sonoras o la afluencia de público, y en el apartado 5 a facultar a los Ayuntamientos a definir las zonas de sensibilidad acústica que, según el apartado 2, pueden ser de sensibilidad acústica alta, moderada y baja, pero admitirá la recurrente que en el articulado de su texto sí se reconocen a los Ayuntamientos la facultad de establecer prohibiciones……….”. Además, también se dice en la misma que “…Aunque ése sea su nombre, la ordenanza litigiosa no regula solamente la contaminación acústica, sino también las licencias de actividad de determinados establecimientos. Por lo tanto atiende tanto a la protección del medio ambiente como a la regulación del uso de las edificaciones, competencias ambas de los municipios ( artículo 25.2 .d ) y f) de la Ley de Bases de Régimen Local ). Desde el punto de vista de la protección medioambiental la Ley autonómica 7/1997 establece en el artículo 6.5 de su Anexo que las zonas de sensibilidad acústica serán definidas por los Ayuntamientos, y que se entiende por zonas saturadas aquéllas que han alcanzado los máximos niveles de ruido debido a la concentración de fuentes sonoras o a la afluencia de público. Todo ello responde a la declaración que contiene su artículo 1: los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de su intimidad y de un entorno adecuado para el normal desarrollo de sus actividades, sin ser perturbados por ruidos o vibraciones que puedan dañar su salud u ocasionarles molestias”. Se refiere igualmente a la cobertura legal de las Ordenanzas municipales en materia de contaminación acústica restrictiva de la libertad de empresa, y a que además la cobertura legal para las ordenanzas se infiere, sin ningún género de duda, del propio concepto de saturación en conexión con la definición que de zonas saturadas ofrece el artículo 7.4 del anexo de la Ley 7/1997, de 11 de agosto.

La definición que de zonas saturadas da la Ordenanza, en iguales términos que la Ley 7/1997, impide la declaración de zona saturada por la existencia de un solo local. La Ordenanza contempla la concentración de actividades en el artículo 13 y ninguna ambigüedad o inseguridad jurídica se aprecia en su texto. Su lectura revela como incomprensible la afirmación de la actora de que la infracción de un local puede afectar a los demás locales de la zona. Cuando en el párrafo primero del apartado 5 del artículo 13 establece que “En aquellas zonas de la ciudad donde existan numerosas actividades destinadas al uso de establecimientos abiertos al público siempre que los niveles de recepción en el ambiente exterior, producidos por la adicción de las múltiples actividades existentes y por la actividad de las personas que utilicen estos establecimientos, superen en más de 4 dBA los niveles fijados en esta disposición, el Ayuntamiento establecerá las medidas oportunas, dentro de su ámbito de competencias tendentes a disminuir el nivel sonoro exterior hasta situarlo dentro de los límites correctos”…

El RD 1367/2007 no dice que la medición haya de realizarse durante todo un año, sino que a efectos de calcular los promedios a largo plazo, define lo que es un año y lo que es un año medio. Lo que sí que se establecen son los períodos temporales de evaluación (mañana, tarde y noche). Y no basta con alegar que no se considera que se hayan tomado las muestras suficientes para desvirtuar las mediciones realizadas, afirmación que debería haber ido acompañada de la prueba oportuna a fin de desvirtuar estos resultados. Y como se explica en el informe de xxxxxxx, en el folio 128 del tomo primero del expediente administrativo, en todas las fichas individuales de los puntos de medición, de la documentación entregada, sobre la declaración de zonas acústicas saturadas, consta junto al nombre de los equipos con los que se realizaron las mediciones, las verificaciones realizadas al comienzo y finalización de la toma de registros sonoros, como se indica en el Anexo IV del RD 1367/2007, apartado 3.5.c), y en el apartado 5.2. Con respecto al error en la medición, porque según la parte actora, se da por supuesto que las calles están incluídas en la zona de moderada sensibilidad acústica del artículo 13 de la ordenanza municipal, se explica en el folio 129, en el mismo informe, que las zonas acústicas en que se realizaron las mediciones corresponden a áreas de territorio con predominio de edificación residencial y algunas incluídas en el ámbito de la ciudad histórica, encontrándose definidas las zonas de moderada sensibilidad acústica en el artículo 13, punto 2ª de la ordenanza municipal reguladora de la emisión y recepción de ruidos, vibraciones y condiciones de los locales del Concello de Santiago de Compostela, conforme al cual son los sectores del territorio que admiten una percepción del nivel sonoro medio, como áreas residenciales, viviendas, hoteles o zonas de especial protección como centros históricos, habiéndose elegido una zona de moderada sensibilidad acústica por el predominio en los puntos de medición seleccionados de áreas residenciales y zonas de protección especial, como centros históricos. Por otra parte, una cosa es que no se responsabilice a un local en concreto, y otra distinta que se verifique de dónde procede ese ruido, que tendrá su relevancia en caso de que se entienda procede incoar un procedimiento sancionador.

Como reconoce la parte apelante, los restaurantes fueron definitivamente incluídos, por lo que su alegación al respecto carece de relevancia práctica; la defensa del interés general ha de primar por encima de los intereses particulares, generalmente de carácter eminentemente económico, y en todo caso ha de tener en cuenta la parte apelante que basta con examinar las alegaciones de oros interesados, en concreto de vecinos del lugar, que manifiestan un interés contrario al de aquél; y lo que es relevante es el resultado de las mediciones, que no es desvirtuado por la parte demandante. En todo caso, y aun cuando se reconozca que del estudio sonométrico resulta que es el tránsito y permanencia de gente en las calles la causa fundamental del exceso de ruido en las zonas declaradas saturadas, sin embargo la afluencia de gente en las calles se debe a la existencia de una mayor concentración de locales destinados a estas actividades hosteleras en las mismas.

Y con respecto a la inadecuación a la ley estatal que se alega por la parte apelante, de donde deduce que sería ésta última la aplicable, habiendo de entender que en lo que no se respete lo en ella dispuesto, habría de entenderse derogado; lo cierto es que acudiendo a las contradicciones que dice la parte apelante que existen entre ambas normativas, de donde deduce la aplicación de la estatal, resulta que, en primer lugar, cuando el artículo 14 de la Ley 37/2003 se refiere a la elaboración de los mapas del ruido, enumera una serie de supuestos dentro de los cuales no se encuadra el litigioso; y cuando se refiere a la contradicción al considerar que la medición ha de efectuarse todos los días del año, además de la contradicción en que entra con sus propias alegaciones, puesto que comienza entendiendo que sí que se establece esta obligación en la ordenanza municipal, cuestión a la que ya se hizo antes referencia; lo cierto es que tampoco acredita la parte actora esa discordancia, que haya de conllevar a considerar que se ha aplicado una normativa, la autonómica y municipal, que a tenor de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 37/2003, haya de considerarse que no se adapta a la misma, partiendo asimismo de que lo que no puede considerarse de aplicación es la Ley 12/2011, de 26 de diciembre de 2011, que no había entrado en vigor en el momento de la tramitación del procedimiento en que se dicta la resolución recurrida.

Finalmente, y en todo caso, ha de tenerse en cuenta el derecho de los ciudadanos a gozar de un medio ambiente adecuado, que es un derecho constitucional reconocido en el artículo 45 de la CE, acústicamente no contaminado, y que el derecho a la libertad de empresa ha de conjugarse con la protección a la salud y al medio ambiente; y que se trata de una competencia municipal a tenor de lo dispuesto en el artículo 25.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local .

Por consecuencia, procede la desestimación del recurso de apelación.

TERCERO.– Procede hacer imposición de las costas del recurso de apelación a quien lo interpuso al ser desestimado (artículo 139.2 de la Ley jurisdiccional ).

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS
que DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Dª María Luisa Pando Caracena, en nombre y representación de la Asociación Cultural Cidade Vella, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso- administrativo nº 2 de Santiago de Compostela con fecha 6 de julio de 2012 , nº 289/12, en autos de procedimiento ordinario 410/2011.
Se imponen las costas del recurso de apelación a quien lo interpuso.

Contra esta sentencia no cabe recurso ordinario alguno.
Devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia, junto con certificación y comunicación.
Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN .-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente Dña. MARÍA AZUCENA RECIO GONZÁLEZ, al estar celebrando audiencia pública la Sección 002 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal Superior de Justicia, en el día de su fecha, de lo que yo, Secretaria, certifico.

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SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA

Sala de lo Contencioso Administrativo nº 2. Santiago de Compostela

Procedimiento ordinario 0000410/2011

D. Francisco-Javier Rubio Delgado, secretario del Juzgado Contencioso-administrativo nº 2 de los de Santiago de Compostela

Por el presente hago constar: Que en los autos de Procedimiento Ordinario 0000410/2011 ha recaído sentencia, del tenor literal:

SENTENCIA: 289/12

Santiago de Compostela, 6 de julio de 2012

Vistos por mi, Ilmo. Sr. D. José Alvariño Alejandro, Magistrado-Juez del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2, los presentes autos de recurso contencioso-administrativo tramitados como Procedimiento Ordinario nº 410/2011 entre las siguientes partes: como recurrente la Asociación Cultural Cidade Vella, representada por la procuradora Dª. Begoña Caamaño Castiñeira y asistida por el letrado D. Javier Curros Neira y como demandado el Concello de Santiago de Compostela, representado por la procudadora Dª. xxxxx  y asistido por el letrado xxxxx, sobre impugnación decreto sobre declaración de zona saturada.

Antecedentes de Hecho:

Primero.- Que por el recurrente se interpuso recurso contencioso-administrativo contra el decreto del Alcalde de Santiago de Compostela, de fecha 14 de marzo de 2011, publicado en el BOP de 21 de marzo, por el que se resuelven las alegaciones en el trámite de exposición pública, se declaran zonas saturadas los sectores de la ciudad comprendidos por las rúas, rúa da Raíña, rúa da Conga, rúa do Bispo Xelmírez, rúa de San Paio de Antealtares, rúa de San Bieito, Vía Sacra, Rúa da Algalia de Abaixo, rúa de Entremuros, rúa da Troia, rúa Travesa, rúa Nova de Abaixo, rúa de Santiago del Estero, rúa de Alfredo Brañas, rúa de Ramón Cabanillas, rúa de Santiago de Chile e rúa de República Argentina, especificándose las actividades y efectos a los que afectará la declaración, se comunica a la policía local que se deberá intensificar la presencia y vigilancia de los agentes y se determina que la declaración se revisará cada cuatro años.

En la demanda se solicita que se estime en recurso, se acuerde la nulidad del decreto impugnado por los motivos alegados en la demanda, condenando a la administración a estar y pasar por esta declaración.

(…)

Segundo.- (…) tarde-noche del miércoles 7 de julio (día laborable), mientras que las mediciones en los citados puntos comenzaron la noche del jueves 8 a partir de las 22 horas y en cuanto a los datos registrados en la noche de la final se precisa que a ese hecho se hace referencia en varios puntos del informe y en el documento de conclusiones, en el que se observa que en ningún momento se hace referencia a los valores obtenidos de más de 75 dB(A) en algún momento de la evaluación sonora horaria.

Respecto del “Festival de los Abrazos” y otras actividade culturales que se realizan en distintos períodos y a lo largo de todo el año, se expresa por la administración que forma parte de la agenda cultural de la que las mediciones coincidan con diversas actuaciones del festival, y sucede lo mismo con los demás eventos culturales que se desarrollaron en el momento en que se llevaron a cabo las mediciones no desvirtúa su solvencia, sino que la reafirma, toda vez que el ruido que pudiera haberse generado, en su caso, forma parte de la actividad cotidiana propia de la ciudad.

El razonamiento expuesto por la administración municipal resulta coherente y conforme con la propia dinámica de los hechos, y la actividad en la ciudad de las características de Santiago, así como con la actividad propia de la administración, no acreditándose incorrección o inadecuación en las mediciones realizadas, sin que la coincidencia con determinados eventos sea suficiente ni indique por sí misma para desvirtuar el resultado de las mediciones ni para evidenciar la mala praxis alegada en tales mediciones.

Tercero.- Respecto de la causa del ruido y de que la administración partió de un error al considerar como culpables del exceso de ruido a las diversas actividades de hostelería, la administración señala que en ningún momento imputó a los pubs como locales causantes del ruido en una determinada calle sino que el propio concepto de una zona saturada justifica que la saturación no se produce por una única fuente sonora sino por el desarrollo de diversas actividades que provocan la concentración de distintas fuentes sonoras y la afluencia de público, estableciendo la propia ordenanza que las zonas saturadas son aquellas zonas de la ciudad en las que existen numerosas actividades destinadas al uso de establecimientos abiertos al público, lo que provoca que los niveles de recepción en el ambiente exterior superen en máximo permitido pro causa de la adición de esas distintas actividades y la afluencia de gente que utiliza esos establecimientos, indicándose igualmente que el hecho de que una zona es declarada saturada es debido que se superan los niveles máximos admisibles de contaminación acústica, lo que se produce por el desarrollo de actividades de ocio nocturno que provocan la concentración de distintas fuentes sonoras y la afluencia de público.

Es evidente que la declaración de una zona como saturada no es una cuestión que puedan decidir los vecinos de una determinada calle sino que el hecho de que se superen los límites máximos de contaminación acústica es una cuestión objetiva y en este caso respeto de la voluntad vecinal expresada en dos rúas las mediciones superan la situación de saturación de ruido, por lo que procede la inclusión en la declaracíón.

Respecto a lo manifestado sobre la poca diferencia entre los valores nocturnos y diurnos e igualmente los fines de semana, la empresa PROYMA informó que un aumento de 8 db(A) de presión sonora significa duplciar las fuentes de ruido que generan dicha presión dado que la escala de decibelios no es lineal sino logarítmica, con lo que se está hablando de una variabilidad importante de ruído, y que el valor máximo de ruido que se permite en período nocturno es 10 dB(A) inferior al permitido en período diurno, siendo así que en las rúas en que se realizó el estudio la disminución del número de decibelios no se produce por el cese de las actividades diurnas, que sería lo esperado, sino que por el contrario, el nivel de decibelios se mantiene en período nocturno, cuando en realidad debería haber disminuído, por lo menos 10 dB(A) y ello determina que no se alcancen los objetivos de calidad acústica previstos en la legislación.

La no incoación de expedientes disciplinarios durante los años 2009 y 2010 no supone que haya desaparecido la causa de la declaración sino el cumplimiento de la normativa en ese período y en cuanto a la modificación de la ordenanza de ruídos y la referencia a la nueva ordenanza de terrazas, cuya entrada en vigor es posterior a la fecha del acuerdo recurrido, ninguna de esas circunstancias desvirtúa eficazmente la declaración efectuada en la resolución impugnada, no siendo necesario reiterar que el concepto de zona saturada no tiene su orígen en una única fuente sonora sino en el desarrollo de diversas actividades que provocan la concentración de distintas fuentes sonoras y la afluencia de público, siendo así que no se imputa a ningún tipo de establecimiento, en concreto de hosteleria, la causa del exceso de ruído, en una determinada calle.

En referencia al alegado error de fondo, que las rúas objeto de medición están incluídas en zona de moderada sensibilidad acústica del art. 13 de la ordenanza municipal del ruido y que se pare de un nivel de recepción externa de 55 dB(A) así como de un límite de 58 dB(A), ha de reiterarse lo indicado por la empresa PROYMA en el sentido de que las zonas acústicas en las que se realizaron las mediciones corresponden a áreas de territorio con predominio de edificación residencial y algunas de las incluídas en el ámbito de la Cidade Histórica, haciéndose mención al artículo 13 de dicha ordenanza que define las zonas de sensibilidad acústica como los sectores de territorio que admiten una percepción del nivel sonoro medio, como áreas residenciales, viviendas, hoteles o zonas de especial protección como centros históricos, de forma que la elección de zona de moderada sensibilidad acústica viene dada por el predominio en los puntos de medición seleccionados de áreas residenciales y zonas de protección especial como centros históricos.

Cuarto.- Se cuestiona por la parte actora el incumplimiento de las exigencias de la Ley del Ruido, Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre y de la Directiva 2002/49, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evolución y gestión del ruido ambiental.

En la sentencia de 18 de noviembre de 2010 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia se señala que la competencia en materia que nos ocupa corresponde al Concello de Santiago, y que nos encontramos ante ruidos que pueden producir una vulneración en derecho fundamental a la intimidad y al domicilio y dicha materia es competencia de las entidades locales.

Igualmente de la sentencia de dicha sala de 25 de octubre de 2007 resulta constatada la habilitación de los Concellos para prohibir o limitar actividades en un área determinada, y que la Ley 7/2007, de 1 de agosto resulta constatada la habilitación de los concellos para prohibir o limitar actividades en un área determinada, y que la ley 7/1997, de 1 de agosto, de protección contra la Contaminación Acústica faculta igualmente a los Concellos para definir las zonas de sensibilidad acústica y para el establecimiento de prohibiciones o limitaciones de instalación, modificación o ampliación de actividades en zonas saturadas, lo que cuenta con el necesario respaldo legal, haciéndose mención en dicha sentencia, que desestima el recurso interpuesto por la ahora recurrente contra la modificación puntual de diversos artículos de la Ordenanza municipal de ruidos a que la situación singular de riesgo que las zonas saturadas suponen requiere medidas singulares amparadas constitucionalmente.

La normativa básica en esta materia y la delimitación competencial no constituye obstáculo para la aplicación de la citada Ley 7/1997, de 11 de agosto, de Protección contra la contaminación atmosférica, siendo cuestiones distintas desde una perspectiva material y competencia el concepto de zona saturada y el de área acústica, que corresponden a hechos y calificaciones jurídicas distintas, siendo así que la normativa estatal en la materia no contempla, pero no impide, la declaración de zonas saturadas, como medida a adoptar en las zonas en las que se ha comprobado que se alcalnzan los máximos niveles de ruido en el exterior fijados para ello y debido a que las actividades desarrolladas en ellas provoca la concentración de fuentes sonoras o la afluencia máxima de gente, no justificándose la falta de competencia de la Comunidad Autónoma Gallega para normar la prevención y corrección de la contaminación acústica, a lo que responde la reiterada Ley 7/1997, en la que se contemplan una serie de medidas, entre ellas la declaración de zona saturada, que no contradice la normativa básica estatal.

Quinto.- En concreto, la parte actora considera que el Concello no aprobó con carácter previo los mapasdel suelo ni los planes de acción en materia de contaminación acústica correspondientes a los ámbitos territoriales de los mapas de ruido. Ahora bien, del examen de los artículos 14 y 15 de la Ley37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido y artículos 7 y 8 del Real Decreto 1513/2005, del 16 de diciembre, que desarrolla dicha ley, y teniendo en cuenta esa normativa parte de la creación de las áreas acústicas, lo que es bien distinto a la declaración de zonas saturadas que tiene como finalidad la comprobación de los niveles de ruido en unas determinadas zonas, ha de significarse que en este caso y en relación con los mapas de ruido no se justifica que se esté ante alguno de los supuestos previstos en el art. 8 del citado real decreto 1513/2005, y en concreto ante la existencia de grandes ejes viarios, ni ante un gran eje ferroviario, ni ante un gran aeropuerto, en los términos previstos en esa normativa, como tampoco se justifica que se esté ante una aglomeración que requiera la aprobación del mapa.

Del mismo modo, del art. 22 de la Ley 37/2003 del Ruido y art. 10 del Decreto 1513/2005, de 11 de abril, se evidencia que no resulta obligada la elaboración de un plan de acción puesto que actúa sobre el ámbito de un mapa de ruido y en este caso el Concello de Santiago no está obligado a la elaboración de un mapa de ruidos.

Ha de reiterarse que se debe de estar a la normativa aplicable, y que se aplicó en este caso, Ley 7/1997 y ordenanza municipal, a lo que se ha de añadir que en el caso de que se hubiese justificado la aplicación de la normativa estatal sería preciso que se acreditara la contradicción, lo que no se ha hecho de forma eficaz, como tampoco se ha desvirtuado el criterio de la administración municipal de que en todo aso los niveles de recepción externa máximos establecidos por la ordenanza municipal del ruido son coincidentes con los valores establecidos por el Real Decreto 1397/2007, como objetivos de calidad acústica estatal para el ruido aplicable a zonas urbanas existentes y también con lsa determinaciones establecidas en la normativa autonómica.

Ha de significarse en relación con el cumplimiento de las determinaciones exigibles en cuanto a la duración de las mediciones, que en el expediente consta el citado informe de la empresa PROYMA, y frente al mismo se tenía que haber aportado el debido soporte probatorio, en concreto técnico, que sirviera para fundamentar lo alegado a ese respecto, lo que no se ha hecho.

Sexto.- La administración en este caso ha aportado los informes técnicos y de carácter jurídico que fundamental el criterio y decisión adoptados, que tienen el debido amparo normativo y competencial, respondiendo a la finalidad prevista para los supuestos de declaración de zona saturada, sin que haya probado el alegado error que se afirma cometió el Concello de considerar como culpables del exceso de ruido las actividades de hostelería, siendo así que frente a tales informes obrantes en el expediente se tenía propuesto la oportuna prueba pericial que permitiera contar con datos y elementos objetivos que sirvieran para evidenciar ese error sin la prueba practicada sea suficiente y sirva eficazmente para tal fin, por lo que se debe de ratificar la decisión adoptada, debidamente justificada y que responde a la ponderación de los hechos cuya procedencia no ha sido desvirtuada.

Por todo lo expuesto se debe de desestimar el recursos de las pretensiones actuadas en la demanda.

Séptimo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional, no se hace especial pronunciamiento en materia de costas al no apreciarse en este caso las circunstancias de temeridad o mala fe que se indica en el aludido precepto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general pertinente aplicación.

FALLO

Se desestima el recurso contencioso-administrativo 410/2011, interpuesto por la Asociación Cultural Cidade Vella contra el decreto del Alcalde de Santiago de Compostela fecha 14 de marzo de 2011, publicado en el BOP de 21 de marzo por el que se resuelven las alegaciones en el trámite de exposición al público, se declaran zonas saturadas sectores de la ciudad comprendidos por las rúas, rúa da Raíña, rúa da Conga, rúa do Bispo Xelmírez, rúa de San Paio de Antealtares, rúa de San Bieito, Vía Sacra, Rúa da Algalia de Abaixo, rúa de Entremuros, rúa da Troia, rúa Travesa, rúa Nova de Abaixo, rúa de Santiago del Estero, rúa de Alfredo Brañas, rúa de Ramón Cabanillas, rúa de Santiago de Chile e rúa de República Argentina.

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